Análisis

Clasificación Mundial de RSF 2018: Balance de América Latina: a medias tintas

Reporteros sin Fronteras (RSF) observa una ligera mejora en la situación de la libertad de prensa del continente americano. Sin embargo, en numerosos Estados de América Latina persisten problemas como la impunidad, la violencia contra los periodistas y las políticas autoritarias frente a la prensa.

Costa Rica cuenta con un sólido marco legal en materia de libertad de información y con condiciones que permiten ejercer el oficio periodístico de una manera relativamente libre. Así, este país es el mejor calificado de América Latina (10º) en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2018 de RSF. No obstante, Costa Rica perdió 4 lugares debido a algunas prácticas perjudiciales para los medios de comunicación por parte de ciertos políticos en el proceso electoral y a reacciones en contra de la prensa por parte de los afectados con el caso de corrupción llamado el 'Cementazo'.


La permanencia de los hombres fuertes


En el lado opuesto se encuentra Cuba, que se ubica en el lugar 172 y que año tras año sigue siendo el país peor calificado del continente. El régimen castrista monopolizo casi por completo la información. El presidente, Raúl Castro, hizo callar a las voces disidentes sirviéndose de la policía y de los servicios de inteligencia. Las autoridades persiguen a los medios de comunicación privados –que no están autorizados por la Constitución–; suelen detener a periodistas y blogueros, que en ocasiones se ven obligados a exiliarse.


Venezuela (143º) experimentó la mayor caída del continente, perdió 6 lugares en la edición 2018 de la Clasificación. En 2017 el gobierno del presidente Nicolás Maduro siguió distinguiéndose por sus excesos autoritarios. La prensa independiente y la de oposición, al igual que los corresponsales de medios de comunicación extranjeros, son constantemente el blanco de la policía y de los servicios de inteligencia venezolanos. Los periodistas padecen cada vez más agresiones durante las manifestaciones, detenciones arbitrarias –durante las cuales pueden sufrir agresivos interrogatorios–, así como la destrucción de su equipo; también es más frecuente que se expulse del país a reporteros extranjeros. En 2017 también aumentó la censura directa del Estado : la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) privó de frecuencia a numerosas radios y televisiones críticas; por otra parte, la escasez de papel golpeó a la prensa escrita de oposición. Impidiendo la labor de los periodistas el gobierno busca que no se conozca la magnitud de la grave crisis política y económica que sacude al país desde inicios de 2016.


En Bolivia (110º, -4) la prensa sobrevive en medio de una gran precariedad. El gobierno de Evo Morales, quien llegó a la presidencia en 2006, hace callar a los medios de comunicación críticos y los funcionarios no dudan en atacar en público a los periodistas de oposición o en emprender procesos judiciales para amordazarlos. El periodista Wilson García Mérida fue acusado de sedición y la periodista Yadira Peláez Imanereico enfrenta un proceso penal por “violencia política”.


Gobiernos incapaces de frenar la espiral de violencia y de impunidad


En Centroamérica y en México la violencia y la impunidad siguen haciendo que el miedo y la censura reinen. En El Salvador (66º), Guatemala (116º), Honduras (141º) y México (147º) los periodistas de investigación que abordan temas relacionados con el crimen organizado y la corrupción, sistemáticamente enfrentan intimidaciones, amenazas y violencia física. A menudo se ven confrontados al desplazamiento forzado ; si optan por permanecer en el mismo sitio pueden pagar con su vida su trabajo informativo. En 2017 un periodista fue asesinado en Honduras, mientras que en México 11 perdieron la vida, lo que hizo de este país el segundo más mortífero del mundo para la prensa en 2017, después de Siria. El asesinato de Miroslava Breach en el estado de Chihuahua y el de Javier Valdez, en el de Sinaloa, dos experimentados periodistas que investigaban casos de colusión entre el crimen organizado y el gobierno, provocó conmoción en el país y gran preocupación en la comunidad internacional.


Como en años anteriores, los gobiernos de estos países –gangrenados por el tráfico de armas y de droga– mostraron su impotencia para poner freno a esta ola de violencia. Cuando cuentan con mecanismos de protección de periodistas –como es el caso de Honduras y México–, estos son ineficaces e inadaptados a la situación de los reporteros, que trabajan en medio de lamentables condiciones de seguridad y con gran precariedad, sobre todo los de la prensa local independiente.


Brasil (102º, +1), que también enfrenta problemas como la corrupción y la violencia, aún no logra posicionarse por encima del lugar 100 de la Clasificación. En un contexto de extrema tensión y de polarización política –como lo muestra la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en 2016–, la libertad información está lejos de ser una prioridad para las autoridades. Aunque las agresiones a la prensa han disminuido ligeramente, éstas siguen siendo frecuentes durante las manifestaciones. Cuando los periodistas investigan casos de corrupción de políticos y funcionarios suelen enfrentarse a intimidaciones y a procesos judiciales abusivos. Esta situación de vulnerabilidad es más visible en las regiones aisladas, alejadas de las grandes ciudades, donde los medios de comunicación independientes y comunitarios no cuentan con ningún apoyo del Estado y enfrentan grandes dificultades para subsistir.


Cambios de gobierno: avances insuficientes


Ecuador (92º) asciende 13 lugares en la edición 2018 de la Clasificación. Este progreso –el mayor del continente americano este año– se explica en parte por la elección del presidente Lenin Moreno, en mayo de 2017, que permitió calmar las tensiones entre el gobierno y numerosos medios de comunicación privados, tras tres mandatos consecutivos de Rafael Correa (2007-2017), quien durante una década controló la agenda mediática, atacó personalmente y en público a la prensa que criticaba su gobierno, generando numerosos conflictos y confrontaciones judiciales entre las autoridades y la prensa independiente.


En Argentina (52º, -2), la guerra mediática entre el gobierno y la prensa que marcó el gobierno de Cristina Kirchner se mitigó con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, en diciembre de 2015. No obstante, la situación sigue siendo preocupante: los medios de comunicación más críticos a menudo son acusados de calumnia y comparecen ante tribunales civiles. En 2017, durante las multitudinarias manifestaciones, varios reporteros fueron agredidos violentamente por la policía.


En Colombia (130º, -1), la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2016, generó grandes esperanzas que aún están lejos de cumplirse. Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos del continente para los periodistas; las agresiones y los secuestros siguen siendo frecuentes. Grupos armados, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), intentan hacer callar a los medios de comunicación alternativos o comunitarios que investigan sus actividades, generando agujeros negros de la información, sobre todo en regiones rurales.


En el año 2018 se realizarán elecciones presidenciales en algunos de los países más mal calificados del continente –Cuba, Venezuela, México, Colombia y Brasil–. Lo que podría barajar de nuevo las cartas y augurar una nueva relación entre los gobiernos y los periodistas.