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12 Enero 2001 - Actualizado el 20 Enero 2016

Sordos, ciegos y mudos


Mantener al público desinformado limitando por todos los medios su acceso a la información y a la comunicación sigue siendo la principal arma estratégica del gobierno cubano.
Por María Elena Rodríguez Mantener al público desinformado limitando por todos los medios su acceso a la información y a la comunicación sigue siendo la principal arma estratégica del gobierno cubano. "Busca la llave para navegar. CENIAInternet es hoy la vía directa a Internet, abriendo muchas puertas con una sola llave", reza la publicidad que promociona Internet en Cuba. Pero ¿quién puede poseer esa llave? A la escasa minoría que dispone de una computadora le está negado conectarse a Internet. Para navegar por la Red con acceso limitado, la única posibilidad es visitar la Academia de Ciencias (antiguo Capitolio) y pagar tres dólares por media hora de servicio (lo que representa aproximadamente el tercio de un salario medio mensual), pues toda persona que se conecte ilegalmente corre el riesgo de que su equipo sea decomisado por las autoridades. La computadora más barata, sin accesorios ni servicio de instalación, está a la venta en la única tienda a la que tiene acceso el ciudadano común por 800 dólares (80 veces el monto del salario promedio), precio que incluye un impuesto de 30%, mientras que en esa tienda funcionarios y profesionales avalados por el gobierno pueden adquirir el mismo artículo, incluida la instalación, con financiamiento estatal y con la reducción del 30% de impuesto. El correo electrónico es para el ciudadano común algo tan lejano y exótico (sólo se ofrece en los moteles y se cobra en dólares) que un alto porcentaje de cubanos no sabría decir si se transmite por computadora o por fax. En cuanto a los teléfonos inalámbricos, toda una novedad en Cuba en este momento, tampoco están al alcance del pueblo, pues el equipo más barato cuesta 62 dólares (1.302 pesos). Por lo demás, la empresa Cubacel (teléfonos celulares cubanos) sólo expende celulares a los extranjeros y a personal del gobierno. En octubre de 2000 se distribuyeron teléfonos celulares programados para enlazar directamente con la policía entre los ciudadanos comunistas, a razón de uno cada cien metros, con el objetivo de controlar más estrecha y eficazmente cualquier actividad presuntamente delictiva. A partir de 1999 la empresa de telecomunicaciones cubano-italiana Etecsa comenzó a realizar instalaciones de líneas telefónicas pero sólo al personal que responde a los lineamientos del gobierno. También los ciudadanos extranjeros con permiso de residencia en el país por más de seis meses tienen acceso a este servicio sin demora alguna y a cambio del pago en dólares. En cambio, a personas que están esperando una línea telefónica desde 1962 se les informó que su solicitud ya no tenía validez. Esta situación ha obligado a que ciudadanos con necesidad de este servicio y que disponen de dólares recurran a la extensión de una línea proporcionada por algún vecino, que no sólo pierde así su privacidad telefónica sino que corre el riesgo de verse privado de teléfono por considerarse esta operación como ilegal. Los opositores al gobierno comunista y los periodistas independientes que poseen una línea telefónica, generalmente heredada o instalada antes del triunfo comunista, están a la merced del ministerio del Interior, que controla sus líneas, obstaculiza sus comunicaciones por diferentes medios e incluso los priva del servicio telefónico durante horas y en ocasiones días enteros. En cuanto a la televisión por cable, este servicio se ofrece sólo en los mejores hoteles capitalinos y sólo los extranjeros están autorizados a instalar antenas parabólicas para captar señales televisivas del exterior a cambio de una cuota semestral de 200 dólares. Los cubanos que disfrutan del servicio lo hacen ilícitamente. Así, en los últimos años, se ha extendido el uso de antenas de fabricación casera, que se venden en el mercado negro a unos 60 dólares. El uso de estas antenas ha ido desapareciendo paulatinamente en el primer semestre de 2000 desde que el gobierno decidió realizar batidas para su decomiso y castigar a los poseedores con una multa de 75 dólares. En cuanto a las emisiones radiales de onda corta, la cúpula gobernante financió la instalación de un sistema de torres de interferencia de tecnología china que impide captar señales procedentes del extranjero. La radio, los dos canales de televisión nacional y telecentros provinciales, así como toda publicación de prensa escrita y literaria, son propiedad estatal por lo que responden plenamente a los intereses y las directivas del gobierno