Algunas disposiciones de la Ley de transparencia y acceso a la información pública amenazan al derecho a la información

Reporteros sin Fronteras ha expresado su preocupación porque la Ley de transparencia y acceso a la información pública, promulgada el 3 de agosto de 2002, contiene algunas disposiciones que podrían restringir al derecho a la información y limitar la libertad de prensa. "Es una pena que el innegable avance que supone la ley, en relación con la fiscalización de la gestión gubernamental por los ciudadanos, se vea reducido a nada por algunas disposiciones del texto" ha declarado Robert Menard, secretario general de Reporteros sin Fronteras, en una carta dirigida al presidente del Congreso, Carlos Ferrero Costa. Lamentó particularmente que el carácter de "secreto de Estado" de las informaciones sean definidas por el Consejo de Ministros, y no por la Ley. La organización ha pedido a Carlos Ferrero Costa que el texto se modifique, en este sentido. La Ley de transparencia y acceso a la información pública fue aprobada en el Congreso, por unanimidad, el 10 de julio de 2002, y promulgada el pasado 3 de agosto de 2002. Según el artículo 15 de este texto, es el Poder Ejecutivo quien, "a través de un acuerdo adoptado por la mayoría del número legal de los miembros del Consejo de Ministros", determina cuales son las informaciones clasificadas como "secretas", por un plazo de cinco años. El Consejo de la prensa peruana (CPP) había propuesto que la última palabra la tuviera el Poder Judicial. En un comunicado del pasado 6 de agosto, esta organización afirmó que la ley "(atenta) contra el derecho ciudadano a la información y (legitima) la cultura del secreto en Perú". Por otra parte, mientras la ley defiende el respeto de la privacidad, el CPP lamentó que no reconozca la primacía del interés público en algunos casos. En este momento, el CPP está elaborando una solicitud de revisión de la Ley, junto con la vicepresidencia del Congreso y varios diputados.