La situación en Burundi es muy preocupante desde el intento de golpe de Estado registrado en 2015: la mayoría de las radios independientes siguen cerradas; decenas de periodistas se han visto obligados a exiliarse; en sus discursos, el gobierno señala como enemigos de la nación a los medios de comunicación no alineados; los periodistas, que sufren el acoso de las fuerzas de seguridad y de milicias cercanas al régimen, enfrentan serias dificultades para trabajar con libertad. Se han organizado sesiones de “instrucción moral” para que los periodistas sigan la línea del régimen, en ocasiones impartidas por el mismo presidente; los bolígrafos, los micrófonos y las cámaras, están prohibidos. El miedo, la resignación y la autocensura han invadido las redacciones. Los periodistas que intentan abordar temas que el gobierno no quiere que se traten, a veces lo pagan caro. En 2019 cuatro reporteros de Iwacu, uno de los últimos bastiones de la información independiente, fueron detenidos cuando lo único que habían hecho era su trabajo, al cubrir la incursión de un grupo de rebeldes armados. Por otro lado, no se ha llevado a cabo ninguna investigación seria por la desaparición del reportero Jean Bigirimana, ocurrida en julio de 2016. El paisaje mediático cada vez es más cerrado. Dos importantes radios internacionales permanecen suspendidas, por tiempo indefinido, y cada vez es más difícil que los periodistas extranjeros obtengan acreditaciones de prensa. Las redes sociales –fuente de información y herramientas de trabajo de los periodistas– han reemplazado a las radios que han sido acalladas, pero no se encuentran a salvo de los numerosos intentos de desinformación.