Reporteros sin Fronteras está impresionada por las revelaciones acerca de un posible complot contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro (foto), quien en 2004 denunció la existencia de una red de pedofilia. El 14 de febrero, dos medios de comunicación hicieron públicas una comprometedoras discusiones telefónicas entre personalidades resueltas a hundir a la periodista, entre las que se encuentran dos gobernadores de Estados.
Reporteros sin Fronteras está muy impresionada por la revelación de un complot del que ha podido ser víctima Lydia Cacho Ribeiro, freelance y colaboradora del diario La Voz del Caribe en Cancún (Este). El 14 de febrero de 2006, la prensa hizo públicas las grabaciones de unas comprometedoras conversaciones, entre otras las que tuvieron lugar entre el magnate del textil José Camel Nacif y ciertas personalidades políticas. Algunos de los extractos de esas discusiones dan a entender la voluntad de reducir al silencio a la periodista, y de influir en el curso del procedimiento abierto contra ella por “difamación”.
“Si se demuestra que son ciertas, estas conversaciones ponen de manifiesto la intención de romper la carrera y la reputación de Lydia Cacho Ribeiro. Hacemos un llamamiento a las autoridades judiciales del Estado de Quintana Roo (Este), encargadas de la instrucción y el juicio de Lydia Cacho en la denuncia por difamación presentada por José Camel Nacif, para que se mantengan extremadamente atentas a las presiones políticas que pesan sobre el caso. Igualmente pedimos que las grabaciones sean autentificadas lo antes posible y que, llegado el caso, se abra una investigación sobre las personas implicadas en ellas”, ha declarado Reporteros sin Fronteras.
El 14 de febrero de 2006, el diario La Jornada y W Radio publicaron y difundieron el contenido de doce grabaciones telefónicas, entregadas en los locales de ambos medios de comunicación por un mensajero anónimo.
Esa serie de grabaciones contiene varias conversaciones telefónicas de José Camel Nacif hablando sucesivamente con los gobernadores de Puebla (Centro), Mario Marín, y de Chiapas (Sur), Pablo Salazar Mendiguchia; con otros empresarios del sector textil -y entre ellos un tal “Hubert”, ciudadano francés-, con Luis Angel Casas, coordinador económico de la campaña electoral de Mario Marín, con su compatriota libanés Hanna Nakad Bayed, apodado “Juanito”, y con un periodista de un diario nacional y de una radio, de nombre Andrés o “Muñeco”.
Las grabaciones, de las que Reporteros sin Fronteras ha recibido una copia de las transcripciones, dan a entender la intención pensada y concertada de hundir a Lydia Cacho Ribeiro. La periodista está denunciada por “difamación” por José Camel Nacif, del que, en su libro “Los demonios del Edén”, publicado en 2004, mencionó la supuesta pertenencia a una red pedófila . Según las grabaciones, José Camel Nacif se habría entendido con las autoridades del Estado de Puebla, donde se instruyó inicialmente la denuncia por “difamación”, para hacer encarcelar a Lydia Cacho Ribeiro, quien en diciembre de 2005 permaneció veinticuatro horas detenida.
A menudo las conversaciones son injuriosas, e incluso obscenas, y una de ellas es incluso amenazante. José Camel Nacif recuerda las condiciones de detención de la periodista y dice que desea que abusen sexualmente de ella en la cárcel.
Siempre según esas grabaciones, Camel Nacif también se refirió al impacto que podría tener el proceso de Lydia Cacho Ribeiro sobre el de Jean Succar Kuri, un amigo suyo libanés, encarcelado actualmente en Estados Unidos por su presunta implicación en la red pedófila denunciada por la periodista.
Valentín Meneses, portavoz del gobernador Mario Marín, se ha negado a confirmar que una de las voces grabadas sea la del gobernador. En una entrevista concedida a W Radio, Valentín Meneses aseguró que las grabaciones violan las leyes de protección de la vida privada, y aseguró que Mario Marín no tiene nada que ver con este asunto.
La difusión de las grabaciones ha despertado una auténtica indignación en México. Felipe Calderón, miembro del Partido de Acción Nacional (PAN) del jefe del Estado Vicente Fox y candidato a las presidenciales del 2 de julio de 2006, ha exigido que se abra una investigación.