El Fiscal Especial excluye que el asesinato de dos periodistas comunitarias en Oaxaca tenga alguna relación con la profesión

Reporteros sin Fronteras está muy sorprendida por las conclusiones formuladas públicamente, el 16 de diciembre de 2008, por Octavio Alberto Orellana Wiarco, Fiscal Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, respecto al asesinato de dos jóvenes periodistas de la comunidad indígena Triqui, que tuvo lugar el 7 de abril de 2008 en el Estado de Oaxaca. Una vez más, sus manifestaciones ponen de relieve la voluntad del fiscal especial de minimizar los riesgos, bien reales, que tienen que afrontar los periodistas mexicanos en el ejercicio de su trabajo. “Es cierto que los pocos elementos disponibles de la investigación de los asesinatos de Teresa Bautista Flores y Felícitas Martínez no permiten establecer alguna relación con su profesión. Sin embargo recordamos que, desde el comienzo, el caso ha estado en manos de las autoridades judiciales de Oaxaca, que jamás han aclarado ninguno de los recientes asesinatos de periodistas y se han dedicado a exonerar al gobierno de cualquier responsabilidad en el caso de Brad Will (leer los comunicados). Octavio Alberto Orellana Wiarco ha asumido las alegaciones de una justicia local poco fiable, lo que lleva a dudar de que consiga aclarar a nivel federal la muerte de las dos mujeres. También es preocupante que el Fiscal Especial persista en negar, por principio, que la libertad de prensa se encuentre en peligro en su país, cuando justamente se le ha nombrado para defenderla”, ha declarado Reporteros sin Fronteras. Preguntado por su informe anual de actividades, Octavio Alberto Orellana Wiarco aseguró públicamente que las dos jóvenes trabajadoras de la emisora La Voz que Rompe el Silencio, asesinadas a disparos en la localidad de Putla de Guerrero (Estado de Oaxaca) el 7 de abril de 2008, fueron “víctimas circunstanciales de una agresión que iba dirigida al conductor del vehículo donde ellas viajaban”. El Fiscal Especial ha excluido de oficio cualquier móvil profesional, lo que ha provocado un gran malestar entre los representantes de medios radiofónicos comunitarios. A través de su asesor jurídico, David Peña, la Red de Radios Comunitarias Indígenas del Sureste Mexicano ha asegurado a Reporteros sin Fronteras que ningún elemento del caso permite apoyar esa versión de los hechos, y ha denunciado la actitud de Octavio Alberto Orellana Wiarco “que sólo busca deslindar su responsabilidad y declinar su competencia hacia la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca”. La asociación comunitaria ha pedido al Fiscal Especial que se retracte públicamente, o haga más declaraciones que apuntalen sus conclusiones. Las declaraciones del Fiscal Especial se han producido muy pocos días después de sus recientes ataques a organizaciones de defensa de la libertad de prensa, y entre ellas Reporteros sin Fronteras a quien, a pesar de las evidencias, reprocha que haya clasificado a México como el país más peligroso del continente para los periodistas. El 11 de diciembre de 2008, la organización envió una carta a Octavio Alberto Orellana Wiarco que, de momento, no ha tenido respuesta.