Aparece calcinado el cuerpo de un periodista desaparecido hace tres meses

El 8 de septiembre de 2004, Jesús Ramírez Guerrero, fiscal general del Estado de Guerrero, anunció en una conferencia de prensa que había aparecido el cuerpo de Leodegario Aguilar Lucas, y que la policía había detenido a tres sospechosos. Según el fiscal, éstos reconocieron haber matado al periodista el mismo día de su secuestro, el 22 de mayo de 2004, y después haberle quemado y enterrado. Según sus confesiones, el asesinato fue consecuencia de una disputa con la víctima, en torno a la propiedad de un terreno situado junto a un hotel, perteneciente al periodista. Fernando Monreal Leyva, fiscal especial encargado del caso, contactado por Reporteros sin Fronteras, no ha confirmado que los restos encontrados pertenezcan al director de la revista Mundo Político. Todavía hay que efectuar los análisis de ADN. Ha declarado que actualmente existen tres hipótesis sobre la desaparición de Leodegario Aguilar Lucas, y que ninguna de ellas está relacionada con su actividad periodística. Finalmente, Ernestina Aguilera, hermana del periodista, rechaza la versión dada por el fiscal general. Según ella, no existe ninguna relación entre su hermano y los supuestos sospechosos detenidos. Está sorprendida de haber conocida estas informaciones por la prensa y denuncia una maniobra para encubrir a los verdaderos responsables. Ernestina Aguilera asegura que su hermano está vivo y que su desaparición tiene que ver con su trabajo. ___________________________ 02.06.2004 - La libertad de prensa amenazada en las provincias Un periodista secuestrado y quince amenazados, agredidos o víctimas de presiones Reporteros sin Fronteras está muy preocupada porque, en los últimos quince días, más de quince periodistas de provincias han sido víctimas de violencia, amenazas o presiones judiciales.
"Estos casos confirman lo que nuestra organización viene constatando desde hace algunos años: en México, la violencia y las presiones son frecuentemente obra de las autoridades locales, que todavía aceptan con mucha dificultad el contra-poder que representa la prensa", ha subrayado Reporteros sin Fronteras.
"Esto tiene que terminar. Hay que efectuar investigaciones con el fin de castigar a los autores de esa violencia. El caso de tres periodistas de Colima, a los que pegó el sobrino del ex gobernador, es un ejemplo de la impunidad que pueden disfrutar las personas cercanas al poder. El secuestro de otro periodista en la ciudad de Acapulco debe ser objeto de una atención particular de las autoridades, tanto locales como federales", ha añadido la organización.
Respecto a los interrogatorios informales de al menos nueve periodistas de Ciudad Juarez para que revelen sus fuentes, por parte de un funcionario de la Procuraduría, Reporteros sin Fronteras ha pedido que se aplique la directiva aprobada el 11 de diciembre de 2003 por el Fiscal general de la República, según la cual un periodista citado como testigo "no podrá ser obligado a hacer una declaración relativa a sus fuentes de información ".
El 22 de mayo de 2004, tres desconocidos secuestraron a Leodegario Aguilar Lucas, director de la revista Mundo Político, en su domicilio de Acapulco (Estado de Guerrero, Suroeste). Su familia pidió a las autoridades que no intervinieran, para poder negociar su liberación. Para algunos de sus colegas, ese secuestro podría estar relacionado con los artículos del periodista sobre presuntas irregularidades, imputadas a las autoridades locales. Leodegario Aguilar Lucas es también propietario de una hospedería.
En el Estado de Veracruz (Sureste), Martín Serrano Herrera, fundador y director del periódico Diario Tribuna, publicado en Jalapa, contó que el 22 de mayo le agredieron en la calle tres desconocidos. Según el periodista, sus agresores serían agentes de las fuerzas del orden. Para él, la agresión guarda relación con unos artículos de su periódico que implicaban a varios funcionarios del Estado de Veracruz en algunos presuntos casos de corrupción, y de enriquecimiento personal.
El 23 de mayo, Maximiliano Cortéz Zepeda, de Radio Variedades, Mario Solís Espinoza y Edgar Badilio Medina, del Diario de Colima, fueron agredidos por un grupo de una veintena de jóvenes, dirigidos por Samuel Rodríguez Moreno, sobrino de Fernando Moreno Peña, ex gobernador del Estado de Colima (Oeste). Los tres periodistas fueron perseguidos por las calles de Colima (capital del Estado), y después golpeados violentamente, cuando llegaban al domicilio de Maximiliano Cortéz Zepeda. También golpearon a unos miembros de su familia. Los agresores hicieron referencia a unas informaciones difundidas por los tres, que habían denunciado el presunto gran consumo de alcohol y droga de Samuel Rodríguez Moreno, y sus amigos.
Por otra parte, el 27 de mayo un agente de la Procuraduría de Justicia contactó con al menos nueve periodistas de Ciudad Juarez (Estado de Chihuahua, Norte), para que revelaran el origen de unas informaciones que habían publicado sobre los asesinatos de mujeres. Según el diario La Jornada, el funcionario de la Procuraduría explicó que la difusión de la información perjudica las investigaciones. Los periodistas se negaron a responderle.
Entre los profesionales atañidos figuran Daniel Domínguez, de Radio Cañón 800, Jacinto Segura, del diario El Mexicano, Gabriel Jasso, del Canal 56 de televisión (afiliado a Televisa), Armando Rodríguez, de El Diario, Raúl Pérez, del canal Televisión Azteca, Víctor Armando Rey, del canal local Canal 5, Edgar Román, del Canal 44, Carlos Huerta y Salvador Castro, ambos del diario El Norte de Juárez.
Finalmente, en un mensaje enviado a Reporteros sin Fronteras el 29 de mayo, Francisco Guerrero Garro, director del diario El Clarín/Sur, publicado en Cuernavaca, en el Estado de Morelos (sur de México D.F.), contó que desde el pasado marzo su periódico está sufriendo presiones. Entonces publicó unas informaciones sobre la presunta implicación de dos policías de la ciudad de Cautla en un caso de violación, y después implicó al equipo municipal en un presunto caso de corrupción. Francisco Guerrero Garro afirma que el alcalde de la ciudad, Arturo Cruz, multiplica los actos de hostigamiento contra el periódico y su corresponsal allí, Margarita Ruiz. El periódico ha denunciado los hechos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado.