Censura de publicaciones y espionaje a periodistas : Reporteros sin Fronteras denuncia "abusos de poder"

Reporteros sin Fronteras condena las presiones a la prensa local que, en el transcurso de la segunda quincena de enero, se han traducido en la censura de publicaciones y el espionaje de algunos periodistas en los Estados de Sonora (Noroeste), Guanajuato (Centro) y Puebla (Sur). La organización constata que estos abusos de poder proceden de autoridades locales que ya tienen problemas con la justicia, por asuntos de prensa. “El entorno del gobernador del Estado de Sonora, Eduardo Bours, se ha visto recientemente implicado en la desaparición de un periodista en 2005 (cf. comunicado del 23 de enero de 2007). Mario Marín, gobernador del Estado de Puebla, no es ajeno a la detención arbitraria de la periodista independiente Lydia Cacho, también en 2005. Estos nuevos casos confirman el absoluto desprecio que algunos dirigentes locales sienten por la prensa. A falta de reacción del poder federal, que está comprometido en garantizar la libertad de expresión, estas violaciones representan otros tantos estímulos a la impunidad”, ha declarado Reporteros sin Fronteras. El 18 de enero de 2007, en Hermosillo, unos agentes de la policía del Estado de Sonora inmovilizaron la camioneta de distribución de la revista Contralínea, que se publica cada quince días, y confiscaron los 2.500 ejemplares que transportaba el vehículo. Argumentando que la camioneta era robada, los policías simularon el hallazgo de dos paquetes de cocaína para detener a Mauricio Capdevielle, responsable de la distribución de la revista, y al chofer. Ambos quedaron en libertad el 21 de enero. Alvaro Cepeda Neri, redactor jefe de Contralínea, ha dicho a Reporteros sin Fronteras que, durante la detención, los policías amenazaron de palabra a Mauricio Capdevielle, Miguel Badillo, director de la revista, y a él mismo. El redactor jefe de Contralínea atribuye la maniobra al propio Eduardo Bours. En la edición que debía distribuirse, la revista revelaba el asunto de la expoliación de unos terrenos pertenecientes a los indios Yaquis, en la que está implicado el gobernador. El caso se ha llevado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CND) y la Fiscalía Especial Federal para periodistas. Pedro Moreno, periodista del diario Correo en Celaya, en el Estado de Guanajuato, ha contado a Reporteros sin Fronteras que René Mondragón Barragán, secretario particular del alcalde Germán Hernández Gutiérrez, estaba procediendo a fichar a los reporteros locales. Fuentes del Partido de Acción Nacional (PAN, al que pertenecen el presidente Felipe Calderón y el alcalde de Celaya) informaron al periodista que las fichas contenían datos relativos a la vida privada de los interesados (familia, domicilio, preferencias sexuales) y sus eventuales fuentes. A un periodista le habría pagado 80.000 pesos (unos 5.500 euros) por facilitar esas informaciones. El fotógrafo independiente Luis García ha confirmado haber visto su propia ficha, mencionando la relación personal que mantiene con una colega. El 15 de enero expulsaron de una conferencia de prensa, por orden del alcalde, a una periodista del diario AM de Celaya, acusándola de ser “negativa” para el municipio. Dos días más tarde, el director de la policía municipal, Prisciliano Mandujano, prohibió el acceso a los edificios públicos a dos periodistas, del diario Correo y de la emisora Radio Corporativo Celaya. Todos estos casos se presentaron el 17 de enero ante el fiscal de derechos humanos. El mismo día, Martha Laris, jefa del Departamento de ciencias y comunicación de la Universidad de las Américas en Cholula (Estado de Puebla), hizo desalojar de sus locales al equipo de redacción del semanario universitario La Catarina, y confiscar el material y los archivos. En octubre pasado, el semanario criticó las connivencias existentes entre el rectorado de la universidad y el gobernador del Estado, Mario Marín, y publicó unas caricaturas de este último.