La despenalización de los delitos de prensa, así como la existencia de una legislación que regula la radiodifusión de los medios de comunicación comunitarios y garantiza el acceso a la información crean en Uruguay un ambiente propicio para el trabajo de los periodistas. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en diciembre de 2014, favorece el pluralismo de la prensa y permitió la creación de un Consejo de Comunicación Audiovisual independiente del poder ejecutivo. Aunque la situación es favorable, durante el mandato de Tabaré Vázquez (2015-2020) RSF registró casos de periodistas que sufrieron amenazas, intimidaciones y presiones políticas cuando investigaron casos delicados en los que estaban implicados funcionarios de la presidencia de la República; los periodistas de investigación también padecieron presiones judiciales.