Análisis

Clasificación RSF 2020: El futuro del periodismo africano enfrenta múltiples amenazas

21 países africanos, de los 48 de la zona, aparecen en rojo o en negro en el mapa de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020 de Reporteros sin Fronteras. Quienes intentan producir información enfrentan una situación difícil e incluso crítica. La próxima década será decisiva para el futuro del periodismo en el continente africano.

La libertad de prensa sigue siendo muy frágil en África subsahariana. En los últimos años han caído dictadores y regímenes autoritarios en muchos países de la región, como Angola (106o, +3), Etiopía (99o, +11), Gambia (87o +5), República Democrática del Congo (150o, +4), Sudán (159e, +16) o Zimbabue (126o +1), por lo que han disminuido un poco las presiones que sufren los periodistas. Sin embargo, se han realizado pocos cambios profundos, los únicos que podrían favorecer el desarrollo de un periodismo de calidad, libre e independiente. Asimismo, existen países como Tanzania (124o, -6) y Benín (113o, -17) que han experimentado grandes retrocesos. Los arrestos y las detenciones arbitrarias prolongadas de periodistas han aumentado en el continente, al igual que las agresiones (sobre todo en línea) y la adopción de las leyes represivas que, en nombre de la lucha contra la desinformación y los delitos en internet, pueden utilizarse para restringir de forma abusiva la libertad de información.


Hay que despenalizar el periodismo y proteger a quienes lo ejercen


Ejercer el periodismo en África sigue siendo muy peligroso: a muchos reporteros les ha costado la vida y continúa reinando la impunidad. Según datos de Reporteros sin Fronteras (RSF), 102 periodistas fueron asesinados en el continente africano en la última década, la mitad de ellos en Somalia (163o, +1). Este sigue siendo el país más peligroso para los reporteros, pese a los notables avances para sancionar a los policías y militares que agreden a los profesionales de la información. La situación de la prensa tampoco es fácil en la República Democrática del Congo: en 2019 fue asesinado un periodista en el este del país y algunos de sus colegas tuvieron que huir por temor a correr la misma suerte. Por otra parte, los medios de comunicación que cubrieron la epidemia del ébola sufrieron constantes ataques. La impunidad persiste en África Occidental: en Ghana (30o, -3), la investigación por el asesinato del periodista Ahmed Hussein-Suale, ocurrido en enero de 2019, no ha permitido identificar a los culpables del crimen, mientras que en Nigeria (115º, +5) dos periodistas fueron asesinados durante manifestaciones –en julio de 2019 y enero de 2020–, y tampoco se ha identificado a los responsables de los crímenes. 


La seguridad de los periodistas sigue siendo uno de los mayores desafíos y, para superarlo, es necesario que se establezca un marco jurídico que les ofrezca mayor protección. En ese sentido, otro objetivo que aún está lejos de alcanzarse es evitar que se sancione el trabajo de los periodistas con penas de prisión. Algunos de ellos, como el ex director de la radiotelevisión pública de Camerún (134o, -3), Amadou Vamoulké (que lleva en prisión preventiva desde 2016), son juzgados por jurisdicciones especiales, lo que los priva del derecho a un juicio justo. Ninguno de sus colegas, con la excepción de los detenidos en Eritrea, ha recibido un trato similar en el continente.


En 2019 RSF registró 171 casos de detenciones arbitrarias de periodistas en África subsahariana. Más de la mitad de los países del continente empleó esta medida, a pesar de que en la legislación de algunos de ellos ya no penaliza los delitos de prensa. La reforma de leyes represivas se hace esperar mientras todos los Estados siguen adoptando nuevas leyes que, en nombre de la lucha contra la desinformación o los discursos de odio, reprimen a la prensa. Estas nunca alcanzan los objetivos para los que supuestamente fueron creadas, pero pueden ser instrumentalizadas fácilmente para restringir de forma abusiva la libertad de información. Asimismo, los gobiernos suelen eludir las leyes de prensa para acusar a los periodistas de ser terroristas, espías, estafadores y hasta cibercriminales, a fin de hacerlos callar. 


En Benín, el periodista de investigación Ignace Sossou fue juzgado con base en un nuevo código que regula el área digital. Lo sentenciaron a 18 meses de prisión incondicional por “acoso a través de comunicaciones electrónicas”. El periodista había escrito tweets en los que difundía declaraciones de un funcionario, citándolas fielmente, sobre un tema de interés público. No debería haber sido condenado por una labor directamente vinculada  con su trabajo periodístico. En Chad (123o, -1), el director de la publicación Salam Info, Martin Inoua Doulguet, enfrentó un juicio por difamación, acusación que después se cambió por la de ‘ciberacoso’. Algo similar le sucedió al periodista de investigación tanzano Erick Kabendera: los cargos presentados en su contra fueron modificados tres veces con el fin de mantenerlo recluido. Aunque aún enfrenta el proceso y pasó siete meses encarcelado, ya se encuentra en libertad. Esta detención arbitraria explica en parte la caída de Tanzania (124º, -6) en la Clasificación. Desde 2016, su descenso ha sido vertiginoso: ha perdido 57 posiciones y su situación se ha deteriorado en los últimos años más rápido que en ningún otro país del mundo.


Censura, vigilancia y ataques en internet: las nuevas amenazas


En el caso contrario se encuentra Sudán (159o, +16), que experimenta un gran avance desde el derrocamiento de Omar al Bashir en abril de 2019. Las agresiones directas y detenciones de periodistas, así como la censura de los medios de comunicación, han disminuido considerablemente, pero la prensa aún sigue estrechamente vigilada, sobre todo en línea. Según información de RSF, la Cyber Jihadist Unit, órgano que vigilaba a los periodistas bajo las órdenes de los servicios de inteligencia, sigue en activo y aún espía a los periodistas.


Los reporteros y los medios de comunicación africanos sufren cada vez más la vigilancia, la censura y los ataques en internet. Estos enfrentan dos riesgos: por un lado, que intenten desacreditarlos, como le sucedió en 2019 al principal grupo de prensa privado de Kenia (103o, -3), Nation Media Group (NMG), al que troles cercanos al gobierno agredieron con el hashtag #NationMediaGarbage, y, por otro, volverse invisibles debido al caos en las redes sociales, donde la información confiable suele ahogarse en una oleada de contenidos en los que se mezclan la propaganda, las teorías de la conspiración y las noticias falsas.


Entre las nuevas amenazas, la censura digital continúa ganando terreno y se ha convertido en un arma eficaz contra el periodismo en África. Desde 2015, casi la mitad de los países de África subsahariana analizados por RSF han recurrido a la cibercensura, diez de ellos solo el año pasado. Como ejemplo, República Democrática del Congo, Mauritania (97o, -3), Malaui (69o, -1) o Etiopía. Chad ostenta el triste récord continental de haber bloqueado las redes sociales en todo país durante 470 días consecutivos, privando así a los periodistas y a los ciudadanos de un importante canal de información.


Una responsabilidad política histórica


Mientras que en internet el espacio de la información está en plena transformación, los medios de comunicación tradicionales, 30 años después de la liberalización del sector, enfrentan grandes dificultades para sortear los dictados políticos y económicos. En casi todos los países africanos, los medios de comunicación públicos están lejos de haber ganado su independencia. Siguen bajo el control del gobierno y por lo general se contentan con difundir la información que le interesa a las autoridades, sin reflejar la diversidad de opiniones de su sociedad. La proliferación de medios de comunicación, de la que se jactan cada vez más países, solo es una apariencia de pluralismo, pues la mayoría de ellos siguen estando controlados, directa o indirectamente, por los círculos cercanos al gobierno, por la oposición y, en algunos casos, por intereses económicos.


El desarrollo de una prensa independiente y de calidad no será posible si no se establecen compromisos políticos significativos. Tampoco el del periodismo de investigación, que avanza con dificultad y únicamente por el compromiso de quienes se arriesgan a ejercerlo. Esto sucede incluso en los países mejor clasificados del continente, como Namibia (23o), que ocupa la posición más elevada de África en la Clasificación. En 2019, los medios de comunicación dieron a conocer un caso de corrupción en la asignación de las cuotas de pesca de Namibia. Después de esto, los periodistas que participaron en la investigación sufrieron ataques verbales de altos funcionarios y un reportero de la agencia de noticias del Estado fue despedido.


En el otro extremo de la Clasificación se encuentra Eritrea (178o), la mayor prisión de periodistas en África, donde 11 profesionales de los medios de comunicación están encarcelados –hace años que no se tienen noticias de ellos–, y Yibuti (176o, -3). Ambos siguen siendo agujeros negros para la información independiente. La represión de las voces disidentes es tan fuerte en Ruanda (155o), que la autocensura es la norma. Tanzania y Burundi (160o, -1), donde cuatro periodistas fueron condenados a penas de prisión por haber abordado un tema que las autoridades no querían que se tratara, resbalan y se acercan peligrosamente al grupo de países donde la información crítica no tiene cabida. Benín, Mozambique (104o, -1) y Comoras (75o, -19), donde las violaciones a la libertad de prensa se incrementaron durante las polémicas elecciones, han emprendido un camino preocupante.


La desinformación va en aumento. Las decisiones que se tomen en la próxima década serán decisivas para el futuro del periodismo en África. Aquellas sociedades para las que la veracidad de los hechos y el debate abierto de ideas son valores fundamentales, deberán ofrecer un fuerte y claro apoyo a los periodistas, garantizando la existencia de un marco jurídico que los proteja y de un apoyo económico que no se base en la cercanía política, pues la precariedad hace que estos actores sean más vulnerables a las injerencias; también, ofreciendo formación antes y durante el ejercicio del periodismo, para que su labor sea aún más profesional.