El 24 de marzo de 2005 asesinaban a la periodista Marlene Esperat, del semanario Midland Review, en Tascurong (isla de Mindanao, sur). Un año más tarde, los autores intelectuales del crimen siguen campando por sus respetos. Reporteros sin Fronteras hace un llamamiento a las autoridades para que identifiquen y castiguen a los asesinos, a fin de honrar la memoria de esa excepcional periodista, que pagó con su vida la lucha contra la corrupción.
El 24 de marzo de 2005 fue asesinada en Tacurong (isla de Mindanao, sur), ante la mirada impotente de sus dos hijos y su hija, la periodista del semanario Midland ReviewMarlene Esperat. Un año más tarde, progresa lentamente la investigación sobre el asesinato de esta periodista de investigación, que denunció varios casos de corrupción y malversación, entre otros en el Departamento de Agricultura. Han detenido a los ejecutores del crimen pero los autores intelectuales continúan campando por sus respetos.
“La detención de los principales sospechosos, entre los que se encuentra Jerry Cabayag, presunto autor de los disparos, a las pocas semanas de producirse el asesinato de la periodista, hiceron concebir la esperanza de una rápida resolución del caso. Pero el caso ya no avanza, a pesar de que ha sido trasladado al Tribunal de Cebú, para garantizar mayor seguridad a los testigos. Pedimos a autoridades que hagan todo lo necesario para detener a los culpables y honrar así la memoria de esa periodista de investigación, que se declaraba dispuesta a “morir por esta causa”. Por otra parte, pedimos al Senado que efectúe una investigación en profundidad sobre el escandaloso caso de los residuos químicos, que la periodista desveló, con el fin de que su lucha contra la corrupción haya servido para algo”, ha declarado Reporteros sin Fronteras.
El 24 de marzo de 2005, a las 19,30 horas, Jerry Cabayag se introdujo en la sala donde Marlene Esperat cenaba con sus dos hijos, en su domicilio de Tacurong, y la abatió de un disparo encima del ojo derecho. Murió en el acto. La periodista, que disponía de protección policial desde que en 2003 perpetraron un ataque con granada a su domicilio, había dejado que el agente encargado de su seguridad se marchara excepcionalmente a pasar la fiesta de Pascua en familia.
El 8 de abril, uno de los sospechosos, Randi Grecia, se entregó a las fuerzas del orden. Tres días después los policías detuvieron a otros tres sospechosos, y entre ellos al presunto asesino. Todos confesaron haber recibido 120.000 pesos (unos .900 euros) por ejecutar a la periodista.
En noviembre de 2005, el Tribunal Supremo aprobó la petición de la familia Esperat y del Freedom Fund for Filipino Journalists, de trasladar el caso al Tribunal de Cebú, por razones de seguridad. Inicialmente instruido en Tacurong, ciudad natal de la periodista y escenario del crimen, estaba sometido a las presiones de Osmena Montaner, funcionario del Departamento de Agricultura de Mindanao, sospechoso de ser uno de los autores intelectuales del crimen. El tribunal consideró inaceptables las acusaciones que pesaban sobre él y sobre una de sus colegas, Estrella Sabay, por falta de pruebas.
Marlene Esperat había actualizado varios casos de malversación, especialmente del Departamento de Agricultura. Había entregado al defensor del pueblo, el mediador público encargado de los casos de corrupción, un dossier sobre un escándalo relativo a residuos químicos.
La periodista, quien desde entonces sabía que estaba gravemente amenazada, el 14 de febrero de 2005 escribió una carta a la presidenta Gloria Arroyo, en la que decía: “Yo estoy dispuesta a morir por esta causa, pero usted no podrá nunca frenar la voluntad de Dios”.