A pesar de las mejoras, persisten tendencias preocupantes en América del Norte
En todos los países de América del Norte los periodistas y los medios de comunicación afrontan amenazas verbales y físicas, así como restricciones para tener acceso a la información. Además, las leyes y procesos judiciales que limitan sus derechos se han multiplicado en la región. La situación de la libertad de prensa en Estados Unidos sigue deteriorándose bajo la presidencia de Donald Trump. No obstante, después de tres años de experimentar un retroceso significativo en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, el país asciende al puesto 45 (remonta tres posiciones respecto al año anterior) y se adentra, por poco, en la zona de países donde la situación se considera “satisfactoria”. La hostilidad hacia los periodistas y los medios de comunicación se ha intensificado y se ha vuelto más profunda. Pocos atacan a la prensa con tanta ferocidad como Donald Trump y esta actitud ha empeorado aún más en 2020, en plena pandemia de coronavirus: los periodistas que cubren la gestión de la crisis por parte del gobierno sufren la ira del presidente durante sus conferencias de prensa.
Por su parte, Canadá (+2) asciende a la posición 16ª en la Clasificación, aunque su evolución presenta altibajos, con denegaciones de acceso a la información y fallos judiciales tanto a favor como en contra de los derechos de los periodistas.
Persisten el acoso y las amenazas
Los periodistas de Estados Unidos siguen sufriendo amenazas, hostigamiento y descrédito. Como en años anteriores, a lo largo de 2019 el presidente Trump continuó con sus agresiones a los periodistas y medios de comunicación, con ataques personales o acusaciones de publicar fake news (noticias falsas). Dicha expresión, que Trump popularizó durante su campaña electoral, la utilizan hoy en día dirigentes de todo el mundo para arremeter contra los medios de comunicación.
En los últimos dos años se ha vuelto cada vez más común que los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (US Customs and Border Protection, CBP) acosen a los periodistas en los puntos de control de la frontera. Un periodista señaló que sufrió un interrogatorio abusivo por un reportaje que había publicado sobre el presidente, mientras que otro fue acusado por un agente fronterizo de ser un “mentiroso” que “ataca a la democracia [estadounidense]”.
Incluso en Jamaica (6o, +2), el país mejor clasificado de América del Norte, el Primer Ministro se ha inspirado en la estrategia de Trump y ha intentado socavar la confianza de la población en la prensa, diciendo a sus simpatizantes que esta no siempre informa de los hechos e instándolos a consultar sus páginas y las de su partido en las redes sociales para obtener información fidedigna.
Los gobiernos locales, líderes religiosos, y parte de la población de Estados Unidos mostraron una creciente hostilidad hacia la prensa en 2019, a la vez que continuaron registrándose agresiones físicas a periodistas. Sin embargo, el grado de violencia disminuyó respecto a 2018, año en que un hombre armado asesinó a cinco empleados del diario Capital Gazette, en Maryland. El número de agresiones físicas a reporteros fue menor en 2019 que en los dos años anteriores, según el sitio web independiente U.S. Press Freedom Tracker, que documenta los atentados contra la libertad de prensa en Estados Unidos. No obstante, los periodistas siguen padeciendo agresiones en todo el país durante las manifestaciones, los mítines de Trump (Trump rallies) y en los recintos legislativos estatales y federales. Las autoridades federales detuvieron a un soldado del ejército estadounidense y a un teniente de la Guardia Costera que preparaban, cada uno por su cuenta, violentos ataques contra periodistas e importantes medios de comunicación estadounidenses.
Represalias y limitaciones de acceso a la información
En 2019, tanto las autoridades estadounidenses como las canadienses intentaron impedir que los reporteros cubrieran cuestiones polémicas. En Estados Unidos aumentó el número de casos en que se denegó el acceso a la información a periodistas, en todos los estados. De Nueva Jersey a Kansas, gobiernos estatales y federales limitaron el acceso de la prensa a eventos o reuniones de interés público. Algunos estados, como Vermont y Arkansas, establecieron reglamentos que podrían restringir el tipo de cobertura periodística autorizada en los recintos municipales. El gobierno de Trump no dio mejor ejemplo. En marzo de 2019 dejó de celebrar la conferencia de prensa diaria en la Casa Blanca, que se realizaba en presencia de un secretario de prensa y se retransmitía por televisión. El presidente la reemplazó por chopper talks (conversaciones a pie de helicóptero, al estilo de la cobertura que hace la prensa sensacionalista), con Trump frente al avión o el helicóptero presidencial. Esto le permitelimitar y controlar el tiempo que dedica a responder a las preguntas de los periodistas. Asimismo, en agosto de 2019, el gobierno de Trump intentó revocar la acreditación de prensa de un corresponsal en la Casa Blanca y prohibió que un equipo de prensa tuviera acceso a reuniones de alto nivel.
En marzo de 2019, cuando llegó al país la caravana de migrantes procedente de Honduras, se dio a conocer que el gobierno estadounidense poseía una base de datos secreta donde aparecían los nombres de periodistas y activistas, entre otros, a quienes las autoridades deberían detener, interrogar y someter a un segundo control de seguridad en los puestos de control ubicados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Los periodistas que figuraban en esta lista fueron detenidos y tuvieron que mostrar a los agentes fronterizos el contenido de su equipo profesional o identificar a individuos que habían estado en la frontera.
En Canadá, unos funcionarios impidieron físicamente a reporteras indígenas entrevistar a líderes de tribus. Por otra parte, la policía federal evitó que la prensa pudiera acceder a territorios autóctonos donde se realizaban protestas medioambientales. Sin embargo, meses después, en marzo de 2019, una orden judicial histórica estableció que los periodistas tenían derecho a cubrir estas manifestaciones y subrayó la importancia de que los medios de comunicación aborden cuestiones indígenas.
Tanteando los límites de la libertad de prensa
En 2019, el gobierno de Trump siguió reprimiendo enérgicamente a los denunciantes (whistleblowers). Bajo la Ley de Espionaje de la I Guerra Mundial (la Espionage Act, que data de 1917), se juzgó a tres empleados del gobierno por haber proporcionado información clasificada a periodistas. En un hecho sin precedentes, el Departamento de Justicia presentó 18 cargos, 17 de ellos bajo la Ley de Espionaje, contra el cofundador de Wikileaks, Julian Assange. Es la primera vez que se acusa a alguien de espionaje por haber publicado documentos clasificados. Si el Reino Unido extradita a Assange a Estados Unidos y este es declarado culpable en virtud de la Ley de Espionaje, la sentencia podría crear un peligroso precedente jurídico, ya que permitiría perseguir penalmente a periodistas por haber hecho su trabajo, algo que en principio está protegido por la Constitución.
En Canadá, la Ley Escudo (shield law), aprobada en 2017, dio frutos por primera vez en septiembre de 2019 al reafirmar el derecho de los periodistas a no revelar la identidad de sus fuentes. Por desgracia, esta ley federal no protege el material confidencial, como los registros de las comunicaciones. Esto quedó en evidencia en julio de 2019, cuando un tribunal dictó que un periodista de Vice Canadá debía entregar a la policía federal los registros de las comunicaciones confidenciales que tuvo con una de sus fuentes, un fallo que tiene peligrosas consecuencias para la independencia periodística. Por una parte, los periodistas no tienen por qué ser brazos de investigación de las fuerzas del orden y, por otra, dependen de las relaciones de confianza con sus fuentes para poder desempeñar su trabajo.
Aunque en Estados Unidos no hay una ley escudo federal, la mayoría de los estados tienen estatutos propios para proteger el derecho de confidencialidad de las fuentes periodísticas. En mayo de 2019 la policía de San Francisco violó la ley escudo de California al registrar el domicilio del periodista independiente Bryan Carmody y confiscar su equipo profesional para conocer la identidad de sus fuentes. Finalmente, los jueces anularon la orden de registro, considerándola ilegal en virtud de dicha ley.
Qué depara el futuro
En los albores de una nueva década, los países que conforman la región de América del Norte deberán dar prioridad a políticas y prácticas que favorezcan la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas. En Estados Unidos los nuevos dirigentes políticos deberán defender medidas como la ley escudo y reformar la Espionage Act, a fin de prohibir que se persiga a periodistas por su trabajo y que sea posible defender a los denuciantes cuando se trate de información de interés público.
Por otro lado, Canadá impulsó en julio de 2019, junto con Reino Unido, la Coalición para la Libertad de Prensa, asumiendo un papel protagonista en la protección de la libertad de expresión a escala mundial.
En 2019, países caribeños como Trinidad y Tobago (26o, +3) y Jamaica adoptaron leyes que podrían afectar a la protección de la prensa. Para avanzar, deberán revisar esta legislación y asegurarse de que las nuevas normas no restrinjan la libertad de los medios de comunicación.
En 2019 periodistas y medios de comunicación de Estados Unidos se prepararon para hacer frente a los actos de violencia y disturbios que podrían registrarse en las elecciones previstas en 2020, pero la pandemia del Covid-19 que sacude al país y al mundo entero, ha relegado sus preocupaciones. Es responsabilidad de los gobiernos federales, de las autoridades locales y de las instituciones privadas permitir que la prensa cubra esta pandemia y su impacto en la vida cotidiana de la población. También que los científicos, el personal sanitario y los funcionarios comuniquen información sin restricciones sobre esta delicada cuestión.
El horizonte se oscurece para la libertad de prensa en América Latina
El ambiente en el que trabajan los periodistas de América Latina es cada vez más complejo y hostil. Quienes abordan temas delicados sufren cada vez más presiones, violencia e intimidaciones. En la mayoría de los países de la región se han emprendido grandes campañas de descrédito contra la prensa.
La edición 2020 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras (RSF) muestra un deterioro generalizado de la situación de la libertad de prensa en América Latina, con dos notables excepciones: Costa-Rica, que asciende tres posiciones y ahora se sitúa en el 7o lugar, y Uruguay, que conserva el 19o. La represión y la estigmatización de la prensa, nutridas por la desinformación y los ataques en línea, han adquirido nuevas dimensiones, sobre todo en los países que enfrentan grandes conflictos sociales.
La inestabilidad política y social como vector de ataques a la prensa
En toda la región se han registrado multitudinarias protestas, y la cobertura de estas manifestaciones pone a los periodistas en primera línea. Es el caso de Haití (83o), país que experimentó el mayor descenso en la Clasificación 2020: perdió 21 lugares. Desde 2018 han proliferado en el país las protestas contra el presidente, Jovenel Moïse, implicado en casos de corrupción. Los periodistas haitianos suelen padecer agresiones cuando cubren estas manifestaciones, a menudo violentas. Por otro lado, el asesinato del periodista Néhémie Joseph, ocurrido en 2019, muestra la preocupante espiral de violencia y la gran vulnerabilidad de los periodistas.
En Ecuador (98º,-1), durante las protestas por el giro neoliberal del gobierno del presidente Lenín Moreno –manifestaciones contra la subida del precio de la gasolina– aumentaron las agresiones a periodistas, haciendo el trabajo informativo casi imposible. Lo mismo ocurrió en Chile (51o), que descendió cinco lugares en la Clasificación –en la edición anterior ya había perdido ocho–. Las violentas manifestaciones provocadas por el aumento de la tarifa del metro en Santiago de Chile, la capital, provocaron una ola de ataques y agresiones a periodistas y medios de comunicación.
En Bolivia (114o, -1) también se registraron numerosas agresiones y ataques a periodistas durante las protestas que estallaron tras las elecciones presidenciales de noviembre de 2019, que provocaron la dimisión y el exilio forzado del presidente Evo Morales y sumergieron al país en una situación de incertidumbre e inestabilidad.
Argentina (64o) –país que pese a todo conserva una buena posición en la región–, perdió siete lugares en la Clasificación de 2020, debido a la violencia policíaca y a las agresiones a periodistas en las manifestaciones registradas en las mayores ciudades del país, durante las elecciones que llevaron a la presidencia a Alberto Fernández, en diciembre de 2019.
Autoritarismo: los múltiples rostros de la censura
Desde que Jair Bolsonaro fuera elegido presidente de Brasil (107o, -2), en enero de 2019, el país ha caído aún más en la Clasificación. Por segundo año consecutivo, pierde dos lugares. Un descenso que continuará mientras Bolsonaro, su familia y los miembros de su gobierno sigan insultando y humillando a algunos de los periodistas y medios de comunicación más importantes del país, fomentando un clima de odio y desconfianza hacia la prensa. En medio de esta tensa situación, los periodistas brasileños, y en particular las mujeres, son cada vez más vulnerables y suelen padecer los ataques de simpatizantes de Bolsonaro, sobre todo en las redes sociales.
Venezuela (147o) remonta un lugar, aunque esto se debe a otros movimientos en la Clasificación, no a una mejora. El autoritarismo del presidente, Nicolás Maduro, no cede y la represión del gobierno contra la prensa independiente se ha vuelto cotidiana y multifacética: detenciones arbitrarias, violencia de las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia, cortes a la conexión de internet y bloqueo de las redes sociales, o expulsión de periodistas extranjeros. Las autoridades también privan de frecuencia a las radios y televisiones críticas.
La prensa independiente de Nicaragua (117o, -3) sufre una suerte similar, asfixiada por la feroz represión del gobierno del presidente Daniel Ortega –reelegido en 2016 para un tercer mandato consecutivo– y sus simpatizantes. En 2019 aumentaron las detenciones arbitrarias, al igual que el exilio de periodistas. Debido a la escasez de materias primas (papel, planchas para rotativa) orquestada por las autoridades, los diarios impresos del país casi han desaparecido del paisaje mediático.
Cuba (171o), que descendió dos lugares, se estanca en las profundidades de la Clasificación y sigue siendo el país peor clasificado de América Latina en cuestión de libertad de prensa. El régimen cubano, ahora dirigido por Miguel Díaz-Canel, sigue monopolizando casi toda la información; la Constitución aún prohíbe que exista prensa privada en el país. Además, en 2019 aumentaron los casos de detención y encarcelamiento de periodistas molestos para el gobierno.
Problemas estructurales inextricables
México (143o, +1), donde fueron asesinados 10 periodistas en 2019, sigue siendo el país más peligroso del continente para la prensa. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha logrado frenar la espiral de violencia contra los periodistas ni poner fin a la impunidad en que permanecen los crímenes cometidos contra ellos. En este país –como sucede con sus vecinos centroamericanos– persiste la colusión de políticos corruptos y autoridades (sobre todo locales) con el crimen organizado, que va más allá del ámbito político, lo que amenaza gravemente la seguridad de los actores de la información. En Guatemala (116o) y Honduras (148o, -2), los periodistas de los medios de comunicación de oposición o comunitarios que se atreven a denunciar los actos de corrupción de los políticos suelen padecer agresiones, amenazas de muerte, e incluso pueden ser asesinatos, por lo que a veces se ven obligados a exiliarse.
Lo mismo se observa en Colombia (130o), que de nuevo desciende un lugar en la Clasificación. Desde que Iván Duque asumiera la presidencia, en agosto de 2018, se han recrudecido las agresiones, las amenazas de muerte y los secuestros de periodistas, debilitando aún más a la prensa y generando verdaderos agujeros negros para la información en el país.
Acoso en internet: doble presión
En América Latina, como en todo el mundo, las agresiones físicas a periodistas suelen estar acompañadas de campañas de acoso en internet, emprendidas por ejércitos de troles y por simpatizantes de los regímenes autoritarios. Los métodos de censura en línea proliferan peligrosamente y las mujeres periodistas se cuentan entre sus principales víctimas.
En este oscuro panorama, abundan los desafíos que se deben superar para que la situación de la libertad de prensa mejore en América Latina de forma significativa y durable. Mientras la prensa de la región no cuente con instituciones democráticas sólidas que garanticen la seguridad de los periodistas y apoyen el desarrollo de los medios de comunicación, estos se verán obligados a reinventarse, a encontrar nuevas soluciones y alternativas.