En el primer año de gobierno del presidente Donald Trump, Estados Unidos perdió dos lugares: en la edición 2018 de la Clasificación el país se ubica en la posición 45, entre 180 países, continuando así su tendencia a la baja. En cambio Canadá, su país vecino, gana cuatro lugares gracias al establecimiento de medidas para garantizar la confidencialidad de las fuentes periodísticas.

Donald Trump acentúa el declive del país de la Primera Enmienda

En 2017 el presidente estadounidense aceleró el descenso de Estados Unidos, que ahora se ubica en el lugar 45 de la Clasificación debido a los repetidos ataques contra los medios de comunicación que se registraron en el país. En varias ocasiones Trump calificó a la prensa de "enemigo del pueblo estadounidense", intentó impedir el acceso a la Casa Blanca a reporteros de varios medios de comunicación y usó el término “fake news” (noticias falsas) para desacreditar cualquier crítica a sus acciones políticas –el mandatario suele agredir a la prensa por la cobertura que ésta hace de él–. Asimismo, ha publicado en Twitter mensajes violentos contra CNN e incluso pidió que se quitara a ciertos medios de comunicación la licencia de difusión.

La violenta retórica de las altas esferas del gobierno contra la prensa ha estado acompañada de un incremento de los casos de violación a la libertad de prensa a escala local. Reporteros han sufrido agresiones físicas cuando realizaban su trabajo. Ahora los periodistas corren el riesgo de ser detenidos si cubren manifestaciones o por el simple hecho de hacer preguntas a funcionarios.

Los atentados contra la libertad de prensa en el país de la Primera Enmienda se han vuelto tan frecuentes que en agosto pasado RSF se unió a más de 20 organizaciones defensoras de la libertad de prensa para poner en marcha de un nuevo sitio web: U.S. Press Freedom Tracker, cuyo objetivo es documentar los atentados contra la libertad de prensa en Estados Unidos. Esta herramienta de vigilancia, que funciona como un depósito central de datos, registró 34 casos de detención de periodistas en 2017, la mayoría de ellas tuvieron lugar cuando los reporteros cubrían una manifestación (saber más sobre la U.S. Press Freedom Tracker).

Es importante recordar que la llegada de Trump al poder no ha hecho sino empeorar la situación –de por sí ya deteriorada– de la libertad de prensa. Los informantes (whistleblowers) pueden ser juzgados con base en la Espionage Act si proporcionan información de interés público y los periodistas aún no cuentan con una "ley escudo" (shield law) que les permita proteger a sus fuentes. A esto se suman los largos registros a periodistas (y a su equipo) que aún se efectúan en las fronteras de Estados Unidos y el que se haya prohibido entrar al país a periodistas extranjeros que han cubierto ciertos temas delicados, como la situación en Kurdistán o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Le declive de Estados Unidos en materia de libertad de prensa no sólo es una mala noticia para los periodistas que trabajan en el país; también ha tenido consecuencias nefastas a escala internacional. Ahora es común que se use el término “fake news” para reprimir a los medios de comunicación, tanto en regímenes autoritarios como en democracias. Los gobiernos de varios países miembros de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS, por sus siglas en inglés) han adoptado la expresión favorita de Trump para criticar el trabajo de los periodistas. Dado que las leyes de muchos países de la región del Caribe aún criminalizan la difamación, la propagación de la retórica “anti-medios” de Trump podría tener graves consecuencias en la prensa local.

Canadá, de nuevo entre los primeros 20, aunque la situación todavía es preocupante

En 2016 las perspectivas de la libertad de prensa en Canadá eran sombrías. En varias ocasiones el gobierno había demostrado su menosprecio a la confidencialidad de las fuentes periodísticas, un principio fundamental. En 2017 esta tendencia no sólo perduró, sino que se acentuó. Se emprendieron procesos penales y civiles contra Justin Brake, un periodista de TheIndependent.ca, porque supuestamente había participado en una manifestación contra un proyecto hidroeléctrico, que en realidad cubría. Asimismo, la Corte de Apelaciones de Ontario emitió una orden para que Ben Makuch, periodista de VICE News, entregara a la Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés), los registros de las comunicaciones que tuvo con una de sus fuentes.

Sin embargo, el Estado ha intentado poner remedio a esta situación con acciones concretas, tanto a escala local como federal. En octubre de 2017 el Parlamento aprobó por unanimidad una “ley escudo”, la Journalistic Source Protection Act, que protege a escala federal la confidencialidad de las fuentes periodísticas. Dos meses después, una comisión encargada de investigar un caso en el que la policía de Quebec vigiló a varios periodistas, había recomendado que se adoptara una ley para proteger mejor las fuentes de los periodistas. Estas mejoras explican que Canadá avanzara cuatro lugares en la Clasificación.

A pesar de estos progresos, Canadá aún tiene mucho trabajo por delante. En mayo de 2018 Ben Makuch deberá defender ante la Corte Suprema de Canadá la confidencialidad de sus conversaciones con una de sus fuentes y Justin Brake todavía tiene que enfrentar los cargos presentados en su contra. Aún queda por ver cómo se aplicará la nueva ley escudo en el caso de Marie-Maude Denis, periodista de investigación de Radio Canadá: el Tribunal Supremo de Quebec le exigió en marzo de 2018 que revelara sus fuentes por la investigación de un caso de corrupción.