Detenciones abusivas, violencia y represión excesiva : Reporteros sin fronteras denuncia la brutalidad de la intervención policial en San Salvador Atenco
Reporteros sin Fronteras denuncia con vehemencia los intolerables actos de violencia que, en una marcha por la paz, organizada el 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco (un suburbio de México), sufrieron María Sostres, fotógrafa española, Samantha Dietmar, estudiante alemana de fotografía, y Valentina Palma Novoa, estudiante chilena de realización cinematográfica.
Reporteros sin Fronteras denuncia los intolerables actos de violencia que, el 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco (un suburbio de México), sufrieron tres fotógrafas extranjeras, en el transcurso de una manifestación por la paz organizada como respuesta a la muerte de un adolescente de 14 años, al que mataron la víspera en una actuación policial. María Sostres, fotógrafa española, Samantha Dietmar, estudiante alemana de fotografía, y Valentina Palma Novoa, estudiante chilena de antropología y realización cinematográfica, fueron detenidas en una fuerte operación policial. Les confiscaron el material (películas, fotos, magnetófono, cámara fotográfica, agenda...). Después, sufrieron violencia física y tocamientos de carácter sexual de parte de algunos policías, antes de que las expulsaran del país.
“Condenamos con firmeza la actitud de las fuerzas del orden. Sus actuaciones violan gravemente algunos derechos fundamentales y se traducen en un uso abusivo de su poder. Resulta inadmisible la impunidad que parece disfrutar la policía mexicana en este caso. Hacemos un llamamiento a las fuerzas del orden para que presenten excusas por su desmesura, y devuelvan a sus propietarias el material confiscado. También nos dirigimos a las autoridades públicas para que reflexionen sobre la legitimidad de las expulsiones llevadas a cabo, y sobre la necesidad de que se haga un uso más adecuado de la fuerza pública”, ha declarado Reporteros sin Fronteras.
En la noche del 3 de mayo, en Texcoco (suburbio de México), mataron a un muchacho de 14 años, una treintena de policías resultaron heridos y otros once fueron secuestrados por unos simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) del subcomandante Marcos, tras una fracasada operación policial que inicialmente iba dirigida a desalojar, por la fuerza, a unos vendedores ambulantes de flores. El 4 de mayo, al alba, se inició una manifestación por la paz, en homenaje a la muerte del adolescente. Las fuerzas de policía, compuestas por 2.000 hombres, intervinieron de nuevo con la intención de liberar a sus colegas secuestrados.
La operación, que fue muy violenta, se saldó con un muerto, una decena de heridos y más de doscientos detenidos, entre los que se encontraban María Sostres, Samantha Dietmar y Valentina Palma Novoa, quien intentó filmar el inicio de los acontecimientos. Según ella, las fuerzas del orden llegaron en gran número y solidamente armadas. Empezaron a tirar bombas lacrimógenas a la muchedumbre. A partir de entonces, la situación no hizo más que empeorar. Las tres jóvenes fueron insultadas, y después maltratadas. Valentina Palma Novoa asegura que unos agentes de policía, provistos de porras, le pegaron al nivel del pecho, la espalda y las piernas. Después se incautaron de sus efectos personales, es decir la cámara, el portamonedas y los documentos de identidad, antes de obligarla a subir a una camioneta, mientras seguían insultándola. En una entrevista en W Radio, María Sostres ha dado testimonio de la violencia de la operación: “Nos esposaron, nos tomaron fotos, nos grabaron en vídeo, y luego nos llevaron a un camión, cerraron el toldo y nos molieron a golpes (...). Había sangre en el camión, nos infligieron abusos sexuales, nos desnudaron”. Samantha Dietmar ha dicho a Reporteros sin Fronteras que ella también sufrió abusos sexuales.
Tras un viaje efectuado en condiciones deplorables, las personas detenidas fueron encarceladas. Cinco ciudadanos extranjeros, y entre ellos las tres fotógrafas, fueron separados del grupo de detenidos y abandonaron la cárcel, para ser conducidos a la oficina de inmigración de México. Tras un interrogatorio individual, los cinco fueron expulsados.