La protección de los periodistas será un gran desafío para el futuro presidente de México

Presidente de la República, senadores, diputados federales y gobernadores de nueve estados: este 1 de julio de 2018 se elegirá en México a gran número de dirigentes políticos. El presidente saliente, Enrique Peña Nieto (2012-2018), dejará el poder sin haber frenado la corrupción y la violencia que gangrenan al país. Durante su mandato –manchado por al menos 39 asesinatos de periodistas y más de mil agresiones a reporteros, un récord en la historia del país–, la situación de la libertad de prensa no ha dejado de deteriorarse.

En lo que va 2018 cinco periodistas han sido asesinados; en 2017, 11 perdieron la vida. Así, México es por segundo año consecutivo el segundo país más mortífero del mundo para prensa, justo después de Siria (donde 12 reporteros murieron en 2017) y Afganistán (11 asesinatos en 2018), países que oficialmente se encuentran en guerra. Un fracaso que hace que recaiga una gran responsabilidad sobre el futuro presidente y su equipo gubernamental.  

Poco se habló de la libertad de prensa en los debates durante las campañas electorales

El tema de los derechos humanos y, en particular, el de la libertad de información, fueron muy brevemente abordados por los partidos políticos durante los debates. Peor aún, los programas de los principales candidatos no contemplaron  ninguna medida concreta para producir un cambio duradero en esta área que, sin embargo, es fundamental. Esto, pese a que algunos  candidatos habían expresado a RSF su compromiso de hacer de la libertad de prensa y de la seguridad de los periodistas una de sus prioridades.  

El 25 de marzo de 2018 Ricardo Anaya (coalición Por México al Frente) se reunió con miembros de RSF, quienes le entregaron una lista de recomendaciones, entre las que se encontraban: la creación de nuevos protocolos de investigación para resolver los crímenes cometidos contra periodistas; el fortalecimiento del mecanismo de protección, integrando en él el aspecto psicológico para atender a las víctimas; un seguimiento regular y más eficaz de las medidas de protección otorgadas. El 28 de mayo de 2018, junto con miembros de las organizaciones Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y Article 19 México, RSF expresó sus preocupaciones al equipo de campaña de Andrés Manuel López Obrador (alianza electoral Juntos Haremos Historia) y le entregó las mismas recomendaciones. Ninguna de ellas fue mencionada durante la campaña. El equipo de Jose Antonio Meade (coalición Todos por México), nunca dio una respuesta a nuestras peticiones. 

“RSF lamenta la falta de voluntad política de los candidatos a la presidencia, quienes a pesar de que manifestaron buenas intenciones no hicieron ningún compromiso concreto para luchar de manera eficaz contra la espiral de violencia e impunidad que reinan en los crímenes contra la prensa” señaló Emmanuel Colombié, director del Despacho América Latina de RSF. “Sin embargo, los candidatos saben que es urgente crear una política de protección de periodistas y prevención de riesgos integral y eficaz, como lo recomienda RSF. El futuro presidente de México tendrá esta gran responsabilidad y deberá hacer de este tema un eje principal de su política para poder revertir esta tendencia mortífera”, añadió. 

Más allá de los periodos electorales, las agresiones a periodistas se han vuelto cotidianas en México. Cubrir a escala local temas relacionados con el crimen organizado y la corrupción es cada vez más peligroso.  

Los grandes retos para el presidente electo acabar con la violencia y la impunidad contra periodistas 

En primer lugar, el futuro presidente de México debe reforzar el mecanismo federal de protección de periodistas, que no cuenta con suficientes recursos. Este mecanismo debe contar con dispositivos adecuados para atender los casos más urgentes, a los periodistas que padecen ataques en línea y a aquellos que son víctimas de desplazamiento forzado. Asimismo, se debe mejorar la evaluación de riesgos y el seguimiento que se da a las medidas de protección otorgadas; dar a conocer mejor sus resultados, y mejorar su coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). 

Luchar contra la impunidad que persiste en los crímenes cometidos contra periodistas –según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 90% de los casos registrados desde 2000 permanecen impunes– debe ser una prioridad del futuro gobierno. Las investigaciones judiciales, tanto a escala nacional como local, muy pocas veces logran identificar a los autores intelectuales de estos crímenes, lo que genera un círculo vicioso y la desconfianza generalizada del gremio periodístico hacia el gobierno. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) debe contar con más recursos humanos y económicos para mejorar sus protocolos de investigación y que aumente el número de investigaciones resueltas.  

Coinciden con estas recomendaciones el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y Expresión, David Kaye, y el Relator Especial para la libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), Edison Lanza, quienes el 11 de junio pasado dieron a conocer un informe detallado sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión en México, en el que se señala la impunidad generalizada y la gran ineficacia de los mecanismos de protección para prevenir los ataques. Este informe es resultado de una visita de los relatores realizada del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2017 durante la cual RSF señaló el fenómeno de los periodistas víctimas de desplazamiento forzado interno, otro gran problema en el país, del cual también deberá preocuparse el futuro equipo de gobierno. 

México ocupa el lugar 147, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por RSF.