Túnez (97º), Marruecos (135º), Argelia (136º) y Libia (167º) son algunos de los países de la región donde la situación de la libertad de prensa es peor. Túnez se estanca en la Clasificación, mientras que Marruecos y Argelia continúan descendiendo; cada uno de ellos perdió dos lugares respecto al año anterior. Libia, en el último lugar de los países de la zona, subió una posición. Un ascenso engañoso, en realidad se trata de un efecto mecánico debido al deterioro general de la situación en otros países ubicados en la parte inferior de la Clasificación y al hecho de que el número de agresiones a reporteros descendió porque muchos de ellos huyeron de Libia, que se ha vuelto un país muy peligroso.

Esta tendencia general observada en los últimos años muestra el deseo de los dirigentes de los países de la región de controlar los medios de comunicación, así como la persecución que emprenden contra los periodistas que se atreven a abordar temas delicados –como la corrupción, el fraude fiscal, los lobbys (grupos de presión)– o incluso a cubrir las manifestaciones.

Múltiples obstáculos a la cobertura periodística

En Marruecos, lo sucedido durante las protestas del Movimiento Popular del Rif (Hirak) muestra las dificultades que enfrentan los periodistas marroquíes y extranjeros para cubrir los movimientos sociales o abordar temas considerados tabú. De mayo a julio de 2017 los reporteros que cubrían las manifestaciones fueron víctimas de una ola de represión. Según datos de RSF, 14 periodistas y periodistas-ciudadanos fueron detenidos; también se registraron varios casos de reporteros extranjeros expulsados del país.

Algo similar sucedió en Túnez, donde periodistas tunecinos y extranjeros padecieron presiones policíacas y administrativas cuando cubrían las manifestaciones. En septiembre de 2017 el periodista Hamdi Souissi fue agredido violentamente por un grupo de policías cuando cubría una protesta en Sfax. Con heridas en el rostro y en un hombro lo llevaron a un puesto de policía, donde fue interrogado durante más de dos horas y le quitaron su equipo.

En Libia cubrir los acontecimientos es muy arriesgado; éste es uno de los países más peligrosos del mundo para la prensa. En medio de un conflicto abierto y de una guerra de información, los periodistas y los medios de comunicación se encuentran entre las principales víctimas. Desde que estalló la revolución, en 2011, RSF ha registrado 332 ataques a periodistas y periodistas-ciudadanos en el país, la mayoría de estos crímenes permanecen impunes. Las diferentes autoridades no han tomado ninguna iniciativa para mejorar las condiciones de seguridad en las que los reporteros ejercen su oficio y el exilio se ha vuelto con frecuencia en la única escapatoria para seguir informando.

En Argelia existen numerosas líneas rojas y el simple hecho de mencionar temas como la corrupción o la salud del presidente pueden hacer que los periodistas sufran amenazas, acoso en Internet e interpelaciones. El autoritarismo de las autoridades argelinas no sólo se refleja en prácticas de la justicia represivas, también en las presiones políticas y económicas que se ejercen sobre los medios de comunicación. Así, en noviembre pasado Hadda Hazem, directora del diario generalista en lengua árabe Al-Fadjr, comenzó una huelga de hambre para protestar contra la “matanza programada” de la publicación a manos de las autoridades argelinas. Desde octubre de 2017 el diario no ha recibido publicidad del Estado, que constituye una de las principales fuentes de ingresos de los medios de comunicación en Argelia.

Marcos legislativos que limitan la libertad de prensa

En los países de la región se han comenzado a realizar reformas legislativas encaminadas a garantizar la libertad de información, pero se enfrentan grandes dificultades para llevarlas a término. En Túnez, en diciembre de 2017 el gobierno presentó ante la Asamblea de Representantes del Pueblo un proyecto de ley para regular el sector de la comunicación audiovisual; éste provocó gran decepción debido a las facultades que se atribuirían a la instancia de regulación que se crearía y al hecho de que no se ofrecen garantías de que este órgano sea independiente. Organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas RSF, se movilizaron para solicitar que se retirara este proyecto de ley.

Los avances legislativos también son insuficientes en Libia. El proyecto de constitución del 29 de julio de 2017 no cumple con los estándares internacionales en materia de protección de la libertad de expresión y de prensa. Además, éste no ofrece suficientes garantías para que se respete el derecho al acceso a la información y no protege de forma adecuada la independencia de los medios de comunicación.

En Argelia se emplea de forma abusiva el Código Penal para sancionar a los periodistas; lo que va en contra de las disposiciones constitucionales adoptadas en 2016, que garantizan la libertad de prensa. En Marruecos, aunque la ley de prensa no contempla penas de prisión, ésta remite al Código Penal y a la ley relativa al terrorismo.

Frente a marcos legales que no ofrecen suficiente protección a la prensa o que incluso constituyen una amenaza para ella, los periodistas de la región pueden ser condenados a penas de prisión incondicional cuando sus investigaciones molestan a las autoridades.

Periodistas tras las rejas

Tanto en Marruecos como en Argelia los periodistas siguen siendo condenados a penas de prisión incondicional. El periodista marroquí Hamid el Mahdaoui, director del sitio web Badil.info, fue detenido en julio de 2017 cuando cubría las protestas del Movimiento Popular del Rif (Hirak); fue condenado en primera instancia a tres meses de prisión incondicional y a pagar una multa de 20.000 dírhams. En septiembre la Corte de Apelación de Alhucemas aumentó su pena y lo condenó a un año de prisión incondicional. Hamid el Mahdaoui –quien está encarcelado junto con otros cuatro periodistas (profesionales y ciudadanos) y tres colaboradores de los medios de comunicación– fue juzgado en el proceso de Hirak, que va en su audiencia número 50.

En Argelia, el periodista Saïd Chitour fue detenido en junio de 2017 por la policía, acusado de espionaje y de vender documentos secretos a diplomáticos extranjeros; aún espera su juicio. De acuerdo a información reciente, su estado de salud es muy preocupante.