Cierran nueve radios comunitarias

Reporteros sin Fronteras lamenta el cierre de nueve radios comunitarias indígenas en los departamentos de Chimaltenango (Centro) y Huehuetenango Oeste), que se ha producido a lo largo del mes de marzo de 2006. Estos medios de comunicación se han cerrado por orden de la Fiscalía especial de delitos contra periodistas y sindicalistas del Ministerio Público, con el apoyo de la Intendencia de Telecomunicaciones de Guatemala (SIT) y de la Comisión de Radiodifusión Nacional. Según ésta última y el Ministerio Publico, las radios comunitarias cerradas no disponían de la licencia que autoriza a emitir. “La creciente represión contra las radios comunitarias podría afectar al proceso de diálogo con las comunidades indígenas. Las radios comunitarias se encuentran en una situación legal anómala, ya que no disponen de licencia. Sin embargo, actúan de conformidad con los acuerdos de paz firmados por gobiernos anteriores, que establecen que las comunidades indígenas pueden expresarse libremente, sin temor a la censura. Por otra parte, las radios comunitarias difunden a una escala muy local, principalmente dirigida a los habitantes de su comunidad. Hacemos un llamamiento al gobierno para que inicie un debate de fondo sobre la libertad de expresión y la promoción de los derechos de las comunidades indígenas, y al Parlamento para que apruebe rápidamente el anunciado proyecto de ley que permitiría desbloquear la situación de las radios comunitarias”, ha declarado Reporteros sin Fronteras. El 2 de marzo de 2006, varios fiscales del Ministerio Público, acompañados de una veintena de policías, se presentaron en el domicilio y en el lugar de trabajo de dos coordinadores del Consejo Guatemalteco de Comunicación Comunitaria (CGCC). Se incautaron de toda la documentación relativa a las radios afiliadas a la CGCC. También se llevaron listados de radios asociadas, ordenadores y libros. Miembros de las asociaciones ARCG (Asociación de Radios Comunitarias de Guatemala) y AMECOS (Asociación de Medios Comunitarios de Sololá) acusaron al fiscal Ródenas de haber actuado de forma abusiva. Por otra parte, el CGCC ha subrayado que la operación fue autorizada por el fiscal encargado de los delitos contra periodistas, quien supuestamente debería defender las libertades de expresión y prensa, y no reprimirlas. El 9 de mazo cerraron Radio Voz Latina, situada en Cimaltenango (centro). Su directora, Ana Piedad Martín, fue detenida y quedó en libertad el 15 de marzo, tras pagar una fianza. El mismo 15 de marzo le ocurrió algo similar a Radio Stereo Nolber Sideral, con sede en Huehuetenango Oeste). Su director, Oscar Rafael López, y el colaborador Esbin Martínez Palacios, fueron detenidos y puestos en libertad el mismo día, tras pagar una multa. Según el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), ambas radios ofrecían un servicio social, y especialmente Radio Voz Latina, que promueve activamente la participación delos jóvenes. Por otra parte, el 9 de mazo cerraron las radios Presencia Stéreo, Radio Cairo y Radio Mayense, en el departamento de Chimaltenango (centro), y Radio Acción de Huehuetenango. Esas radios ya no pueden emitir, porque les confiscaron los equipos de emisión. Actualmente existen cerca de 2.500 dios comunitaria que emiten sin licencia. Tan solo 250 radios del miso estilo trabajan de acuerdo con la ley. Actualmente, el Congreso está discutiendo un proyecto de ley que permitiría a las radios comunitarias conseguir un estatuto particular. Entonces podrían emitir sin licencia. Pero la ley no se ha aprobado todavía.