Covid-19 en Oriente Medio, la enésima enfermedad para una prensa moribunda
Mientras agravaba el descontento popular en Oriente Medio, la pandemia de Covid-19 también revelaba el preocupante estado de la prensa, a la que las políticas represivas están asesinando lentamente. Como de costumbre, la región sigue teñida de oscuro en el mapa, con 12 países situados en las zonas roja y negra de la Clasificación, lo que significa una situación grave o muy grave para la libertad de prensa. La falta de cambios significativos en el ránking se explica por el evidente estancamiento de estos países.
Cifras camufladas, medios condenados a difundir comunicados oficiales... En los países más autoritarios de Oriente Medio, la pandemia brindó la oportunidad de mantener, e incluso reforzar, las prácticas ya existentes para amordazar a la prensa. Arabia Saudita (170º), Egipto (166º) y Siria (173º, +1) ya disfrutaban de un control casi absoluto de los medios de comunicación gracias a leyes muy restrictivas con la libertad de la prensa y a los organismos reguladores. Con la pandemia, estos países han reafirmado su monopolio de la información.
En Egipto, donde la ley permite bloquear a los medios y encarcelar a los periodistas por "difundir noticias falsas", el gobierno prohibió que se publicarán cifras diferentes a las proporcionadas por el Ministerio de Salud; además, bloqueó más de 30 medios digitales y páginas web en los peores momentos de la pandemia. Egipto no tolera la menor duda sobre el balance oficial. No se le permite a ningún periodista cuestionar los datos del gobierno. La corresponsal de The Guardian, Ruth Michaelson, lo pagó muy caro en marzo: la expulsaron del país de manera fulminante por escribir un artículo citando un estudio que mostraba que cifras facilitadas estarían por debajo de la realidad.
El control de la información también ha afectado a Siria, donde la población lleva mucho tiempo enfrentada a un apagón informativo sobre la propagación del virus. Mientras países vecinos como Irán y Líbano, que tienen tropas desplegadas en Siria, estaban ya muy afectados por la pandemia, los medios oficiales sirios siguieron negando durante semanas que se hubieran registrado casos de coronavirus en el territorio, por lo que los ciudadanos permanecieron en la más absoluta incertidumbre. El gobierno decretó, igual que hizo Egipto, que la agencia oficial de noticias Sana fuera la única fuente de información válida. El monopolio informativo de los gobiernos es tal en la región, que el sindicato de periodistas de Arabia Saudí -cercano al gobierno-, dijo que las audiencias de los medios habían sufrido caídas porque los ciudadanos se informaban directamente en las webs de las entidades oficiales, sin pasar por los medios.
Irán (174º, -1) : Más represión gracias a la pandemia
A causa de la represión que ejercen las autoridades, la República Islámica de Irán sigue siendo uno de los países peor posicionados del mundo desde que se creó la Clasificación de RSF, en 2002. La pandemia de Covid-19 ha venido a deteriorar aún más la situación, y las autoridades tratan de minimizar el número de víctimas en el país. Según Teherán, la cifra oficial de muertes relacionadas con el coronavirus se eleva a 80.000, mientras que un estudio independiente afirma que al menos 180.000 personas han fallecido como consecuencia de la Covid-19. Las autoridades han reforzado su control de la información tanto en los medios tradicionales como en internet, y han multiplicado el número de citaciones, detenciones y condenas de periodistas profesionales y periodistas ciudadanos. Irán es, además, el país que ha ejecutado a más periodistas en los últimos 50 años. El 12 de noviembre de 2020, se cumplió la sentencia de muerte de Rouhollah Zam, que dirigía el canal Amadnews en Telegram y que fue condenado a la pena capital por participar en las protestas contra la corrupción y la situación económica del país en el invierno de 2017-2018.
Cuando una crisis esconde otra
Aunque los periodistas del Líbano (107º, -5) han gozado durante muchos años de una coyuntura envidiable para la región, esta situación es ahora muy discutible. Informar libremente, especialmente sobre la corrupción, se está convirtiendo cada vez más en una actividad de alto riesgo, como lo demuestra el asesinato a balazos, perpetrado en febrero, del periodista y analista político experto en chiismo Lokman Slim.
La reanudación de las protestas y manifestaciones, que habían hecho un paréntesis durante la etapa del toque de queda por la pandemia, también coloca a los periodistas en la primera línea, mientras que los casos de agresión por parte de manifestantes y de las fuerzas policiales se vuelven más frecuentes. Estos diferentes elementos explican la caída de 5 puestos en la Clasificación 2021 de RSF, que representa uno de los retrocesos significativos del año.
Al mismo tiempo, la desconfianza del público hacia los medios tradicionales (a menudo vinculados a movimientos políticos) y las élites gobernantes ha tenido como consecuencia una mayor demanda de información libre e independiente de fuentes alternativas. El digital de noticias Daraj, que creó una pestaña dedicada a las noticias sobre la pandemia, registró un aumento de casi el 50% de sus usuarios.
Este afán por obtener información independiente es una nota de esperanza para la prensa en la “Suiza de Oriente Medio”, donde la situación de los periodistas, ya gravemente deteriorada por una crisis política y económica sin precedentes, se ha agravado aún más con la llegada de la pandemia. Varios medios se han visto obligados a reducir su plantilla e incluso a cerrar, sumándose así a la lista de los que ya habían cesado sus actividades, como Future TV o The Daily Star. Los periodistas viven una situación muy precaria. Muchos de ellos siguen esperando sus salarios, que llevan meses sin cobrar.
El autoritarismo se manifiesta
El derecho a la información también se ha puesto a prueba en otros países de la región que intentan sofocar las consecuencias sociales de la pandemia. Al arsenal de medidas restrictivas que ya utilizaban han venido a sumarse la multiplicación de las detenciones y la prohibición de publicaciones.
En Jordania (129º, -1), dos empleados de la cadena Roya TV fueron brevemente encarcelados en abril por difundir un reportaje en el que los vecinos de un popular barrio de Ammán, la capital del país, se quejaban del toque de queda y de que les resultaba imposible ganarse la vida. A medida que la pandemia ponía de relieve el descontento y alentaba a los profesores a manifestarse para exigir aumentos de salario, las autoridades también emitieron órdenes para prohibir la publicación de fotos y videos, con el fin de evitar que medios y ciudadanos difundieran imágenes de estas protestas.
En lo que se refiere a Irak (163º, -1), los medios de comunicación, movilizados en la cobertura de las manifestaciones antigubernamentales en el Kurdistán iraquí -que se intensificaron con la congelación de los sueldos de los funcionarios y las distintas medidas para limitar los viajes-, fueron acusados de incitar a la rebelión y de conducir a los manifestantes a la irresponsabilidad. Con un decreto el gobierno sancionó al canal de televisión NRT con una prohibición de emitir su señal.
La represión no perdona a los periodistas independientes, tanto si están sobre el terreno como si difunden información a través de las redes sociales. Tres de ellos, detenidos en octubre de 2020, acaban de ser condenados a seis años de prisión por "poner en peligro la seguridad nacional". Uno fue acusado de espiar para Irán.
Frente a una situación sanitaria, económica y política que escapa a su control, la mayoría de los Estados de la región han respondido con más autoritarismo. En lugar de permitir que los medios contribuyan a difundir información confiable y asuman su papel de vigilantes, han optado por debilitar aún más la ya fustigada libertad de prensa, lo que probablemente dejará profundas heridas en el panorama mediático.
En África del Norte, la información vive sometida a continuas presiones
La persistente presión que se ejerce sobre los periodistas y medios en el norte de África mantiene a tres países de la región (Argelia, Marruecos y Libia) en las zonas rojas y negras del mapa de la libertad de prensa en 2021, lo que refleja una situación difícil, e incluso muy grave, para el ejercicio de la profesión. Entre tanto, desde las revoluciones de 2011, los ciudadanos de la región no han dejado de reclamar más libertad de prensa y más libre acceso a la información.
Detenciones arbitrarias, procesos reiterados, interminables períodos de prisión preventivas, juicios aplazados de forma periódica… El acoso judicial a los periodistas se ha convertido en un método de represión recurrente en la región. En Argelia (146º), la instrumentalización de la justicia se ha puesto de manifiesto con el caso de Khaled Drareni, director del medio informativo digital Casbah Tribune y también corresponsal de TV5 Monde y de RSF. Su cobertura del movimiento de protesta popular Hirak le valió que lo condenaran en la apelación a dos años de cárcel por "incitar a una manifestación no autorizada" y por "poner en peligro la seguridad del Estado". Después de 11 meses en prisión, Khaled Drareni fue finalmente puesto en libertad gracias a un indulto presidencial, pero sus problemas legales no han acabado, ya que su caso será sometido de nuevo a juicio en otoño.
El de Khaled Drareni no es un caso aislado. Al menos otros tres periodistas argelinos están pagando un alto precio por hacer su trabajo de información. Sofiane Merakchi, corresponsal del canal libanés Al-Mayadeen, ha cumplido ocho meses de prisión por proporcionar imágenes de una protesta a varias cadenas de televisión extranjeras. Mustafá Bendjama, director del diario regional Le Provincial de Annaba, ha sido interrogado en más de 20 ocasiones por sus artículos sobre las protestas de Hirak y ha sido procesado en tres casos judiciales diferentes relacionados con sus publicaciones en Facebook. Alí Djamel Toubal, corresponsal del grupo de medios privados Ennahar, fue condenado a 15 meses de prisión por difundir en las redes sociales imágenes que mostraban a la policía maltratando a manifestantes opositores del régimen. Su condena se dictó al amparo de una nueva ley, aprobada en marzo de 2020, que permite tipificar como delito la difusión de información falsa "que atenta contra el orden público y la seguridad del Estado".
En el vecino Marruecos (136º, -3), cuatro periodistas a los que se considera voces críticas del poder - Maâti Monjib, Omar Radi, Imad Stitou y Souleiman Raissouni- también están en la mira de las autoridades, algunos de ellos desde hace varios años. Procesados por cuestiones de moralidad o relativas a la seguridad del Estado, ajenas a su actividad periodística, viven al ritmo de las audiencias sistemáticamente aplazadas y de las solicitudes de libertad condicional rechazadas. Omar Radi y Souleiman Raissouni, en prisión preventiva a la espera de juicio desde hace ocho y 11 meses, han presentado, sin éxito, al menos 10 solicitudes de libertad provisional.
Enfrentados a una justicia injusta que, evidentemente, cumple las órdenes del poder, estos periodistas llegan a ponerse ellos mismos en peligro al recurrir a la huelga de hambre para hacer valer su derecho a un juicio justo. Souleiman Raissouni y Omar Radi anunciaron el 8 y 9 de abril de 2021 que dejaban de alimentarse. El periodista franco-marroquí Maâti Monjib fue puesto en libertad provisional a finales de marzo tras 19 días de huelga de hambre y tres meses de prisión preventiva.
Un ambiente cada vez más hostil
En la región de África del Norte, periodistas y medios trabajan, además, en un entorno cada vez más complicado e incluso hostil. En los últimos años, Túnez (73º, -1) ha logrado una buena posición en la comparación con sus vecinos, pero pierde un puesto en la Clasificación de 2021. La causa principal es que, alimentados por parlamentarios de extrema derecha, los discursos de odio contra los medios de comunicación han aumentado. Desde que fuera elegido, en 2019, el líder de la coalición islamista y populista Al Karama, Seifeddine Makhlouf, ha atacado de manera regular a los periodistas y les ha dirigido agresiones verbales tanto en la Asamblea de Representantes del Pueblo (ARP) como en las redes sociales, tratándolos de "medios de la vergüenza", "mentirosos" y hasta de "canallas que quieren destruir el país y la revolución".
En Libia (165º, -1), la persistente impunidad de la que disfrutan los depredadores de la libertad de información desde hace diez años es la que dificulta el trabajo periodístico y mantiene al país en los peores lugares de la Clasificación. El conflicto armado que divide Libia ha instaurado un estado de violencia y miedo en el sector mediático que obliga a quienes trabajan en la información a tomar una dolorosa decisión: o autocensura, o propaganda a favor de uno de los regímenes que se disputan el este y el oeste del país.