En Panamá, los periodistas que critican las políticas gubernamentales o cubren temas relacionados con la corrupción –sobre todo escándalos financieros internacionales– suelen encontrarse en el punto de mira de la justicia. Con frecuencia los periodistas enfrentan procesos legales por difamación, que suelen sancionarse con multas. El gobierno sigue controlando el acceso a la información, sobre todo a través de la asignación de la publicidad oficial.