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8 Julio 2012 - Actualizado el 20 Enero 2016

La periodista y defensora de los derechos humanos Sanjuana Martínez, víctima de abuso de poder


El escándalo se suma a la sorpresa por la detención, el 5 de julio de 2012 en Monterrey (Nuevo León), de la colaboradora del diario La Jornada Sanjuana Martínez, conocida por su lucha a favor de las mujeres y los niños víctimas de maltrato. Oficialmente el arresto de la periodista, por “juicio de convivencia”, es administrativo y se debe al proceso de divorcio que enfrenta con quien fuera su marido, el juez español Carlos Castresana Fernández. Finalmente, la periodista fue puesta en libertad la tarde del 7 de julio. Contactada por Reporteros sin Fronteras, su abogada, Queeney Rose Osorio, denunció "un caso totalmente anormal, que va más allá de un simple proceso legal y administrativo”.

“¿Quién puede creer seriamente que un proceso civil (y en ningún caso penal) pueda justificar que policías conduzcan a Sanjuana Martínez a una celda como una delincuente? El pretexto es tan poco creíble y falaz que en el ‘mejor’ de los casos podría traducirse como una venganza personal de la juez que ordenó esta medida, con la que la periodista enfrenta un pesado contencioso y, en el peor, al deseo de castigar a Sanjuana Martínez por su compromiso y postura. Estos hechos ocurren en el peor momento, mientras que la crisis poselectoral que agita el país plantea la cuestión del respeto real de las libertades públicas y de los derechos constitucionales fundamentales”, declaró Reporteros sin Fronteras.

El primer escándalo suscitado por este caso tiene que ver con el arresto mismo: la policía nunca notificó a la interesada el motivo de su detención ni le mostró una orden de aprehensión. Fue hasta más tarde, una vez que Sanjuana Martínez se encontraba detenida, que la abogada de la periodista recibió una copia de la orden de aprensión dictada por la jueza Luz María Guerrero Delgado. El otro escándalo radica en el motivo mencionado por la magistrada: el divorcio de la periodista y el juez Carlos Castresana, quien interpuso una demanda en su contra para quitarle la custodia de sus hijos. La misma jueza ya había amenazado a Sanjuana Martínez con que la privaría de dichos derechos.

En realidad, el conflicto entre ambas mujeres se originó cuando Sanjuana Martínez escribió un reportaje en el que denunció el allanamiento del albergue para mujeres víctimas de violencia física “Alternativas Pacíficas”, ordenado por la jueza Guerrero Delgado en septiembre de 2008 con el fin de llevarse a dos menores de edad. Con el allanamiento se favoreció a un agresor, cuya esposa, víctima de violencia conyugal, estaba recluida ahí y a la que le quitaron a sus dos hijos. La operación policíaca también se saldó con la detención de María del Mar Álvarez Morales, directora de la ONG.

Desde el 2 de julio pasado Sanjuana Martínez, activista y mujer combativa, ha difundido los graves reclamos de fraude registrados en las pasadas elecciones federales. Sin establecer un nexo entre estas publicaciones y el presente caso, Reporteros sin Fronteras no puede ignorar las consecuencias de la crisis política actual sobre la libertad de información y de expresión. Las intimidaciones y amenazas prosiguen contra aquellos que la denuncian.