Noticias

16 Enero 2002 - Actualizado el 20 Enero 2016

Un empresario acusado y detenido por "desacato"


Actualización - 16 de enero de 2002 A las dos de la tarde, la Tercera Sala de la Corte de Apelación de Santiago concedió la libertad bajo fianza a Eduardo Yáñez, veintícuatro horas después de su encarcelación. Tuvó que pagar una fianza de 100 000 pesos (169 euros). Eduardo Yáñez sigue inculpado de "desacato a las autoridades". 15 de enero del 2002
Un empresario acusado y detenido por "desacato"
En una carta dirigida a Jaime Rodríguez, presidente de la Corte de Apelación de Santiago, Reporteros sin Fronteras (RSF) ha manifestado su protesta por la acusación de "desacato" a la Corte Suprema, seguida de detención, del empresario Eduardo Yáñez. "El encarcelamiento de Eduardo Yáñez va en contra de los tratados internacionales relativos a la libertad de prensa", ha subrayado Robert Ménard, secretario general de RSF. La organización ha pedido a la Corte de Apelación de Santiago que deje en libertad a Eduardo Yáñez. Asimismo, RSF ha solicitado de la Corte de Apelación que haga pública su decisión en el menor tiempo posible. En enero de 2000, el Relator Especial de Naciones Unidas para la promoción y la protección del derecho a las libertades de opinión y de expresión, estableció claramente que "la pena de prisión por la expresión pacífica de una opinión vulnera gravemente los Derechos Humanos." Según informaciones recogidas por RSF, el empresario Eduardo Yáñez fue acusado, el 15 de enero de 2002, por el juez Juan Manuel Muñoz, de "desacato a las autoridades", sancionado con una pena que puede llegar hasta cinco años y un día de cárcel. Inmediatamente quedó detenido, dada la gravedad del delito. Sin embargo, el juez ha recomendado que goce de una liberación bajo fianza. Detenido en el Palacio de Justicia, Eduardo Yáñez debería ser trasladado durante el día de hoy a una cárcel de Santiago. El 28 de noviembre de 2001, durante el programa "El termómetro", transmitido en el canal Chilevisión, el empresario Eduardo Yáñez declaró, aludiendo a un caso de error judicial, que la justicia chilena era "inmoral, cobarde y corrupta", y que los jueces hacían "mariconadas". Después de estudiar esas declaraciones, la Corte Suprema presentó una demanda por "desacato contra la autoridad". Juan Manuel Muñoz, el juez del Tribunal de apelación encargado de la instrucción de la querella, estableció que las diferentes partes tenían de plazo hasta el 15 de enero de 2002 para encontrar una solución amistosa. Por tres veces, el empresario ha presentado sus excusas a la Corte Suprema que no las ha aceptado.