Noticias

23 Diciembre 2021

RSF aboga por la protección de los periodistas y contra la impunidad en la misión internacional de libertad de prensa a México

RSF’s meeting with Enrique Irazoque Palazuelos, the head of the Federal Mechanism for the Protection of Human Rights Defenders and Journalists, on December 7th. Credits: RSF
La oficina de Reporteros Sin Fronteras (RSF) América Latina, junto con representantes de RSF de Colombia y Alemania, visitaron México en una misión internacional de dos semanas en la primera quincena de diciembre. Durante esta misión buscaron reforzar la lucha de RSF contra la impunidad de los crímenes contra periodistas en México y comprender mejor las diversas e interdependientes influencias que dan forma a las desoladas condiciones laborales de los periodistas en el país.

Por tercer año consecutivo, México es el país más peligroso en el mundo para los periodistas, con al menos siete periodistas asesinados este año. En su misión internacional de libertad de prensa en el país, la delegación de RSF se reunió con familiares de periodistas desaparecidos y asesinados, autoridades mexicanas, representantes de la ONU y de la UE, así como con periodistas, medios de comunicación y ONG socias mexicanas.

 

En los últimos cinco años, al menos 47 periodistas han sido asesinados en México en relación con su trabajo periodístico, de los cuales 25 se han llevado a cabo desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo en diciembre de 2018. En 2021, al menos siete fueron asesinados, como se destaca en el conteo anual de RSF publicado el 16 de diciembre: Benjamín Morales Hernández, Gustavo Sánchez Cabrera, Ricardo López Domínguez, Saúl Tijerina Rentería, Jacinto Romero Flores, Manuel González Reyes y Fredy López Arévalo. Además, fueron desaparecidos dos periodistas, ambos en el Estado de Sonora: Jorge Molontzín Centlal y Felipe Romero Chávez. La impunidad es casi total: entre el 95 y el 99 por ciento de los asesinatos de periodistas, el autor intelectual queda impune, y ninguno de los casos de periodistas desaparecidos de los últimos años se ha resuelto.


El Estado mexicano debe transformar las declaraciones de intenciones en decisiones valientes para dar una respuesta duradera que asegure un ambiente de trabajo digno y seguro para los trabajadores de la información en todo el país. RSF y sus socios están trabajando incansablemente en esta dirección y esperan, a través de los diversos proyectos que se darán a conocer en el primer trimestre de 2022, cooperar de manera efectiva con las autoridades para frenar esta espiral descendente de violencia e impunidad”, dijo el jefe de la oficina de RSF para América Latina, Emmanuel Colombié.

 

México ha sido el país más peligroso del mundo para los periodistas durante años. Son asesinados o desaparecen simplemente porque hicieron su trabajo. No aceptaremos que estos crímenes queden impunes casi todas las veces. Apoyamos a estos periodistas y sus familias, vamos a los tribunales con ellos, les damos apoyo psicológico y les dejamos claro a las autoridades que RSF seguirá luchando contra la impunidad. Por eso fuimos a México”, dijo el director ejecutivo de RSF Alemania, Christian Mihr.

 

La misión de RSF en México fue muy importante para nuestro país. En nuestras reuniones con altos funcionarios responsables de la protección y seguridad de los periodistas les pedimos que centraran su atención en la violencia de la que son víctimas los periodistas en este país. Forman parte de la solución para salir de la crisis en la que nos encontramos. Para hacernos oír, fue muy importante para nosotros la presencia de RSF, una ONG internacional muy respetada en México”, dijo Sara Mendiola, abogada de derechos humanos y directora ejecutiva de Propuesta Cívica, la organización local socia de RSF.

 

RSF había programado reuniones con organizaciones de la sociedad civil, periodistas y medios de comunicación, así como con las autoridades encargadas de la protección y defensa de los periodistas; entre otros, RSF se reunió con el titular del Mecanismo Federal de Protección, la FEADLE (Fiscalía Especial de Delitos contra la Libertad de Expresión), la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, representantes de la Unión Europea, la OACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos), la UNESCO y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

 

En conferencia de prensa el 8 de diciembre y en mesa redonda con la Comisión de Derechos Humanos del Senado mexicano el 9 de diciembre, RSF presentó los hallazgos preliminares de los dos proyectos que actualmente está implementando en México: “Bajo Riesgo” y “Defending Voices”.

 

Al mismo tiempo, la oficina regional de RSF para América Latina, con el apoyo de la Unesco, lanzó una iniciativa en marzo de 2021 destinada a fortalecer los mecanismos de protección de periodistas en México, así como en Colombia, Brasil y Honduras. Estos países representan el 80 por ciento de los asesinatos de periodistas en América Latina en la última década. Luego de un extenso proceso de consultas y entrevistas con periodistas, representantes de los mecanismos y organizaciones de la sociedad civil, se está ultimando un informe detallado con un diagnóstico y recomendaciones en cada uno de los países. RSF lo difundirá en febrero de 2022. La organización entiende el informe como un instrumento de cooperación con cada gobierno para que puedan cumplir con sus obligaciones en materia de protección a los periodistas.

 

En México, RSF ha observado una grave deficiencia en la cantidad de personal en el mecanismo de protección de periodistas. Existe una evidente sobrecarga de trabajo, con alrededor de 50 funcionarios responsables de cerca de 1.500 casos de personas bajo protección, de las cuales 470 son periodistas. La falta de acompañamiento adecuado y las demoras en la implementación de las medidas de protección a menudo cuestan vidas. Sin embargo, el mecanismo no puede entenderse como un engranaje aislado: es fundamental que las políticas de protección pública involucren efectivamente a los órganos e instituciones gubernamentales de cada estado y también a nivel local.


En la reunión de RSF con el Mecanismo Federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) el 7 de diciembre, la organización se aseguró de mejoras para el próximo año: los presupuestos de 2022 se elevarán a 388 millones de pesos, todos los analistas se certificarán y se lanzará una campaña nacional de comunicación (que ya estaba prevista para 2019) de sensibilización. RSF responsabilizará al mecanismo de cumplir estas promesas.

 

El otro proyecto presentado, “Defending Voices”, es un proyecto de RSF Alemania en cooperación con Propuesta Cívica, financiado por el Ministerio de Cooperación y Desarrollo Económicos de Alemania (BMZ). El proyecto tiene como objetivo, en primer lugar, cambiar las leyes y las prácticas regulatorias que restringen la libertad de prensa, y en segundo lugar, garantizar que los profesionales de los medios de comunicación que han sido víctimas de delitos y sus familias reciban justicia.

 

Durante la misión, RSF y Propuesta Cívica presentaron una versión preliminar del análisis de las leyes mexicanas (derecho penal, derecho laboral, derecho civil y leyes de protección de periodistas) que restringen la libertad de prensa, obstruyen o criminalizan el trabajo de los periodistas a nivel federal y estatal. El análisis sirve de base para propuestas de reforma legislativa destinadas a mejorar la protección jurídica de los periodistas. Las propuestas se presentarán al Senado en 2022.

 

La segunda parte del proyecto “Defending Voices” tiene como objetivo abordar la impunidad tras los asesinatos y desapariciones forzadas de periodistas. Propuesta Cívica ha recopilado y sistematizado información sobre los 25 casos de periodistas desaparecidos en México desde 2003. Los casos de Mauricio Estrada Zamora, reportero del diario La Opinión de Apatzingán (desaparecido en 2008) y Ramón Ángeles Zalpa, periodista de Cambio El diario de Michoacán y también un catedrático universitario (desaparecido en 2010), ambos del Estado de Michoacán, fueron seleccionados como ejemplares por la indiscutible falta de voluntad de la policía y la fiscalía para investigar. Luego se entablaron demandas para buscar los recursos legales disponibles a nivel nacional. Las organizaciones brindan a las familias un amplio apoyo legal y se están preparando para presentar los casos al Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2022.

 

Además de eso, representantes de RSF Alemania y México se reunieron con familiares de Mauricio Estrada Zamora y Ramón Ángeles Zalpa en Michoacán como parte de su misión en la primera semana de diciembre.

 

La semana siguiente, representantes de RSF fueron a Veracruz para reunirse con la familia y el abogado de Miguel Ángel López Velasco, también conocido como Milo Vela. El veterano periodista del diario Notiver fue asesinado el 20 de junio de 2011 en la ciudad de Veracruz. Su asesinato fue la antesala de una serie de asesinatos de periodistas durante el mandato de Javier Duarte en el Estado de Veracruz. El caso nunca se resolvió; ningún autor material o intelectual fue llevado a los tribunales.

 

Junto con Free Press Unlimited y el Committee to Protect Journalists, RSF decidió tomar el caso de Milo Vela para llevarlo al llamado Tribunal Popular sobre el Asesinato de Periodistas, mismo que las tres ONG internacionales organizan en colaboración con organizaciones locales de libertad de prensa. Los Tribunales Populares están diseñados para responsabilizar a los estados por las violaciones del derecho internacional mediante la sensibilización del público y la generación de un registro de pruebas legítimas, y desempeñan un papel importante en el empoderamiento de las víctimas y el registro de sus historias. El Tribunal Popular sobre el Asesinato de Periodistas consta de cinco audiencias, que se llevarán a cabo desde el 2 de noviembre de 2021 hasta el 3 de mayo de 2022, y acusará a los gobiernos de Sri Lanka, México y Siria en tres audiencias de casos separadas por no impartir justicia. La audiencia del caso Miguel Ángel López Velasco se llevará a cabo en la Ciudad de México los días 23 y 24 de marzo de 2022.

 

México ocupa el puesto 143 entre 180 países en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2021 de RSF.