Acoso, exilio, encarcelamientoUn centenar de periodistas independientes frente al Estado

Septiembre 2000 Introducción
En Cuba, donde no deja de ejercerse el control sobre la información difundida a la población, hay un centenar de periodistas independientes, asimilados a "contrarrevolucionarios" por las autoridades; que son una de las dianas privilegiadas de la represión, en un momento en que Internet otorga una mayor audiencia potencial a sus trabajos. Desde 1997, se han condenado a cinco de ellos a penas comprendidas entre seis meses y seis años de prisión y se ha señalado más de un centenar de detenciones. Son con frecuencia objeto de acusaciones, agresiones, decomisos de su material, residencias vigiladas, presiones sobre sus familias, amigos o contactos, intentos de descrédito o de división. Al 1 de septiembre de 2000, había tres periodistas que seguían encarcelados. La disminución relativa del acoso que sufren todos los "opositores" después de la visita del papa en enero de 1998 sólo duró un año y las intervenciones ante el gobierno cubano por parte de varios jefes de Estado o de gobierno (reunidos en La Habana en noviembre de 1999 en la cumbre iberoamericana) a favor de la democratización del régimen apenas tuvieron efecto. Las libertades de expresión, de prensa, de reunión y asociación siguen sin tener derecho de ciudadanía . Sin embargo, las filas de periodistas independientes siguen creciendo, a pesar de las numerosas partidas para el exilio, voluntarias o forzosas, y pese a las condiciones particularmente difíciles en que trabajan estos profesionales de la información. Según noticias recogidas por Reporteros Sin Fronteras (RSF), actualmente hay algo más de cien, cuando a comienzos de los años noventa sólo eran unos cuantos. Antiguos profesionales de los medios oficiales (cesantes voluntarios u obligados), del sector de la comunicación (redactores, traductores, archivistas, bibliotecarios, etc.), del mundo de la educación o simples técnicos, estos periodistas trabajan en La Habana y también en provincias, donde el acoso policial es más intenso. La mayoría de ellos trabajan en agencias. La primera la creó en 1988 Yndamiro Restano Díaz (Asociación de Periodistas Independientes de Cuba, que pasó a llamarse en 1992 Agencia de Prensa Independiente de Cuba, APIC, y que sigue activa). Hoy en día son dieciocho , habiendo cuatro de ellas en provincias, sin tener en cuenta las agencias que difunden información por cuenta de actores sociales, como agricultores, pedagogos o sindicatos independientes. Algunas tienen una decena de colaboradores con los corresponsales provinciales (Cuba Press, Cooperativa de Periodistas Independientes, Centro Norte del País, por ejemplo) y otras dos o tres. Unos diez periodistas trabajan fuera de las agencias, principalmente en la capital. RSF envió a Cuba a la periodista francesa Martine Jacot entre el 10 y el 17 de agosto de 2000. Se encontró con una docena de periodistas independientes, en Ciego de Ávila y en La Habana, y también con las familias de dos de los tres periodistas actualmente encarcelados. El 17 de agosto, cuando iba a regresar a Francia, fue detenida e interrogada durante una hora y media en el aeropuerto de La Habana, por seis miembros de las fuerzas de seguridad, que le sacaron una videocámara, dos vídeos y documentos. Pese a los reiterados pedidos de RSF, no se devolvió a la organización el material embargado. Internet acude en su ayuda
Los periodistas independientes, profesionales veteranos, formados por sus colegas o autodidactas, tienen ahora nuevas posibilidades potenciales gracias a las nuevas tecnologías, a las que personalmente no tienen acceso. La creación en los países occidentales de Sitios Internet que reciben las noticias que transmiten de Cuba (por teléfono generalmente, por fax cuando tienen uno) ha ampliado el campo de difusión de las informaciones que no pueden publicar en su propio país. También ha aumentado el número de sus contribuciones (telefónicas) a emisoras de radio extranjeras, por lo general relacionadas con el exilio. Como no tienen acceso directo a las fuentes oficiales y son expulsados de las ruedas de prensa gubernamentales cuando se presentan, sus informaciones las recogen ante todo de aquellos que en la sociedad cubana están descontentos: opositores, defensores de libertades, funcionarios (hartos de constatar que cualquier información negativa para el régimen - política, económica, social o medioambiental - es silenciada en los medios cubanos de información), empleados de empresas extranjeras, o el hombre de la calle. La población, racionada desde hace cuarenta años, sometida desde 1991 aún a más restricciones, fecha en que empezó el "periodo especial en tiempo de paz" consecutivo al agotamiento de la mana del desaparecido Bloque del Este, no aprecia la "dolarización" creciente de la economía cubana cuando no tiene acceso a los billetes verdes. Hechos como la detención de un opositor al régimen en Cuba, un movimiento cualquiera de humor de la población o un intento de organización de la sociedad civil, que antaño no se conocían en el extranjero, por lo menos durante algún tiempo, son comunicados ahora rápidamente. Estas informaciones y también otros análisis más globales son escuchados en la propia Cuba por aquellos que captan radios internacionales extranjeras, en primer lugar Radio Martí (financiada desde 1982 por el Congreso norteamericano para emitir hacia la isla). La interferencia de estas radios en la isla es muchas veces bastante deficiente. La nueva "ley mordaza"
Las autoridades cubanas se han procurado un nuevo instrumento legislativo tendente a amordazar esos periodistas independientes e impedir las actividades disidentes, dudando, sin embargo, en aplicarlo, cuando varios Estados de la Unión Europea imponen, en el marco de la Convención de Lomé, la forma de mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba como condición para aumentar los intercambios comerciales que realmente está necesitando Cuba como consecuencia del embargo norteamericano. La ley "88" fue promulgada en febrero de 1999 y rápidamente se le llamó "ley mordaza" en los medios disidentes. Es una espada de Damocles sobre toda persona que "colabora, por cualquier vía con emisoras de radio o televisión, periódicos, revistas u otros medios de difusión extranjeros" o que "suministre infomaciones" consideradas capaces de ser favorables a la política norteamericana. Las penas que incurre son muy graves: hasta veinte años de prisión, confiscación de todos sus bienes personales y multas que pueden llegar hasta 100.000 pesos (unos 4.800 dólares, sabiendo que el salario medio en la isla es de 250 pesos, o sea, 12 dólares al mes). Este texto, del que ningún tribunal aún hizo uso por el momento, también castiga "la promoción, la organización, el fomento o la participación en reuniones o manifestaciones". "Los periodistas independientes son mercenarios: el Imperio (americano) los paga, los organiza, los instruye, los entrena, los arma, los camufla y les ordena disparar contra su propio pueblo", comentó el diario de las juventudes comunistas Juventud Rebelde después de votar el texto, recogiendo así la declaración de Tubal Paez, presidente de la Unión de periodistas cubanos (organización oficial). Para ejercer, sus 2000 miembros, aproximadamente, tuvieron que comprometerse a ser "leales a los principios y valores de la revolución y del socialismo". En Cuba, todos los medios de comunicación son "propiedad estatal o social". La prensa escrita (principalmente, los diarios Granma, órgano oficial del Partido comunista, y Juventud Rebelde, el semanario Trabajadores de los sindicatos oficiales o la revista Bohemia), las radios nacionales o regionales, así como los dos únicos canales televisivos del país difunden artículos o reportajes seleccionados, revisados o corregidos según los intereses ideológicos del régimen. A principios de agosto de 2000, un locutor de Radio Morón, pequeña emisora del centro de la isla, fue despedido por haber leído en la radio un poema de Raúl Rivero (fundador y director de la agencia Cuba Press). Estos medios dedican además una parte importante de sus reducidas columnas o de su tiempo de antena limitado (seis horas al día durante la semana para cada canal, y quince horas al día en fin de semana) a los discursos del presidente Fidel Castro y a la propaganda oficial. La población no tiene acceso a otras fuentes de información, con excepción de las radios extranjeras insuficientemente interferidas. Tres periodistas encarcelados
Los cinco periodistas independientes que fueron juzgados y condenados a penas de prisión desde 1997 no fueron acusados claramente por haber divulgado informaciones sin imprimatur, sino por otros delitos. Actualmente, siguen detenidos tres condenados, considerados todos presos de opinión por Amnestía Internacional. Bernardo Arévalo Padrón: malos tratos y huida al exilio sin autorización
Fundador de la agencia de prensa Línea Sur Press en octubre de 1996 en Aguada de Pasajeros (población situada a 140 km al sur de La Habana, en la provincia de Cienfuegos), Benardo Arévalo Padrón, de 35 años de edad, fue detenido el 18 de noviembre de 1997 y condenado por el tribunal de apelación el 28 del mismo mes a seis años de cárcel por "desacato" al presidente Fidel Castro y al vicepresidente Carlos Lage, en virtud el artículo 144 del Código penal cubano. Este antiguo empleado de ferrocarriles había declarado en las ondas de una radio extranjera que los dos dirigentes cubanos eran unos "mentirosos", después de haberlos acusado de no haber respetado los compromisos democráticos firmados en una Cumbre iberoamericana anterior. En una carta abierta dirigida al jefe del Estado cubano con fecha del 19 de diciembre de 1998, el prisionero escribió que considera su sentencia "injusta y excesiva (…) porque en ningún otro país civilizado se condena a un opositor por calificar publicamente de mentiroso al gobernante". Poniendo el acento en su "admiración" por el "combate contra la dictadura de Fulgencio Batista", llevado a cabo por Fidel Castro en los años 50, Bernardo Arévalo Padrón recordó que éste se había beneficiado de a amnistía cuando él mismo era preso político. "A finales de 1988, decidí oponerme a Ud, pacíficamente", continuó el detenido, que reclamó (en vano hasta ahora) que le permitan ir a España, país que le habría otorgado un visado. En la cárcel de alta seguridad de Ariza donde fue primeramente encarcelado, el periodista fue maltratado y golpeado el 23 de abril de 1998, por dos agentes de seguridad que le acusaban de repartir octavillas por los pasillos de la cárcel. Resultando herido en la cabeza y víctima de trastornos de memoria como consecuencia de esta agresión, lo pusieron luego en "celda de castigo para su seguridad porque podría ser agredido de nuevo o incluso asesinado por detenidos de derecho común" explicaron las autoridades de la prisión a su esposa Libertad. El 15 de mayo de 1999 fue traslado al "campo de trabajo número 16" situado cerca de la cárcel de Ariza. Al católico, privado de asistencia religiosa, que es Bernardo Arévalo, su jefe de detención (también encargado de su "reeducación") le amenaza regularmente con ser enviado a las celdas de Ariza, acusándole de no cumplir sus "cuotas" de desyerba o corte de caña, trabajos que le fueron asignados. Su esposa pudo llevarle herramientas para afilar su macheta, porque no las tienen en el campo. Desde mayo de 2000, tiene derecho a una visita de su familia cada 21 días y una visita "matrimonial" cada mes (una noche con su esposa en el campo, en una habitación con las paredes de bambú que dejan pasar la luz y las miradas indiscretas). No está autorizado a ver ni a entrar en contacto con sus amigos. Según la ley cubana, tenía que serle permitido visitar a su familia cada 21 días, en particular a su madre de edad avanzada y enferma. A una de las numerosas tramitaciones de petición efectuadas por RSF para su liberación, el ministro cubano de relaciones exteriores, Felipe Pérez Roque, contestó por escrito, el 17 de abril de 2000, que Bernardo Arévalo "se asoció desde 1991 a grupos contrarrevolucionarios con la intención de ejecutar acciones violentas (…) aunque está sancionado por desacato". Jesús Joel Díaz Hernández: un proceso por "peligrosidad social" para que sirva de ejemplo
Para Odencio Díaz, padre de este joven de 26 años, lo más insoportable es ese "sentimiento de impotencia ante una justicia que fabrica acusaciones infundadas y se niega a oír testigos". Este antiguo miembro del Partido comunista está convencido de que su hijo fue llevado a prisión para impedirle transmitir sus artículos al extranjero, en la agencia Pátria, en la que colaboraba desde 1995, y después en la Cooperativa avileña de periodistas independientes (CAPI) que había fundado en diciembre de 1998, en Ciego de Ávila (300 km al este de La Habana). Fue detenido el 18 de enero de 1999, a las 6 horas de la mañana en el domicilio familiar de la población de Morón y acusado de "peligrosidad social". El Código penal cubano, en su artículo 73, designa así a "quien quebranta habitualmene las reglas de convivencia social mediante actos de violencia (…), perturba el orden de la comunidad, o vive como un parasito social, del trabajo ajeno o explota o practica vicios socialmente reprochables". En el proceso que se celebró el día siguiente de su detención, Jesús Joel Díaz Hernández fue acusado de haber dejado de trabajar para el Estado desde 1996 (lo habían despedido ese año, afirma su familia, del empleo que tenía en el Instituto nacional de recursos hidráulicos de Morón, porque se le reprochaba el militar por la defensa de los derechos humanos desde 1993). Se le culpó además por haber "ingerido bebidas alcohólicas que lo volvieron agresivo" y lo pulsaron a provocar a sus vecinos, así como por haber "puesto música a alto volumen". La defensa de su abogado fue rápidamente interrumpida por el presidente. No se convocó a ningún testigo de descargo para que se expresase durante las pocas horas de la audiencia pública. El reo fue condenado a "cuatro años de internamiento en un establecimiento especializado de trabajo". Desde entonces está preso en la cárcel de Canaleta, no lejos de Morón; la provincia de Ciego de Avila no tiene estos establecimientos, según las autoridades penitenciarias. Después de dictada la sentencia, se recurrió la misma y el detenido inició una huelga de hambre que lo llevó en "celda de castigo" (calabozo). El 22 de enero de 1999, cuando su familia estaba visitándolo, se enteró de que se estaba celebrando la primera audiencia del recurso de apelación. No lo convocaron y el abogado de la familia fue sustituido por un abogado nombrado de oficio. El 27 de enero se le informó al detenido en su celda que su recurso fuera denegado. Sus padres abrieron entonces una demanda de revisión del proceso, presentando a principios de febrero testimonios escritos de cinco vecinos en los que se atestigua (ante notario) que Joel nunca fue conocido por abuso de alcohol ni por trastorno del orden público de ninguna índole. Estos trámites quedaron sin la más mínima respuesta. Las autoridades cubanas sostienen incluso que desde entonces no ha habido ningún recurso a la sentencia inicial. Jesús Joel Díaz Hernández denuncia sus muy malas condiciones de encarcelamiento (con detenidos de derecho común). Para eliminar pulgas, insectos y roedores que infestan los calabozos, dice, las autoridades penitenciarias proceden a fumigaciones sin sacar los detenidos de las celdas. Cuando éstos protestan, se les administran sedativos. También denuncia la ausencia de asistencia médica. En junio de 2000, sus padres, tras haber quedado autorizados desde hace poco a visitarle cada 21 días, tuvieron que sacar clandestinamente de la cárcel una muestra de su orina para poder establecer un diagnóstico de hepatitis viral en un laboratorio de la región para que pudiera recibir los cuidados sanitarios adecuados. Por tanto, estaba sufriendo de mucha fiebre desde hacia ya algún tiempo. "Joel Díaz es un delincuente (de derecho) común que se vinculó con otros elementos antisociales que practicaban el tráfico de drogas, el proxenetismo, el contrabando de personas y el hurto de ganado". Escribió el 17 de abril de 2000 el ministro cubano de relaciones exteriores, Felipe Pérez Roque. En los documentos entregados al detenido no figura ninguna de estos cargos de acusación. Joel Díaz y su familia estiman que, a través de este proceso "expeditivo" y la grave sentencia dictada, las autoridades quisieron dar un golpe rápido y "que sirva de ejemplo", con el fin de disuadir la juventud local a lanzarse o persistir en el periodismo independiente. Manuel Antonio González Castellanos: de una provocación al "cementerio de vivos"
Periodista profesional, corresponsal de la agencia Cuba Press en Holguín (Este de Cuba), Manuel Antonio González Castellanos, de 43 años de edad, regresaba en la noche del 1 de octubre de 1998 a su domicilio donde vive en particular su madre, hija de Lidia Doce, la célebre "mensajera del Che", durante la revolución. Detenido y provocado por un funcionario del ministerio del Interior y por dos agentes de la seguridad del Estado, el periodista se sulfuró y terminó responsabilizando a Fidel Castro personalmente por este acoso incesante. Manuel Antonio González Castellanos fue acusado inmediatamente de "desacato" al Presidente. Sin noticias de él, a su familia le quitaron la línea telefónica al día siguiente, mientras en el exterior se desarrollaba a grandes redobles de tambor un "acto de repudio" (miembros del Partido comunista que se atropan para gritar insultos o echar piedras). Leonardo Varona González, sobrino del detenido y corresponsal de la agencia Santiago Press, fue detenido por haber protestado contra la detención de su tío escribiendo "¡Abajo Fidel!" en los muros de la casa familiar. Fue condenado el 6 de mayo de 1999 a dieciséis meses de detención (fue liberado en enero de 2000) y su tío a una pena de treinta y un mes de prisión. Dos meses después de su proceso, Manuel Antonio González Castellanos fue trasladado a la cárcel de alta seguridad "Cuba sí" de Holguín, llamada "cementerio de vivos" por las indignas condiciones de detención que allí reinan. Desde entonces está sufriendo de problemas respiratorios que persisten a pesar de su traslado a otra cárcel de la provincia. Estuvo obligado a dormir incluso en el suelo durante varios días. El 26 de junio de 2000, protestando porque le habían confiscado sus notas de trabajo en su celda, el detenido fue objeto de golpes y le enviaron en celda de castigo durante diez días. Su familia, acosada sin cesar, teme que sus problemas respiratorios no se traduzcan en tuberculosis, enfermedad que padecen muchos prisioneros del mismo penitenciario. Sobre su caso, el ministro de relaciones exteriores escribió el 17 de abril de 2000, que se le había condenado por "provocar sérias alteraciones al orden público". Acusados de "propaganda enemiga"
Otros periodistas que se les dejaron en libertad vigilada están esperando su proceso, a veces desde hace varios años. Además del "desacato" al presidente y la "peligrosidad social", los cargos de acusación más corrientes que se les oponen son los siguientes: - "Asociación ilícita". La mayoría de las agencias de prensa han presentado desde 1995 solicitudes de legalización de sus estatutos dirigiéndose para ello al Ministerio cubano de Justicia, conforme a lo previsto por la Constitución del país. Ninguna de ellas recibió la más mínima respuesta. - "Propaganda enemiga" o "colaboración con el enemigo". Estos delitos que existían antes de la adopción de la ley 88, apuntan a colaboraciones con radios norteamericanas. - "Espionaje". Este delito se antepone a menudo cuando hay periodistas que han tomado contacto, para pedir visado, con la Sección de intereses norteamericanos de La Habana. - "Difusión de noticias falsas". Entre los reos, José Edel García Diaz, 55 años, director de la agencia Centro Norte del País (CNP) está esperando su proceso por cinco delitos ("desacato", "asociación ilícita", "colaboración con el enemigo", "difusión de noticias falsas" y "espionaje") y Oswaldo de Céspedes, ex médico de hospital, director adjunto de la agencia Cooperativa de periodistas independientes (CPI), está acusado desde 1995 de "asociación ilícita" y de "propaganda enemiga". En común tienen el haber escrito artículos sobre temas "sensibles" como la contaminación, la energía nuclear y los peligros de radioactividad o sobre las nuevas epidemias. Segunda parte