Estados Unidos cae, Canadá asciende
En el primer año de gobierno del presidente Donald Trump, Estados Unidos perdió dos lugares: en la edición 2018 de la Clasificación el país se ubica en la posición 45, entre 180 países, continuando así su tendencia a la baja. En cambio Canadá, su país vecino, gana cuatro lugares gracias al establecimiento de medidas para garantizar la confidencialidad de las fuentes periodísticas.
Donald Trump acentúa el declive del país de la Primera Enmienda
En 2017 el presidente estadounidense aceleró el descenso de Estados Unidos, que ahora se ubica en el lugar 45 de la Clasificación debido a los repetidos ataques contra los medios de comunicación que se registraron en el país. En varias ocasiones Trump calificó a la prensa de "enemigo del pueblo estadounidense", intentó impedir el acceso a la Casa Blanca a reporteros de varios medios de comunicación y usó el término “fake news” (noticias falsas) para desacreditar cualquier crítica a sus acciones políticas –el mandatario suele agredir a la prensa por la cobertura que ésta hace de él–. Asimismo, ha publicado en Twitter mensajes violentos contra CNN e incluso pidió que se quitara a ciertos medios de comunicación la licencia de difusión.
La violenta retórica de las altas esferas del gobierno contra la prensa ha estado acompañada de un incremento de los casos de violación a la libertad de prensa a escala local. Reporteros han sufrido agresiones físicas cuando realizaban su trabajo. Ahora los periodistas corren el riesgo de ser detenidos si cubren manifestaciones o por el simple hecho de hacer preguntas a funcionarios.
Los atentados contra la libertad de prensa en el país de la Primera Enmienda se han vuelto tan frecuentes que en agosto pasado RSF se unió a más de 20 organizaciones defensoras de la libertad de prensa para poner en marcha de un nuevo sitio web: U.S. Press Freedom Tracker, cuyo objetivo es documentar los atentados contra la libertad de prensa en Estados Unidos. Esta herramienta de vigilancia, que funciona como un depósito central de datos, registró 34 casos de detención de periodistas en 2017, la mayoría de ellas tuvieron lugar cuando los reporteros cubrían una manifestación (saber más sobre la U.S. Press Freedom Tracker).
Es importante recordar que la llegada de Trump al poder no ha hecho sino empeorar la situación –de por sí ya deteriorada– de la libertad de prensa. Los informantes (whistleblowers) pueden ser juzgados con base en la Espionage Act si proporcionan información de interés público y los periodistas aún no cuentan con una "ley escudo" (shield law) que les permita proteger a sus fuentes. A esto se suman los largos registros a periodistas (y a su equipo) que aún se efectúan en las fronteras de Estados Unidos y el que se haya prohibido entrar al país a periodistas extranjeros que han cubierto ciertos temas delicados, como la situación en Kurdistán o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Le declive de Estados Unidos en materia de libertad de prensa no sólo es una mala noticia para los periodistas que trabajan en el país; también ha tenido consecuencias nefastas a escala internacional. Ahora es común que se use el término “fake news” para reprimir a los medios de comunicación, tanto en regímenes autoritarios como en democracias. Los gobiernos de varios países miembros de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS, por sus siglas en inglés) han adoptado la expresión favorita de Trump para criticar el trabajo de los periodistas. Dado que las leyes de muchos países de la región del Caribe aún criminalizan la difamación, la propagación de la retórica “anti-medios” de Trump podría tener graves consecuencias en la prensa local.
Canadá, de nuevo entre los primeros 20, aunque la situación todavía es preocupante
En 2016 las perspectivas de la libertad de prensa en Canadá eran sombrías. En varias ocasiones el gobierno había demostrado su menosprecio a la confidencialidad de las fuentes periodísticas, un principio fundamental. En 2017 esta tendencia no sólo perduró, sino que se acentuó. Se emprendieron procesos penales y civiles contra Justin Brake, un periodista de TheIndependent.ca, porque supuestamente había participado en una manifestación contra un proyecto hidroeléctrico, que en realidad cubría. Asimismo, la Corte de Apelaciones de Ontario emitió una orden para que Ben Makuch, periodista de VICE News, entregara a la Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés), los registros de las comunicaciones que tuvo con una de sus fuentes.
Sin embargo, el Estado ha intentado poner remedio a esta situación con acciones concretas, tanto a escala local como federal. En octubre de 2017 el Parlamento aprobó por unanimidad una “ley escudo”, la Journalistic Source Protection Act, que protege a escala federal la confidencialidad de las fuentes periodísticas. Dos meses después, una comisión encargada de investigar un caso en el que la policía de Quebec vigiló a varios periodistas, había recomendado que se adoptara una ley para proteger mejor las fuentes de los periodistas. Estas mejoras explican que Canadá avanzara cuatro lugares en la Clasificación.
A pesar de estos progresos, Canadá aún tiene mucho trabajo por delante. En mayo de 2018 Ben Makuch deberá defender ante la Corte Suprema de Canadá la confidencialidad de sus conversaciones con una de sus fuentes y Justin Brake todavía tiene que enfrentar los cargos presentados en su contra. Aún queda por ver cómo se aplicará la nueva ley escudo en el caso de Marie-Maude Denis, periodista de investigación de Radio Canadá: el Tribunal Supremo de Quebec le exigió en marzo de 2018 que revelara sus fuentes por la investigación de un caso de corrupción.
Balance de América Latina: a medias tintas
Reporteros sin Fronteras (RSF) observa una ligera mejora en la situación de la libertad de prensa del continente americano. Sin embargo, en numerosos Estados de América Latina persisten problemas como la impunidad, la violencia contra los periodistas y las políticas autoritarias frente a la prensa.
Costa Rica cuenta con un sólido marco legal en materia de libertad de información y con condiciones que permiten ejercer el oficio periodístico de una manera relativamente libre. Así, este país es el mejor calificado de América Latina (10º) en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2018 de RSF. No obstante, Costa Rica perdió 4 lugares debido a algunas prácticas perjudiciales para los medios de comunicación por parte de ciertos políticos en el proceso electoral y a reacciones en contra de la prensa por parte de los afectados con el caso de corrupción llamado el 'Cementazo'.
La permanencia de los hombres fuertes
En el lado opuesto se encuentra Cuba, que se ubica en el lugar 172 y que año tras año sigue siendo el país peor calificado del continente. El régimen castrista monopolizo casi por completo la información. El presidente, Raúl Castro, hizo callar a las voces disidentes sirviéndose de la policía y de los servicios de inteligencia. Las autoridades persiguen a los medios de comunicación privados –que no están autorizados por la Constitución–; suelen detener a periodistas y blogueros, que en ocasiones se ven obligados a exiliarse.
Venezuela (143º) experimentó la mayor caída del continente, perdió 6 lugares en la edición 2018 de la Clasificación. En 2017 el gobierno del presidente Nicolás Maduro siguió distinguiéndose por sus excesos autoritarios. La prensa independiente y la de oposición, al igual que los corresponsales de medios de comunicación extranjeros, son constantemente el blanco de la policía y de los servicios de inteligencia venezolanos. Los periodistas padecen cada vez más agresiones durante las manifestaciones, detenciones arbitrarias –durante las cuales pueden sufrir agresivos interrogatorios–, así como la destrucción de su equipo; también es más frecuente que se expulse del país a reporteros extranjeros. En 2017 también aumentó la censura directa del Estado : la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) privó de frecuencia a numerosas radios y televisiones críticas; por otra parte, la escasez de papel golpeó a la prensa escrita de oposición. Impidiendo la labor de los periodistas el gobierno busca que no se conozca la magnitud de la grave crisis política y económica que sacude al país desde inicios de 2016.
En Bolivia (110º, -4) la prensa sobrevive en medio de una gran precariedad. El gobierno de Evo Morales, quien llegó a la presidencia en 2006, hace callar a los medios de comunicación críticos y los funcionarios no dudan en atacar en público a los periodistas de oposición o en emprender procesos judiciales para amordazarlos. El periodista Wilson García Mérida fue acusado de sedición y la periodista Yadira Peláez Imanereico enfrenta un proceso penal por “violencia política”.
Gobiernos incapaces de frenar la espiral de violencia y de impunidad
En Centroamérica y en México la violencia y la impunidad siguen haciendo que el miedo y la censura reinen. En El Salvador (66º), Guatemala (116º), Honduras (141º) y México (147º) los periodistas de investigación que abordan temas relacionados con el crimen organizado y la corrupción, sistemáticamente enfrentan intimidaciones, amenazas y violencia física. A menudo se ven confrontados al desplazamiento forzado ; si optan por permanecer en el mismo sitio pueden pagar con su vida su trabajo informativo. En 2017 un periodista fue asesinado en Honduras, mientras que en México 11 perdieron la vida, lo que hizo de este país el segundo más mortífero del mundo para la prensa en 2017, después de Siria. El asesinato de Miroslava Breach en el estado de Chihuahua y el de Javier Valdez, en el de Sinaloa, dos experimentados periodistas que investigaban casos de colusión entre el crimen organizado y el gobierno, provocó conmoción en el país y gran preocupación en la comunidad internacional.
Como en años anteriores, los gobiernos de estos países –gangrenados por el tráfico de armas y de droga– mostraron su impotencia para poner freno a esta ola de violencia. Cuando cuentan con mecanismos de protección de periodistas –como es el caso de Honduras y México–, estos son ineficaces e inadaptados a la situación de los reporteros, que trabajan en medio de lamentables condiciones de seguridad y con gran precariedad, sobre todo los de la prensa local independiente.
Brasil (102º, +1), que también enfrenta problemas como la corrupción y la violencia, aún no logra posicionarse por encima del lugar 100 de la Clasificación. En un contexto de extrema tensión y de polarización política –como lo muestra la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en 2016–, la libertad información está lejos de ser una prioridad para las autoridades. Aunque las agresiones a la prensa han disminuido ligeramente, éstas siguen siendo frecuentes durante las manifestaciones. Cuando los periodistas investigan casos de corrupción de políticos y funcionarios suelen enfrentarse a intimidaciones y a procesos judiciales abusivos. Esta situación de vulnerabilidad es más visible en las regiones aisladas, alejadas de las grandes ciudades, donde los medios de comunicación independientes y comunitarios no cuentan con ningún apoyo del Estado y enfrentan grandes dificultades para subsistir.
Cambios de gobierno: avances insuficientes
Ecuador (92º) asciende 13 lugares en la edición 2018 de la Clasificación. Este progreso –el mayor del continente americano este año– se explica en parte por la elección del presidente Lenin Moreno, en mayo de 2017, que permitió calmar las tensiones entre el gobierno y numerosos medios de comunicación privados, tras tres mandatos consecutivos de Rafael Correa (2007-2017), quien durante una década controló la agenda mediática, atacó personalmente y en público a la prensa que criticaba su gobierno, generando numerosos conflictos y confrontaciones judiciales entre las autoridades y la prensa independiente.
En Argentina (52º, -2), la guerra mediática entre el gobierno y la prensa que marcó el gobierno de Cristina Kirchner se mitigó con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, en diciembre de 2015. No obstante, la situación sigue siendo preocupante: los medios de comunicación más críticos a menudo son acusados de calumnia y comparecen ante tribunales civiles. En 2017, durante las multitudinarias manifestaciones, varios reporteros fueron agredidos violentamente por la policía.
En Colombia (130º, -1), la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2016, generó grandes esperanzas que aún están lejos de cumplirse. Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos del continente para los periodistas; las agresiones y los secuestros siguen siendo frecuentes. Grupos armados, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), intentan hacer callar a los medios de comunicación alternativos o comunitarios que investigan sus actividades, generando agujeros negros de la información, sobre todo en regiones rurales.
En el año 2018 se realizarán elecciones presidenciales en algunos de los países más mal calificados del continente –Cuba, Venezuela, México, Colombia y Brasil–. Lo que podría barajar de nuevo las cartas y augurar una nueva relación entre los gobiernos y los periodistas.