Casi la mitad de países miembros de la ONU han dejado de respetar la libertad de prensa durante la pandemia

Tanto en las superpotencias mundiales –China, Rusia, India o Estados Unidos– y las grandes democracias europeas –Alemania, Italia–, como en los países pequeños –Kosovo, Comoras o el Reino de Esuatini (la antigua Suazilandia)–, RSF ha registrado y documentado múltiples restricciones a la libertad de prensa relacionadas con la cobertura periodística de la crisis sanitaria. En total, el 47% de los países miembros de la ONU no ha respetado el derecho a la información. Esto, sin contar el caso de los periodistas taiwaneses, que fueron excluidos de las conferencias de prensa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por presión de China, so pretexto de que Taiwán no es miembro de la ONU.

Ninguna región del mundo ha resistido la tentación de restringir o controlar la información relacionada con la crisis sanitaria. África es, de lejos, el continente donde se han registrado más casos: el derecho a informar no se ha respetado en 32 países. La prensa de Asia, continente en el que se originó la pandemia, también se ha visto muy afectada; según información recabada por RSF y su herramienta de vigilancia, el Observatorio 19, en 27 países de la zona de Asia-Pacífico y Asia Central se han cometido atentados contra la libertad de prensa. Europa, segundo epicentro de la pandemia, no ha sido la excepción: en la Unión Europea y la región de los Balcanes, 14 países han limitado la labor de los medios. En América no se ha respetado la libertad de información en diez países, nueve de ellos centro o sudamericanos. Hasta el momento, en Oriente Medio solo se han registrado atentados contra la libertad de prensa en cinco países. En esta región, es en Irán donde se han cometido más violaciones. La propagación de la enfermedad se ha visto acompañada de una creciente represión de los periodistas independientes y, desde el inicio de la pandemia, al menos 28 de ellos han sido citados por las autoridades, detenidos o inculpados.

Las peores violaciones no solo se han registrado en países que ocupan los últimos lugares en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF, sino que también se han observado incidentes en siete países de Europa (seis de ellos pertenecientes a la Unión Europea), donde la situación de la libertad de prensa suele considerarse buena o aceptablemente buena. Es el caso de Alemania y Reino Unido, situados respectivamente en los puestos 11 y 35 en la tabla de 180 países. En el primero, se registraron violentas agresiones a periodistas durante las manifestaciones contra las restricciones establecidas para frenar la epidemia de coronavirus; en el segundo, RSF expresó su preocupación por la agresiva actitud del gobierno británico tras la publicación de ciertos artículos sobre la pandemia. En África, cuatro países situados en la parte superior de la Clasificación de RSF no han respetado la libertad de prensa durante la pandemia. Entre ellos figura Ghana (30º), donde un corresponsal de la Deutsche Welle Africa fue agredido y golpeado con una porra por un miembro de las fuerzas armadas cuando realizaba un reportaje sobre la eficacia del confinamiento.

“Es muy preocupante que bajo el pretexto de la crisis sanitaria se hayan multiplicado en todo el mundo los atentados contra el derecho de informar, incluso en países considerados modelos democráticos”, señala Christophe Deloire, secretario general de RSF. “En lugar de ‘culpar al mensajero’, como lamentó Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los Estados deberían hacer todo lo posible por proteger a los periodistas y permitirles ofrecer información confiable, algo indispensable para luchar contra la desinformación, que no hace sino agravar la crisis”, agrega.

Es aún más inquietante que en algunos países sean los mismos jefes de Estado quienes atentan contra la libertad de prensa. En Estados Unidos, desde el inicio de la crisis sanitaria, el presidente Donald Trump ha atacado a al menos ocho periodistas durante sus conferencias de prensa. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro se ha distinguido porque, en lugar de luchar contra la pandemia hostiga a los medios de comunicación.

Cuando no son los presidentes en persona quienes agreden a la prensa, los dirigentes se sirven del aparato del Estado para censurar a quienes se atreven a cuestionar su gestión de la pandemia. En Bielorrusia, un periodista de investigación se expone a una condena de diez años de prisión por haber criticado la estrategia del presidente para luchar contra la pandemia de Covid-19. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega emprendió una amplia campaña de desinformación y ha obstaculizado el trabajo de la prensa independiente para negar y minimizar el impacto de la pandemia en el país. Un cuarto de las violaciones registradas en el continente africano se han cometido en Zimbabue y Uganda, donde las fuerzas del orden no sólo detuvieron a periodistas, sino que además los agredieron físicamente. En India y Bangladesh también ha sido la policía la principal responsable de los actos violentos contra los periodistas, y lo mismo ha sucedido en Ucrania.

Por otro lado, sirviéndose de la pandemia, muchos Estados han adoptado leyes, reglamentos y disposiciones de excepción que atentan contra la libertad de prensa. En algunos países, como Hungría, estas “leyes del coronavirus” han facilitado la censura de los periodistas críticos. No obstante, Estados como Camboya, Birmania, Serbia y Turquía no han necesitado reformar la legislación para encarcelar a periodistas solo por difundir una noticia sobre la Covid-19.

En la web de RSF y en el mapa del Observatorio 19 pueden encontrarse muchos otros casos documentados de restricciones a la libertad de informar. El Observatorio 19, cuyo nombre hace referencia a la Covid-19 y al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tiene el objetivo de evaluar el impacto de la pandemia en el periodismo. Este proyecto documenta la censura del Estado, la desinformación (difusión de información falsa de forma deliberada) y sus consecuencias en el derecho a una información confiable.