La despenalización de los delitos de prensa, la existencia de una legislación que regula la radiodifusión de los medios de comunicación comunitarios y garantiza el acceso a la información crea en Uruguay un ambiente propicio para el trabajo de los periodistas. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en diciembre de 2014, favorece el pluralismo de los medios de comunicación y permitió la creación de un Consejo de Comunicación Audiovisual independiente del Poder Ejecutivo. A pesar de este contexto favorable, en 2016 RSF registró casos de amenazas, intimidaciones y presiones políticas contra periodistas que cubrían temas delicados o asuntos en los que estaban implicados miembros de la presidencia de la República. En 2017 periodistas de investigación padecieron presiones judiciales y la periodista Isabel Prieto escapó por poco a un intento de asesinato.