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Europa-Asia central
Clasificación 2021 de RSF: Europa-Asia central

La Unión Europea sufre para defender sus valores en su propia casa

Europa sigue siendo el continente más propicio para la libertad de prensa, a pesar del aumento de las agresiones contra los periodistas. Pero los mecanismos de protección de las libertades con los que cuenta la Unión Europea (UE) también son lentos a la hora de frenar el dominio del régimen de Viktor Orbán sobre los medios de comunicación o para frenar las disposiciones liberticidas de otros países de Europa central.

El continente europeo en su totalidad se ha empleado a fondo en la lucha contra la pandemia de Covid-19, pero solo algunos países de la zona -entre ellos Noruega (1º), Finlandia (2º) y Suecia (3º, +1), los tres primeros de la Clasificación- pueden enorgullecerse de haber defendido la libertad de prensa con el mismo vigor. Aunque la información confiable se ha consolidado como una herramienta indispensable en la lucha contra el coronavirus, se han registrado violaciones del derecho a la información en varios países de Europa. Así fue como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, logró completar la transformación de su país en un verdadero contramodelo europeo en materia de libertad de prensa. (Ver recuadro más abajo).

Los periodistas frente la desinformación y los secretos de Estado

Tanto al este como al oeste del continente, las nuevas legislaciones que restringen el derecho a la información han facilitado las detenciones de periodistas. Varios países han tratado de limitar el impacto de la información sobre temas delicados como la crisis del coronavirus.

En Serbia (93º), la periodista Ana Lalić fue brutalmente detenida en su casa después de hacer un reportaje sobre un hospital que luchaba contra la pandemia de Covid-19: no había tenido en cuenta el decreto que exigía que cualquier información sobre la crisis sanitaria debía pasar por la unidad gubernamental que centralizaba el asunto. En la misma línea, en Kosovo (78º, -8), la directora del medio digital KoSSev, Tatjana Lazarević, fue detenida de forma arbitraria en la calle mientras cubría los efectos de la crisis sanitaria.

Dentro de la Unión Europea, la cuestión migratoria también se ha revelado como un asunto espinoso. En Grecia (70º, -5), las autoridades han detenido a periodistas, a veces de forma violenta, para evitar que entraran en contacto con migrantes. Con el mismo objetivo de limitar la cobertura del tema migratorio, las autoridades en las islas Canarias, en España (29º), han optado por diversas formas de obstrucción: reteniendo información sobre los lugares de desembarco de migrantes, poniendo obstáculos físicos para estorbar en el campo de visión de los fotógrafos y estableciendo protocolos de seguridad, entre otros.

En el Reino Unido (33º, +2) se ha observado otro tipo de percance para el periodismo. La decisión de la juez británica de no extraditar a Estados Unidos al fundador de Wikileaks, Julian Assange, por problemas de salud mental y no basándose en la protección de la información, es un golpe directo al periodismo de interés general, al igual que el hecho de que lo tengan detenido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, donde su salud física y mental continúa deteriorándose.

Países que bloquean el periodismo

Hungría (92º, -3): Cerco a la información sobre el coronavirus

 En Hungría, la legislación de emergencia vigente desde marzo de 2020, que ha cambiado de nombre pero no de alcance, continúa criminalizando la difusión de "información falsa" sobre el coronavirus y bloqueando el acceso a la información. Los periodistas y sus fuentes sufren, por un lado, el efecto de la autocensura y, por otro, la prohibición de informar en los hospitales. Cuando unas 30 redacciones pidieron el levantamiento de este embargo de información en una carta abierta en marzo de 2021, se encontraron con la negativa del gobierno, que acusó a los medios independientes de difundir desinformación, delito que se castiga con sanciones penales. Los medios extranjeros han sido víctimas de una campaña de intimidación. El régimen de Viktor Orbán también ha seguido censurando a los medios independientes como el digital Index, donde casi todos sus periodistas dimitieron después de caer bajo control de hombres cercanos al primer ministro, o como la radio Klubrádio, que perdió su licencia de emisión por causas administrativas triviales. La UE, por su parte, parece impotente. El procedimiento de sanciones contra Hungría por socavar el Estado de derecho no avanza y el nuevo mecanismo establecido, que pone como condición para acceder a fondos europeos que se respete el Estado de derecho, no tiene en cuenta la libertad de prensa.

Hungría, que asume sin complejos su opción política de suprimir las libertades de prensa y de expresión, inspira a ciertos Estados miembros de la Unión Europea y da un mal ejemplo a los países candidatos. Las primeras víctimas de esta política agresiva son los medios públicos de los países vecinos. O se transforman en órganos de propaganda gubernamental, a semejanza que la TVP en Polonia (64º, -2), o se ven privados de fondos estatales si se niegan a seguir la línea política del gobierno, como ocurre con la agencia de prensa STA en Eslovenia (36º, -4). Por su parte, los medios privados están expuestos a presiones fiscales, comerciales y legislativas. En Polonia, lo atestiguan la "repolonización" de la prensa, que se tradujo en un plan para gravar con un impuesto los ingresos publicitarios, la recompra de medios locales por parte de una empresa controlada por el Estado, y un proyecto de regulación política de las redes sociales. Algunos países que aspiran a integrarse en la UE también recurren a la presión judicial: el gobierno de Albania (83º, +1) ha tomado el control de dos canales independientes con el pretexto de que su propietario está procesado por tráfico de drogas. Mientras que en Montenegro (104 º, +1 ) la fiscalía sigue adelante en su causa judicial contra el periodista de investigación Jovo Martinović con acusaciones infundadas.

La impunidad, una amenaza que eleva el riesgo de la profesión periodística

Que no se haga justicia por los crímenes contra los periodistas, un problema especialmente en el sudeste de Europa, puede tener un efecto nefasto en los profesionales de la información y promover la autocensura. Esta impunidad es particularmente flagrante en Eslovaquia (35º, -2), donde el juicio por el asesinato de Jan Kuciak se ha visto marcado por la absolución del hombre acusado de haber ordenado que este periodista fuera eliminado.

En Malta (81º), solo uno de los ejecutores fue condenado en 2020 por el asesinato de Daphne Caruana Galizia. Los procesos judiciales interminables contribuyen a esta impunidad: los tribunales serbios han apelado contra las condenas por el asesinato del periodista Slavko Ćuruvija, dando lugar a un nuevo juicio, 21 años después de su muerte. La incapacidad de los Estados para proteger a los periodistas amenazados también contribuye a esa sensación de inseguridad. En Bulgaria (112º, -1), Nikolay Staykov solo pudo beneficiarse de la protección policial después del llamado público de RSF.

Odio e incomprensión hacia periodismo: el riesgo de cubrir una manifestación

La violencia no solo se dirige contra los periodistas de investigación, sino también hacia quienes cubren las manifestaciones. Los medios de comunicación han sido los objetivos de personas cercanas a movimientos extremistas y de conspiracionistas durante las protestas contra las restricciones sanitarias en Europa occidental. En Alemania (13º, -2) e Italia (41º) fueron agredidos muchos periodistas, mientras que otros países, entre los que destaca Grecia, se toparon con la violencia de la policía y las detenciones arbitrarias, lo que limitó la cobertura durante las operaciones para mantener el orden durante las manifestaciones. En Francia (34º), estas infracciones tuvieron lugar sobre todo durante las manifestaciones contra el nuevo plan nacional para mantener el orden y el proyecto de ley de "seguridad global" que prevé limitar la difusión de imágenes de las fuerzas del orden.

También se han observado casos de violencia policial en la parte oriental de la UE, en particular en Polonia, donde muchos periodistas han sido atacados o detenidos durante las protestas contra el gobierno. Y en Bulgaria, país en el que las autoridades han llegado al extremo de negarse a investigar la violencia policial contra el periodista Dimiter Kenarov. Esta tendencia la confirma las agresiones contra periodistas en Serbia, país que aspira a unirse a la UE. Estos ataques han contribuido a un deterioro muy acusado del indicador de “Agresiones” en la zona de la UE y los Balcanes. En el Viejo Continente los actos violentos ascienden a más del doble, mientras que a nivel mundial ese deterioro aumenta en un 17%.

No hay antídoto para el virus de la desinformación y del control en Europa del Este y Asia Central

Los efectos de la pandemia de Covid-19 en la libertad de prensa son persistentes: una represión sin precedentes contra los periodistas que cubren los movimientos de protesta y la guerra en el Cáucaso, en la que han resultado heridos al menos siete reporteros y que ha obstaculizado gravemente su trabajo. Esto ha contribuido a que la zona de Europa del Este y Asia Central se mantenga en el penúltimo lugar de la Clasificación por regiones en 2021.

Una peligrosa fiebre se ha apoderado de algunos países de Europa del Este y Asia Central, que en su mayoría ya padecían el síndrome de la supresión de información. Tres de ellos han experimentado un tratamiento radical para silenciar a los periodistas: el bloqueo total de internet utilizando software de seguridad digital proporcionado por multinacionales como Allot y Sandvine.

En el Cáucaso, fue el caso de Azerbaiyán (167º, +1) durante el conflicto que estalló en otoño de 2020 en Nagorno-Karabaj, territorio en disputa con Armenia (63º, -2); de Kirguistán (79º, +3), aún el país mejor clasificado en Asia Central después de las elecciones legislativas celebradas en octubre; y, finalmente, en Europa del Este, de Bielorrusia (158º, -5), donde internet estuvo completamente inaccesible en los tres días posteriores a que se anunciaran los resultados de las polémicas elecciones presidenciales, y después, de manera intermitente en los meses siguientes. Entre agosto y diciembre de 2020, la coalición #KeepItOn (dedicada a la lucha contra los bloqueos de internet en el mundo) registró no menos de 121 días de apagón.

Bielorrusia: Campeón regional de la represión

Censura, detenciones masivas, acoso, agresiones… En Bielorrusia, los periodistas de medios independientes han sido objetivos específicos de la policía desde las fraudulentas elecciones presidenciales del 9 de agosto de 2020. Al principio, los encarcelaban brevemente por sanciones administrativas con pretextos falsos mientras cubrían las manifestaciones, o para impedir que las cubrieran, pero, después, las autoridades comenzaron a procesar a algunos periodistas por hechos más graves que se castigan con varios años de prisión. Desde entonces, se han visto sometidos a simulacros de juicio presididos por jueces parciales y sumisos al poder. En su deseo de aplastar todo periodismo independiente en el país, las fuerzas del orden también han comenzado a acosar a quienes los defienden, sobre todo a la Asociación Bielorrusa de Periodistas (BAJ), socio local de RSF.

El periodismo frente al engaño del Estado y al monopolio de la información

Los síntomas más visibles de la falsedad estatal se han observado en Turkmenistán (178º, +1), el único país del mundo junto con Corea del Norte que aún niega que haya aparecido coronavirus en su territorio, a pesar de que su propio presidente ha popularizado el uso del regaliz o de una planta tradicional, harmel , para protegerse contra una asombrosa ola de "neumonía". En este Estado de Asia Central, que año tras año se mantiene en el pelotón de cola de la Clasificación, no hay vacuna contra la desinformación que difunde el régimen: dentro de las fronteras nacionales no existen medios independientes y tan solo unos pocos periodistas que trabajan de forma clandestina logran sacar retazos de información para los medios en el exilio, que emiten desde el extranjero.

Esta censura sin reservas de algunos gobiernos ha ido acompañada de un deseo contagioso de controlar la información en todos los países de la zona, en mayor o menor grado. En Rusia (150º, -1), a pesar de las intensas presiones, los medios independientes han luchado durante muchos meses contra las acusaciones y cifras erróneas de las autoridades para retratar la realidad de la pandemia de Covid-19. Moscú acabó por reconocer, a finales de diciembre, que la cifra de muertos por coronavirus era más del triple del recuento oficial. Las autoridades se valieron de la ley de desinformación que entró en vigor en 2019 para suprimir informaciones de internet, pero no contentas con esto, ensancharon a golpe de enmiendas la aplicación de dicha ley.

Siguiendo el modelo ruso, otros gobiernos han utilizado la lucha contra la desinformación sobre la Covid-19 como excusa para limitar aún más la libertad de prensa. Así sucedió en Tayikistán (162º, -1), un remedio peor que la enfermedad en este Estado autoritario de Asia Central. Publicar en los medios de comunicación y en las redes sociales cualquier información sobre enfermedades infecciosas graves que se considere "falsa" o "inexacta" les puede costar a sus autores una multa de hasta el doble del salario mínimo o 15 días de prisión. Buenas razones para que los periodistas se autocensuren y se abstengan de emitir cualquier información relacionada con la Covid-19 que no proceda de las autoridades, sobre todo si se trata del recuento de muertos que hizo un grupo de activistas locales y que arroja cifras muy superiores a las oficiales.

En el contexto de la pandemia, los países menos inclinados a la censura también han caído en la tentación de que el Estado tenga el monopolio de la información. En Armenia, la declaración del estado de emergencia sanitaria se vio acompañada de medidas liberticidas, como la obligación de  que los medios citaran exclusivamente fuentes gubernamentales. No obstante, ante el clamor y la movilización de los periodistas, las disposiciones más polémicas acabaron por relajarse y se derogaron algunos días más tarde.

Además de esta voluntad de controlar en casi todos los países de la zona, las autoridades nacionales y/o locales limitan el acceso a la información. En Moldavia (89º, +2) por ejemplo, en plena crisis sanitaria, el Ministerio de Salud celebró conferencias de prensa sin la menor interacción con los periodistas. Según el Independent Journalism Center, se ha triplicado el tiempo de respuesta de las instituciones públicas a sus solicitudes. Solo una campaña en las redes sociales logró mejorar la situación a mediados de 2020.

Normas sanitarias y odio a los periodistas: las otras amenazas a la información

Las autoridades también han utilizado las normas sanitarias como pretexto para bloquear el trabajo de los periodistas. En Rusia, algunos han sido detenidos mientras cubrían manifestaciones por incumplir el "distanciamiento social" o por "quebrantar el confinamiento".

En el oeste de Kazajistán (155º, +2), un equipo de la cadena KTK TV -que fue arrestado por "violar el estado de emergencia" cuando hacían un reportaje sobre las condiciones de trabajo en un hospital,- recibió una advertencia después que los obligaran a cumplir dos semanas de cuarentena, a pesar de que la ley autorizaba a los periodistas a trabajar durante la epidemia.

Los gobiernos no son los únicos que han ejercido presiones sobre los periodistas. La pandemia y los períodos de confinamiento tensaron las relaciones sociales y, en ocasiones, agravaron los brotes de odio hacia los medios de comunicación, especialmente cuando la crisis sanitaria coincidía con unas elecciones. En al menos siete países de la zona los periodistas han sido agredidos por desconocidos; en Ucrania (97º, -1), por ejemplo, por comerciantes o transeúntes indignados. El Institute for Mass Information documentó allí más de 170 agresiones físicas, lo que representa tres cuartas partes de las violaciones de la libertad de prensa en el país.

En este sombrío panorama, el fenómeno más preocupante para el futuro de la libertad de prensa en Europa del Este y Asia Central sigue siendo la deriva de Rusia, líder regional, hacia un modelo cada vez más represivo con los periodistas y los medios independientes. Además de los cambios legislativos cada vez más restrictivos, las fuerzas del orden nunca han llevado tan lejos la represión colectiva de los periodistas para impedir sus coberturas como durante las manifestaciones relacionadas con el opositor Alexei Navalny.

Tras el difícil período de la crisis sanitaria, la libertad de prensa corre el riesgo de sufrir aún más a causa de la explosión de movimientos sociales y políticos en la zona, así como por las respuestas de gobiernos contagiados de autoritarismo.