El mayor tabloide alemán, Bild, ha perdido a una parte importante de sus lectores, mucho mayor que periódicos de calidad, como el progresista Süddeutsche Zeitung o el conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung, cuyas versiones en línea son cada vez más populares. El sector audiovisual se divide entre radiodifusores privados y públicos. Éstos últimos (ARD, ZDF, Deutschlandfunk) ofrecen una cobertura regional, nacional e internacional. Sin embargo, el pluralismo de los medios se ha visto amenazado por el cierre de algunas publicaciones y los recortes masivos de empleo en las principales empresas de prensa.

El papel de los medios como pilares de la democracia está ampliamente aceptado en el seno de la clase política, con la excepción de la extrema derecha. Aunque la mayoría de los periódicos tiene una línea editorial próxima al gobierno o a la oposición, los medios alemanes logran mantener una larga tradición de crítica a ambas tendencias políticas. La independencia de los medios públicos está protegida por ley, aunque ciertas decisiones suscitan sospechas de influencia política.

Unas sólidas garantías constitucionales y un sistema judicial independiente sientan las bases de un entorno generalmente favorable. Alemania es pionera en la aplicación y extensión del derecho penal internacional. El cumplimiento de las normas éticas se fomenta a través del Consejo de la Prensa, un organismo de autorregulación voluntaria para los medios de comunicación impresos y digitales. Sin embargo, las leyes sobre el acceso a la información son insuficientes de acuerdo a las normas internacionales. Las reformas de las leyes sobre seguridad han otorgado a las agencias de inteligencia amplios poderes que vulneran gravemente los derechos fundamentales de los periodistas. El control parlamentario y judicial de las agencias de inteligencia es ineficaz. 

Muchos medios alemanes afrontan dificultades financieras, una situación que se agravó  con el descenso de los ingresos publicitarios durante la pandemia de Covid-19. En general, la prensa sufre un aumento masivo de los costes: el precio del papel se ha duplicado, y las tintas y las planchas de impresión también se han encarecido considerablemente. Para intimidar a los periodistas, las grandes empresas recurren a menudo a “procesos mordaza” (SLAPP). 

Los periodistas son libres de cubrir cualquier tema y expresar cualquier opinión siempre que respeten la Constitución. Sin embargo, las mujeres periodistas, los periodistas de raza negra y los que cubren temas relativos al género o al racismo son objeto de una hostilidad creciente en redes sociales. Cada vez más, los profesionales de la información también son acusados de mostrarse demasiado indulgentes con el gobierno, especialmente por parte de políticos populistas que intentan alimentar la desconfianza hacia los medios.

Los periodistas son cada vez más el blanco de amenazas, de acoso y de agresiones físicas, casi siempre imputables a actores de la extrema derecha, pero también a miembros de la extrema izquierda y a la policía. Los años 2020, 2021 y 2022 han sido especialmente violentos, sobre todo en las manifestaciones contra las restricciones por la pandemia de Covid-19, en las que decenas de periodistas han sido atacados. Los actos de violencia física se suelen perseguir y resolver en los tribunales, pero los de ciberacoso quedan generalmente impunes. En el transcurso de las manifestaciones, se han registrado detenciones de periodistas.