Represión de radios comunitarias en el estado de Oaxaca

Reporteros sin Fronteras condena la represión de la que son víctimas varias radios comunitarias en el estado Oaxaca, por parte de empresas trasnacionales y del gobierno local. Estos medios de comunicación se oponen al proyecto de construcción de un gigantesco parque eólico en el Istmo de Tehuantepec, a cargo de las compañías Mareña Renovables y Gas Natural Fenosa, y denuncian que no se consulto de manera previa a las comunidades indígenas de la zona. El conflicto local se intensificó estos últimos días. El 4 de abril de 2013, Carlos Sánchez Martínez, periodista de Radio Totopo, fue arrestado y agredido físicamente por agentes de la policía del estado; aún se encuentra detenido. Su caso es representativo de la persecución que sufre este medio de comunicación comunitario, que desde hace varios meses ha desempeñado un papel central en la defensa de los pueblos indígenas y la oposición al proyecto eólico. Días antes, Radio Totopo fue blanco de ataques y el 26 de marzo el gobierno de Oaxaca desmanteló y confiscó su equipo. Lo que le ocurre a esta radio está lejos de ser un caso aislado, ya que otros medios de comunicación que informan sobre el conflicto local también son víctimas de persecuciones desde hace varios meses. El 20 de marzo de 2013 un periodista de Radio Xadani, Filiberto Vincente Aquino, recibió amenazas de muerte tras acudir a una rueda de prensa sobre la oposición al parque eólico. Al día siguiente, varios periodistas fueron retenidos por policías municipales en San Mateo del Mar; fueron liberados horas más tarde. Entre ellos estaban: Ignacio Garrido y Karina Martínez, de Radio Voces de los Pueblos; Rosa Rojas, del diario La Jornada; el fotógrafo Francisco Olvera, así como David Henestrosa y Eliseo Ramírez. Por otra parte, a Radio Huave –que desde hace más de diez de años denuncia los impactos del megaproyecto eólico– también le robaron su equipo de transmisión en estos últimos días. Reporteros sin Fronteras hace un llamado al gobierno de Oaxaca y a las empresas trasnacionales para que cesen esta campaña de criminalización de las radios comunitarias y respeten su trabajo. Estos medios de comunicación –que ya han demostrado su papel en la defensa de los derechos de las comunidades locales– no hacen sino informar sobre el conflicto que tiene lugar en la zona. La organización también pide a las autoridades que respeten sus compromisos relativos a los derechos de los pueblos indígenas, como lo estipula en Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por México en 1990, así como el artículo 2 de la Constitución Federal. La seguridad de los periodistas en México, donde Reporteros sin Fronteras llevó a cabo una misión en el pasado mes de marzo, es aún muy preocupante, en particular en los estados del norte y el este del país, donde los medios de comunicación en línea y los blogs se ven muy afectados. En ese sentido, Reporteros sin Fronteras se asombra de que la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos haya otorgado el 2 de abril pasado al gobernador del estado de Veracruz un premio destinado a recompensar sus supuestos “esfuerzos para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión”. Cinco periodistas fueron asesinados en Veracruz en 2012, muchos huyen de la región, donde prevalece la completa impunidad.