Se frena la plena aplicación de la ley SCA in extremis: “un revés sorprendente”

El grupo Clarín logró en el último momento, el 6 de diciembre de 2012, que se prorrogara el plazo de cesión de una parte de sus licencias de difusión, que le impone la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) o Ley de Medios. La Cámara Civil y Comercial Federal prolongó la suspensión de la aplicación del artículo 161 de la nueva ley, retrasando así la plena entrada en vigor de ésta –que inicialmente se preveía para hoy, 7 de diciembre, a media noche (hora local)– hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo, respecto a su constitucionalidad. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) anunció que recurrirá hoy mismo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que intervenga y revise el fallo que determinó dicha suspensión. “La decisión de la Cámara Civil y Comercial Federal es aún más sorprendente puesto que contradice otra suspensión de la SCJN, jurisdicción suprema, con fecha del 28 de noviembre pasado, que negaba una solicitud idéntica del grupo Clarín. Este golpe de efecto no cambia en nada nuestra posición de fondo a favor de la ley, a pesar del riesgo de que se agrave una situación de tensión, perjudicial para todos los periodistas y productores de información”, declaró Reporteros sin Fronteras. ______________ 06.12.12 - Pluralismo de los medios de comunicación: “una legislación positiva en un clima polarizado” El 7 de diciembre de 2012 estará marcado por la plena entrada en vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), también conocida como “Ley de Medios”. Reporteros sin Fronteras reitera su apoyo a los principios generales de esta ley y aprueba su aplicación. Sin embargo, la organización lamenta que ésta aparezca en medio de un clima perjudicial para los mismos periodistas, provocado tanto por el gobierno como por los grupos de prensa hostiles a la ley –Clarín a la cabeza–. La SCA no debería haberse convertido en rehén de la actual polarización del país. El 7 de diciembre vence el recurso legal que el grupo Clarín interpuso hace más de un año contra la ley SCA, por inconstitucionalidad. Este recurso –cuya prolongación, solicitada por Clarín, fue negada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 28 de noviembre pasado– suspendía la aplicación de dos disposiciones claves de la nueva ley: - una (artículo 45) limita la concentración de los medios de comunicación (reduce la cantidad de frecuencias de radio abiertas (hertzianas) que puede concederse a un mismo grupo de medios de comunicación e impide que éste pueda ser a la vez, en la misma localidad,  concesionario de un canal abierto y propietario de una empresa de producción y distribución televisual por cable). - la otra (artículo161) obliga a que los principales grupos de medios de comunicación cedan a plazos algunos canales de radio y televisión –incluidos los de cable y vía satélite–, en nombre de la desconcentración del espectro audiovisual. Así, a partir del 7 de diciembre los grupos de medios de comunicación nacionales o extranjeros que desempeñen su trabajo en Argentina deberán ceder una parte de sus licencias. De lo contrario, éstas serán retomadas por el gobierno, quien a través de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), encargada de aplicar la ley, hará un llamado para subastar las licencias. Las razones del apoyo Por invitación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Reporteros sin Fronteras participó en noviembre de 2008 en Buenos Aires, en los debates preliminares sobre la futura legislación destinada a remplazar la Ley de Radiodifusión de 1980, heredada de la dictadura militar (1976-1983). Estos debates se llevaron a cabo en presencia de Relatores Especiales de la ONU y de la OEA para la Libertad de Expresión, quienes expresaron su apoyo a la nueva ley, aprobada por una amplia mayoría en el Congreso de la Nación en septiembre y octubre de 2009. Reporteros sin Fronteras considera que la ley SCA constituye un modelo en al menos tres puntos: - Esta ley es la primera en su género que reserva 33% de las localizaciones radioeléctricas planificadas, en todas las bandas de radiodifusión sonora y de televisión terrestres, en todas las áreas de cobertura, para las organizaciones sin fines de lucro. Se trata de una garantía importante de igualdad y pluralismo. Esta regla ha inspirado otras legislaciones y proyectos de ley en el continente, por ejemplo, en Ecuador y Bolivia. - La SCA procura un verdadero lugar a las radios y televisiones comunitarias, que abundan en América Latina pero que con frecuencia son discriminadas y excluidas del espacio de difusión en numerosos países. Sólo Uruguay precedió a Argentina con una ley adoptada en 2007 que daba un estatuto real, garantía de independencia, a esas voces de la sociedad civil. Se ganaría sin duda si se incluyera un estatuto de la misma naturaleza en la ley SCA. - La ley SCA no busca en ningún caso controlar o censurar la información difundida, sólo establece la obligación de una cuota de producción audiovisual nacional de 60%. Una disposición como ésta, en vigor en numerosos países, no contraviene en nada la libertad de informar. Enfrentamientos contraproducentes La defensa de la libertad de prensa o de información no debe confundirse con la defensa de intereses comerciales. En nuestra opinión, el grupo Clarín ha cometido el error de luchar contra la ley SCA manteniendo intencionalmente esta confusión. Asimismo, Reporteros sin Fronteras rechaza la versión de que la ley SCA habría sido adoptada sólo con el objetivo de desarmar o, peor aún, de destruir al principal grupo de prensa del país. Diez años de tensiones, en ocasiones fuertes, entre los gobiernos Kirchner y una parte de la prensa privada, no han llevado nunca a este extremo y de ninguna manera la ley SCA prevé este caso particular. Del mismo modo, Reporteros sin Fronteras reprueba los repetidos obstáculos registrados en la distribución de los diarios Clarín y La Nación, interceptados a la salida de las imprentas. En contraparte, la organización considera que el mismo gobierno de Cristina Kirchner ha complicado las condiciones de aplicación de la ley que intentaba promover. En cuestión: el claro incremento de la cantidad de publicidad oficial destinada a subvencionar grupos de prensa favorables a su política. Incluso si esto no ha afectado las ganancias del grupo Clarín (9,7 mil millones de pesos en 2011 –1,6 mil millones de euros–, 25% más respecto a 2010), ni ha modificado la audiencia global de los medios de comunicación, el maná de la publicidad oficial no debería otorgarse de manera discrecional o según criterios ideológicos legalmente inaceptables, como acaba de confirmarlo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el 4 de diciembre emitió un fallo favorable a la Editorial Perfil (en su reclamo contra el Estado por discriminación en la distribución de publicidad oficial en los medios). Esta situación, denunciada ante Reporteros sin Fronteras por algunos observadores –quienes no obstante defienden la SCA– no deja de provocar dudas sobre las intenciones de los promotores de esta legislación y no hace sino alimentar un clima de “guerra mediática”, poco acorde con las intenciones de la nueva ley. Más deplorable aún, por desgracia, es el enfrentamiento directo de medio contra medio, de periodista contra periodista, que caracteriza esta situación de polarización. Vindictas públicas, estigmatización de los colegas según el medio de comunicación para el que trabajan, acusaciones mutuas de “desestabilización” o de “incitación a la violencia” –como las proferidas recientemente por Clarín contra seis periodistas de medios de comunicación públicos– minan a la vez el debate público y la solidaridad profesional. Un Estado imparcial y que garantiza la paz pública debe, a nuestro entender, mantenerse al margen de estas polémicas y dejar de utilizar los medios de comunicación públicos para oponerse sistemáticamente a la prensa privada, también en parte responsable. Bajo esta perspectiva, la creación de nuevas reglas de transparencia en la comunicación oficial y el voto de una ley de acceso a la información pública podrían completar útilmente el dispositivo emprendido con la ley SCA. La igualdad y el pluralismo de los soportes informativos no serán posibles si no se comparte la información misma.