El gobierno acusado por sus funcionarios en el escándalo de las “Chuzadas”, las presiones contra la prensa siguen

El 22 de febrero de 2010, la Procuraduría General de la Nación ha acusado directamente a cuatro ex altos cargos de los servicios de Inteligencia así como al Secretario General de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno, en el escándalo de las interceptaciones ilegales (“Chuzadas”) contra personalidades conocidas como críticas del gobierno, entre las que se encuentran periodistas. “Salieron del DAS sufragios y panfletos amenazantes contra periodistas, sindicalistas y ONG”, declaró el ex jefe de contrainteligencia, Jorge Lagos, durante el juicio del ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), inculpado por “homicidio” y “vínculos con paramilitares”, Jorge Noguera. Se trataba de llevar a cabo campañas de descrédito a escala internacional a través de comunicados o vídeos trucadas atribuidas a la guerrilla de las FARC. Jorge Noguera, por su parte, reconoció por primera vez haber transmitido en persona la información a la Casa de Nariño. ¿Cuánto tiempo durarán las denegaciones del gobierno en estos casos? (Ver abajo el vídeo del ex secretario general del DAS, Gian Carlo Auque, convocado al juicio Noguera). Watch live video from Colectivo de Abogados en Directo on Justin.tv Salpicando al más alto nivel del Estado, unos perjuicios tan graves a la libertad de opinión y de información cobran mucha importancia en vísperas de las elecciones presidenciales del 30 de mayo, suspendidas por la posible pretensión de Álvaro Uribe a un tercer mandato. En tales condiciones, se puede pensar que la reducción de actividades, a principios de este mes, del semanario Cambio, y la destitución de sus directores, Rodrigo Pardo y María Elvira Samper, no sólo respondían a simples imperativos económicos. La revista reveló en particular, en el año 2009, las relaciones mafiosas del ex director de Fiscalías de Medellín (ciudad de Álvaro Uribe), Guillermo Valencia Cossio, así como las negociaciones entre Washington y Bogotá para implantar siete bases militares estadounidenses en Colombia. Foto: AFP __________ 09.02.2010 - No hay avances: los periodistas continúan en riesgo La celebración del Día del Periodista en Colombia, este 9 de febrero, estará inevitablemente empañada. Frente a lo que anuncia el gobierno sobre su ”exitoso” modelo de protección de la prensa, los periodistas agredidos señalan que no hay progreso en su seguridad y que la situación cambiará hasta que exista una posición clara de la presidencia. Paradójicamente, el gobierno se ha convertido en uno de los principales agresores de los periodistas. Persisten las consecuencias de los ataques instrumentados por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la policía secreta de Colombia adscrita a la Presidencia de la República, que poseía una guía para espiar, amenazar, intimidar y desacreditar a los periodistas considerados “molestos”. Dos víctimas del Grupo de Inteligencia Estratégica 3 (G-3) del DAS, que fueron espiados, amenazados y sufrieron intentos de descrédito, fueron los periodistas Hollman Morris y Claudia Julieta Duque, ella se beneficiaba del programa de protección del Ministerio de Interior hasta que se dio cuenta de que éste pasaba información suya a estos servicios de espionaje. Ambos señalan que no hay nada que celebrar y sí mucho que denunciar: en la Fiscalía General de la Nación existen pruebas de la responsabilidad del jefe de Estado en esto actos de espionaje y represalia, el DAS habría recibido órdenes presidenciales de incluir entre los “aliados del terrorismo” al periodismo crítico. Se ha encontrado documentación que demuestra el espionaje ilegal de más 300 personas por parte del G-3, entre ellos se encuentran periodistas críticos del gobierno. A esto se suman los escándalos en medio de los cuales cuatro de los cinco directores del DAS han dejado su cargo durante el gobierno de Alvaro Uribe. Los funcionarios son acusados de espionaje ilegal, persecución política y acciones paramilitares (entregaban a los paramilitares ‘listas negras’ de personas a ser asesinadas). En la lista hay al menos los nombres de una decena de periodistas gravemente afectados por el dispositivo. Hollman Morris y Claudia Julieta Duque aseguran que ellos y sus familias continúan en riesgo. Reporteros sin Fronteras apoya la solicitud de los periodistas: sólo la acción de la justicia y una directriz clara de la Presidencia de la República podrán generar un cambio en su situación de seguridad. Reporteros sin Fronteras solicita al gobierno colombiano una respuesta, también que se avance en la investigación de estos casos que violan gravemente la libertad de expresión. Las medidas de censura afectan a diversos medios de comunicación, incluidos los de la Internet. La situación es inquietante sobre todo si se considera la proximidad de las elecciones. Foto: AFP