Cierran sin preaviso la imprenta de un diario en conflicto con una alcaldía de la provincia de Santa Fe

Reporteros sin Fonteras pide la reapertura de la imprenta del diario regional El Observador, cerrada sin preaviso el 25 de Julio de 2007, por orden de la alcaldía de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe (Centro Este). La organización no cree en absoluto que se trate de la simple medida administrativa a que aluden los cargos politicos. “Las autoridades municipales han actuado contra la imprenta de forma arbitraria esgrimiendo una denominada ‘falta de habilitación', mientras que muchas empresas locales, que se encuentran en análoga situación administrativa, jamás han visto obstaculizada su actividad de esta manera. El conflicto entre El Observador y la alcaldesa de San Lorenzo, Mónica de la Quintana, es algo conocido y no es la primera vez que el equipo municipal intenta atacar al periódico. La justicia, a la que ahora se ha recurrido, debe anular esa medida y el periódico tiene que conseguir una reparación”, ha declarado Reporteros sin Fronteras. En la mañana del 25 de Julio de 2007 se presentó en la imprenta el funcionario municipal Ariel Santacruz, acompañado de la policía, reclamando el permiso de habilitación del local, y posteriormente procedió a sellarlo sin levantar un atestado. Las autoridades argumentan que se trataba de verificar si la imprenta funciona con las “autorizaciones requeridas”. Desde entonces, El Observador ha desaparecido de los kioskos. Andrés Sharetta, director y propietario de El Observador, atribuye la decision a la línea editorial del diario, en franca oposición con la administración de Mónica de la Quintana, alcaldesa de San Lorenzo y miembro del partido Frente para la Victoria (FV, fundado por el presidente Néstor Kirchner), que sufrió una derrota en las elecciones provinciales del pasado 1 de Julio. El 17 de Julio, tres concejales procedentes de la mayoría municipal dirigieron una nota al responsable del consejo deliberante de la alcaldía de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, cuestionando fuertemente el trabajo de los periodistas de El Observador. Según los politicos, el “mal llamado” periódico “tiende a sembrar dudas sobre las conductas públicas a través de la difamación, que hace uso y abuso sistemático de agresiones y ofensas subjetivas y de mala fe”. Entonces, Leonardo Raimundo encargó al gobierno municipal que verificara las acreditaciones de las actividades comerciales del diario. Andrés Sharreta ha recurrido a la jurisdicción civil y commercial de San Lorenzo para conseguir que se anule la medida adoptada.