El 16 de julio se inicia el juicio del corresponsal de Reporteros sin Fronteras

Maka Gbossokotto, director de publicación del diario Le Citoyen y corresponsal de Reporteros sin Fronteras, que se encuentra encarcelado desde el 8 de julio, tiene que comparecer el 16 de julio ante la justicia, que deberá decidir sobre la denuncia que pesa sobre él, por "difamación" e "injurias públicas". El tribunal podrá juzgar directamente el fondo del asunto, o bien retrasar la deliberación a una fecha ulterior. En cualquiera de los casos, tendrá que decidir si al periodista deben mantenerle en prisión preventiva. "Reclamamos la libertad inmediata de nuestro corresponsal, encarcelado abusivamente desde hace más de una semana, en una violación total de los principios inherentes a la libertad de información. En este caso, las autoridades centrafricanas han actuado de manera arbitraria y represiva, renegando de los compromisos adquiridos a su llegada al poder en la primavera de 2003, en favor de la despenalización de los delitos de prensa", ha declarado Reporteros sin fronteras. La detención de Maka Gbossokotto generó numerosas protestas. Los medios de comunicación privados del país decidieron suspender la publicación de sus periódicos, hasta la liberación del colega. El 13 de julio, en un comunicado conjunto, siete partidos políticos centrafricanos criticaron los métodos del gobierno de François Bozizé, que "no respeta la palabra dada". Al corresponsal de Reporteros sin Fronteras le denunció el ex director general de la Sociedad de Energía Centrafricana (ENERCA), Jean-Serge Wafio, cesado en sus funciones por el presidente de la República, por mala gestión, y acusado de desvío de fondos en diferentes artículos de Le Citoyen. Todo este asunto se está produciendo en un contexto de acoso generalizado de la prensa privada. En dos comunicados oficiales fechados el 7 de julio, el Ministro de Comunicación centrafricano, teniente coronel Parfait Mbay, dirigió serias advertencias a los medios de comunicación independientes. En el primero, denunció las "graves derivas constatadas durante los últimos tiempos en ciertos órganos de la prensa escrita privada independiente, algunos de los cuales están siendo instrumentalizados por determinados compatriotas para desinformar, manipular y perjudicar a la imagen dr las más altas personalidades del Estado y de otros compatriotas". A este respecto, recordó a los directores de publicación de los periódicos a los que se refería lo que se espera de ellos: "Decir la verdad y nada más que la verdad, pero sabiendo que no todas las verdades se deben decir". En el segundo mensaje amenazó a esos mismos directores de publicación con cerrarles los periódicos si, el 15 de julio de 2004, no habían cumplido las condiciones para conseguir la autorización de publicación, en conformidad con los términos de la Ley relativa a la libertad de comunicación. Por otra parte, el 9 de julio, el fiscal general del tribunal de apelación de Bangui, Sylvain N'Zas, acusó públicamente a la prensa privada de estar haciendo "declaraciones descorteses" con los dirigentes del país, y amenazó con aplicar la ley "con todo su rigor".