En un país donde la censura es omnipresente, Internet constituye el principal espacio alternativo para la opinión pública. Debido a ello, los periodistas-ciudadanos son uno de los principales blancos de las autoridades del país, que cuenta con cuatro millones de habitantes y está bajo la autoridad del sultán Qabus bin Said al Said desde hace 45 años. Los periodistas-ciudadanos suelen ser acusados de insulto al jefe de Estado, a la cultura o la moral y las buenas costumbres del país; de incitar a manifestaciones ilegales o de perturbar el orden público, por lo que a menudo son detenidos –en ocasiones los retienen en lugares secretos y son condenados a largas penas de prisión–. La prensa independiente también es reprimida por el gobierno cuando aborda temas delicados, como la corrupción en el área de justicia. En 2016 los pocos diarios independientes críticos que había en el país –Azamn, Al-Balad y la revista en línea Al-Mowaten– fueron cerrados por la fuerza por las autoridades o debieron suspender sus actividades debido a las presiones políticas. En 2017 el gobierno mantuvo cerrado Azamn, a pesar de que una corte de apelación había ordenado a finales de 2016 que el medio de comunicación volviera a funcionar.