Uruguay es un modelo en lo que se refiere a la libertad de información. En el país se despenalizaron los delitos de prensa. La legislación y los organismos que regulan los medios de comunicación comunitarios y el acceso a la información garantizan un ambiente de trabajo propicio para los periodistas. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en diciembre de 2014, favorece el pluralismo de los medios de comunicación y permitió la creación de un Consejo de Comunicación Audiovisual independiente del poder Ejecutivo. No obstante, en 2016 RSF registró casos de amenazas, intimidaciones y presiones políticas contra periodistas que cubrían temas delicados, casos en los que estaban implicados miembros de la presidencia de la República.