Anulan la multa de 25.000 euros a un diario
Reporteros sin Fronteras denuncia la multa excesiva que el Jurado Electoral Especial del Departamento de San Martín impuso, el 11 de abril de 2006, al diario regional Aldía, por una falta en un procedimiento administrativo. Reporteros sin Fronteras espera clemencia en la apelación.
Reporteros sin Fronteras denuncia la abusiva condena que, el 11 de abril de 2006, se le impuso al diario regional Aldía. La decisión, adoptada por el Jurado Electoral Especial (JEE) del Departamento de San Martín (Noreste), amenaza la existencia del diario, que tiene que pagar una multa de 25.000 euros. Reporteros sin Fronteras espera que el recurso, presentado el 21 de abril ante el Jurado Nacional de las Elecciones (JNE), y examinado en esta semana, llevará a la anulación de la sanción. “No cuestionamos el principio de una condena dictada sobre la base de la violación de una ley administrativa. Sin embargo, la sanción dictada contra Aldía por el Jurado Electoral Especial de San Martín no tiene en cuenta la situación del medio de comunicación, para el que el pago de la multa puede significar el cierre. Por otra parte, ¿el diario tenía algún interés especial en arriesgarse a cometer la infracción? Hacemos un llamamiento al Jurado Nacional de las Elecciones, que en este caso hace el papel de instancia de apelación, para que reconsidere la decisión adoptada en primera instancia y anule esa desproporcionada multa”, ha declarado Reporteros sin Fronteras. El diario Aldía, que se publicó por primera vez el 13 de febrero de 2006, cubre las principales ciudades del Departamento de San Martín y la provincia del Alto Amazonas (Noreste). Está especializado en investigaciones relativas a la corrupción judicial, que causa estragos en la zona. El Jurado Electoral Especial de San Martín ha condenado al diario como consecuencia de la publicación de un sondeo electoral. Es norma que ese tipo de investigaciones se registren inicialmente en ese Jurado, antes de difundirse. A causa de esa falta a la ley, el juez administrativo condenó al diario, el 11 de abril, a pagar una multa de 25.000 euros. Según la asociación peruana de defensa de la libertad de prensa IPYS (Instituto Prensa y Sociedad), que ha revelado la información, si bien el juez ha recordado como es debido el principio del respeto a la ley de procedimiento administrativo general, ha omitido aplicar el principio de racionalidad. Un principio que supone conciliar, de forma satisfactoria, el efecto esperado de la sanción en el marco del interés público y las consecuencias de la sentencia sobre la situación del condenado. Porque, la multa impuesta a Aldía no tiene en cuenta los medios económicos de que dispone el diario. El juez no ha tenido en cuenta el perjuicio que su decisión puede causar al funcionamiento, y a la continuidad del joven medio de comunicación.