El periodista Guillermo Espinosa Rodríguez condenado a dos años de arresto domiciliario
Un tribunal de Santiago de Cuba condenó, el 6 de noviembre de 2006, a dos años de arresto domiciliario a Guillermo Espinosa Rodríguez, de la agencia independiente Agencia de Prensa Libre Oriental (APLO). Si continúa con sus actividades periodísticas podrían condenarle en cualquier momento a prisión incondicional.
Reporteros sin Fronteras pide la libertad inmediata de Guillermo Espinosa Rodríguez, de la agencia de prensa independiente Agencia de Prensa Libre Oriental (APLO), detenido por la Seguridad del Estado en Santiago de Cuba (Sudeste) desde el 25 de octubre de 2006. Su probable condena por “peligrosidad social” haría de él el periodista independiente número veinticinco encarcelado en la isla. La organización condena también la reciente intensificación de casos de intimidaciones, de parte de la policía política, a la prensa independiente. “Guillermo Espinosa Rodríguez podría ser condenado a una pena de cárcel por “peligrosidad social”; es decir, no por un delito cometido sino por la amenaza que podría representar. Una vez más, su caso pone de manifiesto lo absurdo de un sistema judicial, en el que un hombre puede ser oficialmente condenado sin motivo. Pedimos la libertad inmediata del periodista de la APLO y el fin de esta histeria represiva que han sufrido recientemente algunos de sus colegas”, ha declarado Reporteros sin Fronteras. El 25 de octubre de 2006, la Seguridad del Estado detuvo en Santiago de Cuba a Guillermo Espinosa Rodríguez, periodista de la agencia independiente APLO. Al periodista le metieron en una celda de aislamiento del departamento 21 de la policía política, en espera de juicio por “peligrosidad social”, según Cubanet. Esa disposición del código penal cubano establece que a una persona se la puede detener, juzgar y condenar, en razón de la presunta amenaza que represente para la sociedad, sin que haya cometido infracción o delito. Desde el final del mes de octubre se han intensificado las actuaciones represivas contra la prensa independiente. El 2 de noviembre fue detenido en La Habana, junto con dos jóvenes militantes de la oposición, Roberto Santana Rodríguez, corresponsal independiente de Cubanet. Los tres fueron aprehendidos a la salida de los locales de la Sección de Intereses Norteamericanos, a donde acudieron para navegar por Internet. A Roberto Santana Rodríguez le confiscaron el material, antes de ponerle en libertad. La Seguridad del Estado ya le había citado el 13 de febrero de 2006, ordenándole que cesara en sus actividades. El 31 de octubre, unos paramilitares de las Brigadas de Respuestas Rápidas expulsaron de su pueblo, Antilla (Este), a Ahmed Rodríguez Albacia, de 21 años, de la agencia independiente Jóvenes sin Censura. Al periodista, acusado de “hablar mal de Antilla en Radio Martí” (la radio del exilio cubano, con sede en Miami), le llevaron a la fuerza fuera de la ciudad, le quitaron el magnetófono y 105 pesos convertibles (105 dólares) y le prohibieron regresar al lugar. También a Ahmed Rodríguez Albacia le detuvo la policía política, durante cuarenta y ocho, el pasado 15 de septiembre en La Habana, donde reside desde que su familia se marchó de Antilla. El 26 de octubre, la Seguridad del Estado irrumpió en el domicilio de Lamasiel Gutiérrez Romero, corresponsal del sitio Nueva Prensa Cubana en Nueva Gerona (Isla de la Juventud, Oeste), para advertirle que tenía prohibido dejar su residencia y amenazarle con la cárcel si proseguía con sus actividades. La periodista estuvo cinco meses encarcelada, entre el 11 de octubre de 2005 y el 22 de marzo de 2006, por un “delito de resistencia y desobediencia civil”. Frecuentemente acosada por las Brigadas de Respuestas Rápidas desde que salió de la cárcel, Lamasiel Gutiérrez Romero se encuentra, de hecho, en arresto domiciliario. Finalemente, Yosvany Dueñas Rivero, colaborador de la Seguridad del Estado, se presentó el 21 de octubre en casa del periodista independiente Bernardo Arévalo Padrón, en la provincia de Cienfuegos (Sur), para informarle de que, sobre la base de acusaciones fabricadas, se había dado la orden de suprimirle a un agente de la policía política apodado Benavides. Bernardo Arévalo Padrón fue condenado por “desacato” a seis años de cárcel, el 28 de noviembre de 1997, después de que tachara de “mentirosos” a Fidel Castro y al vicepresidente Carlos Lage, en las ondas de Radio Martí. Salió en libertad el 13 de noviembre de 2003.