En todos los países de Europa del Este y Asia Central los “hombres fuertes” están consolidando su control de la información. Es el caso de Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía (154e, +3), país en el que ha aumentado la censura de los medios de comunicación, sobre todo en internet. El que Turquía haya ascendido tres puestos se debe sobre todo a otros movimientos en la Clasificación, ya que aunque el número de periodistas encarcelados disminuyó por una decisión judicial en octubre de 2019, ésta sólo fue temporal. El gobierno turco se muestra más autoritario que nunca: cualquier persona que contradiga en las redes sociales la versión oficial de la política de seguridad, que cite un comunicado del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) o de las Fuerzas Democráticas Sirias, puede ser encarcelada. Seis periodistas que cubrieron la crisis en Libia fueron encarcelados –tres de ellos trabajaban para el sitio web informativo Odatv.com, que fue cerrado por las autoridades–. Este no es más que un ejemplo.

Los vecinos de Turquía, con Rusia (149o) a la cabeza, perseveran en su voluntad de controlar la Web, empleando medios cada vez más sofisticados. La ley relativa a “un internet soberano” permitirá a las autoridades rusas desconectar la Red nacional de la del resto del mundo, supuestamente con el objetivo de proteger al país de las amenazas informáticas, en caso de conflicto. De hecho, los proveedores de servicios de internet ahora tienen que dirigir el tráfico hacia infraestructuras controladas por el Estado. Aunque aún existen problemas técnicos que impiden poner en marcha de inmediato el “internet soberano”, es muy preocupante la perspectiva de un escenario similar al de China. Durante las manifestaciones en Moscú y en la República de Ingusetia, se probaron cortes del tráfico de internet a gran escala.

Roskomnadzor, el organismo regulador de las comunicaciones y los medios de comunicación de Rusia –incluido en la lista de depredadores digitales de Reporteros sin Fronteras (RSF)–, es cada vez más severo y ha bloqueado de forma parcial o total portales de noticias y redes sociales. Crimea se ha visto muy afectada por estas medidas: desde que se anexionó a Rusia se ha convertido en un agujero negro de la información.

La existencia de un internet nacional cerrado ya es una realidad en Turkmenistán (179o, +1), penúltimo país de la Clasificación. Los pocos internautas que hay en el país solo tienen acceso a una versión muy censurada de la Web, a la cual suelen conectarse en cibercafés, donde deben presentar una identificación. En Tayikistán (161o), las autoridades se adjudicaron en 2018 el monopolio de acceso a la Red. El gobierno tayiko emplea nuevas técnicas de bloqueo que impiden el acceso  –a veces incluso usando una red virtual privada (VPN)– a los pocos medios de comunicación independientes, como Asia-Plus. En un país en transición como Kazajistán (157o, +1), los cortes a la conexión de internet se han vuelto más eficaces: Radio Azattyk, Google y Telegram son algunos de los principales blancos.

Vigilancia generalizada

Aunque el nuevo presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, tenía un discurso reformista, su gobierno ha intentado instaurar una vigilancia digital en tiempo real. El verano pasado, los internautas se vieron obligados a instalar un “certificado de seguridad nacional”, so pena de ser privados del acceso a la Red. Esta obligación –presentada como “una prueba”– se eliminó, pero los certificados descargados, que no se suprimieron, aún pueden servir para vigilar a los usuarios. Por su parte, Rusia impone, como una cuestión de soberanía nacional, que los sitios web y las aplicaciones almacenen sus datos en servidores del país, medida que permite a las autoridades vigilar a periodistas y usuarios de las redes sociales.

Otra herramienta de censura importada del modelo ruso son los ejércitos de troles de Evgueni Prigojine, hombre de negocios cercano al Kremlin. El gobierno de Tayikistán, no contento con propagar noticias falsas, también se vale de este tipo de ejércitos para acosar a periodistas. Incluso en Georgia (60o), que ocupa el primer lugar de esta zona en la Clasificación, Facebook ha cerrado cientos de cuentas falsas, que se presentaban como medios de comunicación y estaban implicadas en una campaña de desinformación a favor de las autoridades. Los ciberataques contra los medios molestos para los gobiernos se multiplican. En Kirguistán (82o, +1) –cuyo pluralismo es una excepción en Asia Central–, las autoridades se negaron a investigar las ataques en serie DDoS (*Denial of Service, saturación del ancho de banda del servidor para que sea inaccesible) que afectaron en enero de 2020, entre otros medios de comunicación, al sitio web Factcheck.kg, probablemente como represalia por un reportaje sobre un caso de corrupción colosal.

Menor acceso a la información

Los periodistas de los medios de comunicación independientes se enfrentan a dificultades para obtener información oficial en la mayoría de los países de la región: las autoridades tardan mucho tiempo en responder a sus solicitudes y, cuando los reporteros les piden información, aducen que se trata de “documentos clasificados” o les niegan la acreditación de prensa necesaria para cubrir las actividades organizadas por el gobierno. Es el caso de Azerbaiyán (168o, -2) y de Bielorrusia (153o), donde a menudo se rechaza el acceso de prensa a los actos públicos. En Kirguistán, cada vez más temas importantes se discuten a puerta cerrada: en comisiones parlamentarias, por ejemplo, o en condiciones que restringen de facto el acceso a los periodistas, como juicios penales que se celebran en salas diminutas.

Los periodistas que trabajan para medios de comunicación extranjeros no están exentos de estas medidas. Los gobiernos en ocasiones les niegan la acreditación de prensa o les amenazan con su retirada, obstaculizando así su acceso a la información y propiciando la autocensura. Radio Free Europe/Radio Liberty es uno de los más afectados, especialmente en las oficinas locales que este medio de comunicación estadounidense tiene en Kazajistán, Tayikistán y Uzbekistán (156o). Este último país, no obstante, asciende cuatro puestos en la Clasificación gracias a las reformas emprendidas tras la muerte del presidente Islam Karimov, en 2016. En Rusia, aunque los procedimientos oficialmente no han cambiado, algunos periodistas extranjeros afrontan cada vez más dificultades para obtener su acreditación de prensa. Por otra parte, los reporteros independientes que trabajan para medios de comunicación extranjeros corren el riesgo de que las autoridades rusas los acusen injustamente de ser “agentes extranjeros”, como ya han hecho con algunos medios de comunicación y con las principales organizaciones defensoras de la libertad de prensa.

Impunidad creciente

Desde el año 2000, han sido asesinados al menos 37 profesionales de la información rusos debido a su labor periodística. En la mayoría de los casos, como sucede en otros países de la región, las investigaciones no han dado resultados y no se ha identificado a los autores materiales e intelectuales de los crímenes. Mientras tanto, los discursos de odio se han vuelto más violentos. El dirigente de la República de Chuvasia, en Rusia, incitó públicamente a “eliminar” a los periodistas críticos. Elena Milachina, periodista de Novaya Gazeta, fue agredida en Chechenia, un verdadero agujero negro de la información. Al día siguiente de este ataque, la reportera fue víctima de una campaña de propaganda de canales de televisión locales que aprobaban esta violencia, e incluso incitaban al asesinato, con total impunidad.

Ucrania (96o) ascendió seis posiciones, el mayor progreso de un país de la zona, pero esto se explica más por los movimientos en la Clasificación que por un avance real. Las esperanzas suscitadas en el país por la elección de Volodymyr Zelensky como presidente tardan en hacerse realidad: el espacio mediático sigue estando muy polarizado –igual que la sociedad–; la impunidad ha favorecido el aumento de los actos de violencia física contra periodistas; grupos nacionalistas agreden a medios de comunicación independientes, como Bellingcat, cuyos reporteros padecen amenazas de muerte. En Armenia (61o), la aversión hacia los periodistas –que antes se traducía en violencia física– ha abierto poco a poco  paso al acoso judicial: es preocupante el aumento de los procesos penales que tienden a criminalizar el oficio periodístico y a consumir los recursos de los medios de comunicación, frenando su trabajo informativo.

Los mismos Estados a menudo constituyen un mal ejemplo: la legislación es poco clara y la aplican de manera selectiva, utilizándola como pretexto para condenar a periodistas y blogueros por extremismo o por atentar contra la soberanía nacional. Es el caso de Rusia, que incluyó en su lista de “terroristas” a la periodista Svetlana Prokopieva, por un comentario que hizo en la radio. En Asia Central y en Azerbaiyán, las autoridades usan las leyes de “incitación al odio” social, religioso o interétnico para juzgar a periodistas.

Los excesos en la lucha contra la desinformación

En la mayoría de los países de la zona persisten los problemas de independencia de los medios de comunicación y la línea editorial de muchos de ellos refleja los intereses de sus propietarios. En Moldavia (91o), el imperio mediático construido por el millonario Vladimir Plahotniuc, ex líder del Partido Demócrata, ha perdido influencia y ha sido rápidamente reemplazado por un nuevo holding de medios de comunicación propiedad del Partido de los Socialistas (su competencia pro rusa). El asfixiante peso de los oligarcas –progubernamentales o a favor de la oposición– y las campañas de desinformación incitan a los Estados a crear leyes cada vez más peligrosas para la libertad de prensa. En Ucrania, se ha presentado un proyecto de ley que contempla, por un lado, sancionar penalmente a los periodistas en caso de “desinformación” y, por otro, la creación de un nuevo órgano encargado de comprobar la veracidad de los contenidos, que tendría poderes discrecionales. En Armenia, en nombre de la lucha contra las noticias falsas y del interés nacional, se detiene a usuarios de las redes sociales; algunos ministerios del país también han intentado que se establezcan leyes para este sector, sin que exista una consulta previa con la sociedad civil o los medios de comunicación.

La independencia económica, debilitada

Las dificultades económicas obstaculizan el crecimiento de los medios de comunicación independientes, muchos de los cuales luchan por sobrevivir. El periodismo de investigación no logra desarrollarse por falta de recursos. Estos medios de comunicación tienen un público reducido, carecen de anunciantes y no cuentan con ayudas del Estado, que lejos de apoyarlos, en ocasiones los sanciona, como en Bielorrusia, donde en 2019 el gobierno impuso cerca de un centenar de multas. En Uzbekistán, por temor a las represalias del gobierno, los anunciantes no recurren a los medios de comunicación independientes, que tienen prohibido, por ley, recibir subvenciones del extranjero. En Moldavia, el mercado publicitario está controlado por los políticos y sus familias. Todas estas restricciones deterioran aún más la situación de los periodistas de la prensa independiente, que a  menudo perciben salarios mucho más bajos que los reporteros de los medios de comunicación del Estado.