Con las primeras sentencias pronunciadas contra periodistas independientes, Reporteros sin Fronteras denuncia "procesos estalinistas"

"En los procesos de periodistas independientes y de opositores, que se celebran desde el 3 de abril, se encuentran todos los elementos de los procesos estalinistas: audiencia a puerta cerrada, justicia expeditiva, negación del derecho a la defensa, testimonios de agentes infiltrados, dossiers montados desde hace meses (...)", manifestó Reporteros sin Fronteras. Pidió a la Unión Europea que congele el estudio de la petición de adhesión cubana a los acuerdos de Cotonú.

Consultar la lista de las sentencias Tras el anuncio de las primeras sentencias pronunciadas contra algunos periodistas independientes, entre ellas tres condenas a veinte años de cárcel, Reporteros sin Fronteras denuncia "una parodia de justicia". "En los procesos de periodistas independientes y de opositores, que se celebran desde el 3 de abril, se encuentran todos los elementos de los procesos estalinistas: audiencia a puerta cerrada, justicia expeditiva, negación del derecho a la defensa, testimonios de agentes infiltrados, dossiers montados desde hace meses, declaraciones de vecinos, acusaciones basadas únicamente en delitos de opinión...Solo falta la autocrítica de los acusados", manifestó indignado Robert Ménard, secretario general de Reporteros sin Fronteras. Robert Ménard ha reiterado su llamamiento a la Unión Europea (UE), para que congele el estudio de la petición de adhesión cubana a los acuerdos de Cotonú*, presentada por ese país, en enero pasado. "Es necesario que la Unión Europea manifieste, con un gesto fuerte, que rechaza la actual oleada de represión". La organización recordó que la profundización de las relaciones de la UE con Cuba depende oficialmente del respeto a los derechos humanos en ese país, y que el Parlamento Europeo entregó el Premio Sajarov de Derechos Humanos al disidente cubano Osvaldo Paya, en diciembre pasado. Según las primeras informaciones recogidas por Reporteros sin fronteras, Raúl Rivero, director de la agencia Cuba Press y galardonado con el premio Reporteros sin Fronteras - Fundación de Francia 1997, fue condenado a veinte años de cárcel, el 7 de abril de 2003. La fiscalía solicitó esta pena, al final de un proceso expeditivo, celebrado el 4 de abril. La misma pena se ha dictado contra Ricardo González, corresponsal de Reporteros sin Fronteras y director de la primera revista disidente De Cuba, para quien el fiscal había solicitado cadena perpetua; contra Oscar Espinosa Chepe, colaborador del sitio cubanet.org, y para Héctor Maseda, de la agencia Grupo de Trabajo Decoro. "El proceso fue un circo. Todo estaba dicho de antemano", comentó Blanca Reyes, la mujer de Raúl Rivero. Este formaba parte de los 78 disidentes detenidos por las autoridades, entre el 18 y el 24 de marzo pasado. Entre ellos, están al menos veinticuatro periodistas independientes. Según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, setenta y uno disidentes fueron juzgados entre el 3 y el 5 de abril. Los procesos no duraron más de un día. Todos están acusados de "actividades contra la integridad y la soberanía del Estado", en colaboración con James Cason, el responsable de la Sección de Intereses Norteamericanos, la representación oficial de Estados Unidos en La Habana. "Fue un gran teatro que estaba montado desde hace tiempo", declaró Julia Nuñez, la mujer de Adolfo Fernández Saínz, de la agencia Pátria, cuyo proceso tuvo lugar el 3 de abril. Por su parte, tras la audiencia, Miriam Leyva, la mujer de Oscar Espinosa Chepe, calificó el proceso de "farsa". "Es todo un montaje. Las sentencias ya están dictadas desde antes de los juicios", añadió. Oscar Espinosa Chepe habría declarado al tribunal que no estaba informado de la celebración de su proceso, y que creía que iban a interrogarle, cuando fueron a buscarle a su celda. Según Blanca Reyes, Raúl Rivero y Ricardo González, que fueron juzgados juntos el 4 de abril en un tribunal de La Habana, solo pudieron entrevistarse con su abogado la víspera de la audiencia. Víctor Rolando Arroyo, corresponsal de la agencia UPECI en Pinar del Río (sudoeste de La Habana), no quiso llamar a un abogado, estimando que la sentencia estaba escrita de antemano. Estuvo asistido por un abogado de oficio durante el proceso, que se celebró el 3 de abril. No fueron admitidos en los tribunales ni la prensa internacional, ni los diplomáticos. Según el sitio cubano cubanet.org, en Artemisa (al sudoeste de La Habana) aparte de las familias de las acusados, solo los militantes del Partido Comunista fueron autorizados para asistir al proceso de los periodistas José Ubaldo Gutiérrez, de la agencia Grupo de Trabajo Decoro, y Miguel Galván, de Havana Press. En el exterior, algunos agentes de la seguridad del Estado cuadriculaban el barrio. Según Blanca Reyes, durante la audiencia se acusó a Raúl Rivero y Ricardo González de escribir "contra el gobierno", haberse entrevistado con James Cason, y haber organizado "reuniones subversivas" en su domicilio. También se les acusó de colaborar con Reporteros sin Fronteras, "una organización terrorista francesa, manipulada por el gobierno de Estados Unidos", y con la Fundación Hispano-Cubana, con sede en Madrid, igualmente calificada de "terrorista" y acusada de estar relacionada con Estados Unidos. "Yo no conspiro, escribo", explicó simplemente Raúl Rivero, durante la audiencia. La televisión oficial filmó el proceso. La acusación presentó ocho testigos, entre ellos dos reputados periodistas disidentes, Manuel David Orrio y Néstor Baguer, quienes reconocieron ser agentes de la seguridad del Estado, infiltrados en las filas de la prensa independiente. El segundo acusó a Raúl Rivero, entre otras cosas, de ser alcohólico. Los otros testigos, algunos vecinos de los dos acusados, afirmaron haber comprobado que ambos periodistas recibían a diplomáticos extranjeros en su casa, donde celebraban reuniones "subversivas". También fueron citados como testigos algunos agentes infiltrados en el proceso de Oscar espinosa Chepe y Héctor Maseda, juzgados juntos el 3 de abril, y en el de Mario Enrique Mayo, director de la agencia Félix Varela, en Camagüey (este de la isla). Según Maydelin Guerra, la mujer de éste último, el agente infiltrado contó que había acompañado al periodista a la Sección de Intereses Norteamericanos, donde fue a consultar Internet. * Los acuerdos de Cotonú permiten a 77 países de Africa, el Caribe y el Pacífico (grupo ACP) disfrutar de una ayuda económica, y de un régimen de preferencia comercial de la Unión Europea. Consultar la lista completa de las sentencias
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Updated on 20.01.2016