La televisión sigue siendo la principal fuente de información, pero los medios digitales tienen cada vez más importancia. No obstante, cabe distinguir entre las redacciones de medios digitales profesionales, que emplean a periodistas y publican contenidos propios, y los perfiles personales que copian y plagian contenidos. También hay una gran diferencia entre el consumo y la confianza: los canales de televisión más vistos tienen un bajo índice de fiabilidad.

El contexto general del país sigue siendo más bien favorable a la libertad de prensa, aunque las instituciones son poco transparentes y los ataques políticos contra el periodismo crítico son cada vez más frecuentes. Debido a la fuerte polarización política de la sociedad, los medios pueden ser objeto de presiones por parte de las autoridades, los políticos y los empresarios, tanto a nivel nacional como local. Los dos principales partidos en el poder y en la oposición han creado un sistema paralelo de medios leales, sobre los que ejercen su influencia política y económica. El ente público de radiotelevisión no tiene independencia editorial ni financiera. 

Mientras que la Constitución garantiza la libertad de expresión y prohíbe la censura, el país está rezagado en materia de armonización de la legislación sobre los medios según las normas de la Unión Europea, a la que, sin embargo, quiere adherirse. Las acciones judiciales abusivas o “procesos mordaza” (SLAPP) sirven como instrumento de presión hacia los medios independientes. En 2023, la condena por difamación del medio IRL por una investigación de interés general ha sentado un peligroso precedente. Una nueva ley para volver a autorizar la publicidad institucional de las autoridades nacionales y locales en los medios privados ha suscitado preocupación acerca del tráfico de influencias ligado a esta práctica. 

Aunque la ley prohíbe determinados tipos de concentración de medios, las redacciones de algunas grandes cadenas de televisión están expuestas a las presiones económicas por parte de sus propietarios. Las ayudas estatales son limitadas y opacas, y los medios independientes dependen, en gran parte, de los donantes. Las ayudas financieras extranjeras, orientadas hacia proyectos específicos, contribuyen a la mera supervivencia, pero no al desarrollo, y el oficio de periodista sigue siendo muy precario. Existe un tráfico de influencias entre las agencias de marketing y ciertos medios. 

A pesar de que el periodismo trabaja en un entorno cultural y socialmente exento de restricciones, las redes sociales e Internet, en general, favorecen la difusión de desinformación y ciberamenazas. Unidas a una normativa profesional poco exigente, han deteriorado la confianza pública en los medios y abierto la vía a los ataques  contra los periodistas, bajo criterios de género, etnia o religión. 

Los periodistas son objeto de ataques verbales regulares. Además, pueden verse expuestos a acciones judiciales y procesos abusivos (“procesos mordaza”, o SLAPP), bajo el pretexto de la protección de  secretos de Estado y de datos personales. No obstante, los tribunales tienden a defender la libertad de prensa y a proteger a los periodistas. En la capital, se ha nombrado a un fiscal especial para tratar los casos de agresiones a periodistas, y se está estudiando la apertura de oficinas similares en el país.