Cuatro periodistas amenazados de muerte

Reporteros sin Fronteras manifestó su inquietud por las amenazas de muerte que han recibido Abner Gouz, del diario El Periódico, Rosa María Bolaños, del diario Siglo XXI, Ronaldo Robles y Marielos Monzón, ambos de la radio Emisoras Unidas, y siete activistas de derechos humanos. En una carta dirigida a Eduardo Arévalo Lacs, ministro de Gobernación, la organización pidió el inicio de una investigación rigurosa para que los autores de esas amenazas sean detenidos y castigados. "Cada vez más son objeto de presiones constantes tanto las organizaciones de defensa de los derechos humanos como quienes revelan informaciones sobre violaciones de esos derechos", declaró Robert Ménard, secretario general de Reporteros sin fronteras. "Este nuevo acto de intimidación pone de manifiesto el deterioro de la situación de la libertad de prensa en Guatemala", lamentó Robert Ménard, quien recordó que, en abril de 2002, David Herrera se vio obligado a exiliarse cuando se encontraba investigando sobre las violaciones de derechos humanos, imputadas al ejercito, en Guatemala, en la época de la guerra civil. Según Reporteros Sin Fronteras, en el país, en 2001, cerca de veinte periodistas fueron amenazados o agredidos y varias redacciones han sido víctimas de actos de intimidación en el país. La organización pidió también a Eduardo Arévalo Lacs que ponga todos los medios necesarios para garantizar la seguridad de los periodistas. Según las informaciones recogidas por Reporteros sin fronteras, Abner Gouz, del diario El Periódico, Rosa María Bolaños, del diario Siglo XXI, Ronaldo Robles y Marielos Monzón, de la radio Emisoras Unidas, así como siete miembros de organizaciones de defensa de los derechos humanos, fueron amenazados de muerte el 7 de junio de 2002. En un comunicado anónimo, enviado a la sede de la organización Alianza contra la impunidad, y a varias redacciones de medios de comunicación, un grupo autodenominado "los guatemaltecos de verdad" les califica de "enemigos de la patria", y amenaza con "exterminarles". Las amenazas se produjeron tras la visita, que tuvo lugar del 27 al 31 de marzo pasado, de Hina Jilani, representante especial del Secretario General de Naciones Unidas para la defensa de los Derechos Humanos, que también aparece mencionada en el comunicado y que, al finalizar su visita, pidió al gobierno que abriera una investigación para identificar y neutralizar a los grupos armados que amenazan a los defensores de los derechos humanos, y que actuarían con apoyo del ejército. Calificó de "muy grave y preocupante" la existencia de esos grupos clandestinos. Los periodistas, y los siete defensores de los derechos humanos, presentaron una denuncia ante la Fiscal Especial de Derechos Humanos, Tatiana Morales. Según las conclusiones del informe presentado en febrero de 1999 por la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), al parecer, el ejército es responsable del 93% de las matanzas perpetradas durante la guerra civil de 1960-1996 que causaron unas 200.000 muertes y desapariciones de personas. El Gobierno se ha negado a aplicar las recomendaciones del informe de la CEH y, más concretamente, no admite la creación de una comisión especial, que se encargara de investigar en las fuerzas armadas para depurar a los principales culpables de las exacciones cometidas.