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12 Marzo 2012 - Actualizado el 20 Enero 2016

Asesinan a machetazos a un periodista de una radio regional: “la barbarie no conoce tregua”


Fausto Elio Hernández, conductor del programa “La Voz de la Noticia” de la estación regional Radio Alegre de Colón, fue asesinado con arma blanca el 11 de marzo de 2012 en Sabá, al este del departamento de Colón. Cuando el periodista de 54 años de edad regresaba a su casa en bicicleta, tuvo un violento altercado con otro hombre armado con un machete, quien le propinó 18 machetazos y después huyó, sin robarle ningún efecto personal.

“Esta nueva tragedia, particularmente sórdida, manifiesta una vez más la caótica situación de inseguridad en que está hundido Honduras, entre las heridas nunca sanadas del golpe de Estado de junio de 2009, los recientes intentos de depuración de la policía y los violentos conflictos agrarios que sacuden especialmente el departamento de Colón. ¿Qué se puede esperar de la investigación anunciada, mientras que la impunidad permanece en todos los casos precedentes de asesinatos de periodistas, de defensores de los derechos humanos y de defensores de las libertades fundamentales? Una misión de investigación internacional debe hacerse cargo de los casos más graves. La barbarie no conoce tregua”, declaró Reporteros sin Fronteras.

Honduras se ubica en el lugar 135 de entre 179 países en la última Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa publicada por Reporteros sin Fronteras. Con este caso, son dos los periodistas asesinados en el país en lo que va de año. El 29 de febrero pasado encontraron asesinada en Choloma a la estudiante de periodismo Saira Fabiola Almendares Borjas, de 22 años de edad. 26 periodistas han perdido la vida en Honduras en una década; 19 de ellos en el periodo que siguió al golpe de Estado.

Foto exterior: Indymedia
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02.03.12 - Periodistas y actores de la sociedad civil, en medio de la tormenta tras una nueva ola de amenazas

Desde el inicio del año 2012, en Honduras no ha pasado un día sin que a un periodista, un propietario de un medio de comunicación local o un observador de la sociedad civil le hagan saber vía telefónica que su vida está en peligro. Ese cúmulo de amenazas e intimidaciones se registra tanto en la región militarizada del Aguán –teatro de un violento conflicto agrario–, como en el departamento de Copán, fronterizo con Guatemala y ruta del narcotráfico, incluso en las principales ciudades, como pudo constatar una representante de Reporteros sin Fronteras que visitó el país del 17 al 29 de febrero.

Alimentado por la represión generada tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, este clima de terror resurgió con el lanzamiento, en noviembre de 2011, del “Operativo Relámpago”, que moviliza a la policía y el ejército. Clima que se prolonga con la tragedia nacional vivida por el incendio del centro penitenciario de Comayagua, en el cual 361 presos perdieron la vida la noche del 14 al 15 de febrero. Hasta este momento, la impunidad perdura en los 24 casos de asesinato de periodistas registrados desde hace una década; tan sólo 17 de ellos fueron cometidos en el periodo que siguió al golpe de Estado. La impunidad también persiste en los casos de asesinato de representantes de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, sindicalistas y abogados registrados estos últimos años.

Aguán: silencio, reprimimos

Después de que campesinos del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) ocuparan, en 2009, tierras usurpadas por terratenientes, el envío del ejército convirtió a la región del Aguán en un verdadero enclave del territorio hondureño. Las pequeñas radios comunitarias, portavoces de los movimientos locales, sufren todo tipo de maniobras de censura. El 20 de enero pasado el MUCA perdió a uno de sus miembros, el dirigente y representante comunitario Matías Valle.

El reciente Encuentro Internacional de Derechos Humanos en Tocoa, realizado del 17 al 20 de febrero, no atenuó en nada los ardores represivos del ejército o de los enemigos de las comunidades. Así, el 19 de febrero una veintena de periodistas que viajaban en una caravana conformada por seis vehículos fue interceptada por un retén militar; cuando intentaban conocer los motivos de la detención de los ocupantes de uno de los autos, conducido por un dirigente del MUCA, los soldados no dudaron en esgrimir sus armas apuntando a los periodistas, según el testimonio de uno de ellos, Giorgio Trucchi, de la Rel-UITA.

Según nuestra representante, en menos de una semana el coordinador del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán, Wilfredo Paz, recibió dos llamadas en las que lo amenazaban. En ambas ocasiones, los mensajes se referían a Juan Chinchilla, otro dirigente del MUCA. El segundo mensaje, que ofrecía una fuerte suma por el asesinato de Juan Chinchilla, data del 24 de febrero. Ese mismo día el presidente Porfirio Lobo, acompañado de varios ministros, realizaba una visita en la región para ratificar un acuerdo firmado una semana antes por un grupo de campesinos del MUCA, destinado a garantizarles el derecho de posesión de las tierras ocupadas.

Al respecto, el conductor de un programa del Centro de Noticias de Colón (CNC), Roberto Hernández, y el reportero de este pequeño canal local David Corea, nos confiaron que es casi imposible para los periodistas del Aguán ejercer su oficio. Financiados por anunciantes a veces susceptibles de recibir dinero sucio del narcotráfico, los pequeños medios de comunicación privados locales, conducidos por periodistas precarios y sin títulos, prefieren autocensurarse en lo que respecta a temas delicados.

Comayagua, las verdades incómodas

¿Las puertas permanecieron cerradas por temor de una fuga, dejando a los presos a merced de las llamas durante el incendio del penal de Comayagua? ¿De dónde provienen los impactos de bala descubiertos durante la autopsia de algunos reos? ¿Por qué fueron los vecinos del lugar y no los directivos de la prisión los que llamaron a los bomberos? ¿Esto habría sacado a relucir que se acordó la salida de presos a cambio de dinero y que al final se traicionó tal promesa? Tantos elementos que se suman al escándalo de la sobrepoblación y de la inseguridad carcelaria, y que la tragedia de Comayagua puso de manifiesto.

Por haber abordado estas cuestiones e investigado, el periodista Luis Rodríguez y su camarógrafo Javier Villalobos, del canal local por cable Catedral TV, recibieron amenazas explícitas el 22 de febrero: “dejen de seguir hablando del incendio o les metemos fuego”. Según el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), organización colaboradora de Reporteros sin Fronteras, el propietario de este canal, Juan Ramón Flores, así como Ramón Cabrera, gerente general de Digicable, la empresa que brinda el servicio de cable a Catedral TV, recibieron amenazas similares.

Protección arriesgada

No han cesado los ataques contra los medios de comunicación nacionales conocidos por su oposición al golpe de Estado y sus representantes. El 23 de febrero Ivis Alvarado, director de un programa transmitido por Globo TV y Radio Globo –que sufrió varias suspensiones y requisas en la época del golpe–, denunció al aire el robo de dos ordenadores de su casa y el posterior registro de su vehículo. Debido a que ha sido amenazado varias veces, el periodista goza de medidas cautelares.

Este no es aún el caso de Gilda Silvestrucci e Itsmania Pineda Platero, ambas miembros del colectivo “Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión”, que realizó una manifestación contra la impunidad que fue reprimida violentamente por militares y miembros de la Guardia de Honor Presidencial en las inmediaciones de la Casa de Gobierno el 13 de diciembre pasado, en Tegucigalpa. Reporteros sin Fronteras exige de nuevo una respuesta a su petición de que se brinde protección a las dos mujeres, así como en lo concerniente al seguimiento judicial de la denuncia presentada por el colectivo tras la agresión sufrida durante la manifestación del 13 diciembre.

De la misma manera, debe otorgarse protección a Danilo Osmaro Castellanos, vicepresidente de C-Libre y director del telenoticiero ATN: Honduras a Todo Noticias transmitido por el Canal 32, quien el 22 de febrero fue blanco de amenazas a muerte contra el y su familia. El periodista, que vive en Santa Rosa de Copán, se había pronunciado recientemente sobre la corta vision de la gestión en la administración local y sobre el intento de callar su voz mediante ofrecimientos de pagos a su equipo de prensa.

Otros dos dramas ocurridos el 29 de febrero se suman a este siniestro balance. Mavis Cruz, empleada de Radio Libertad en San Pedro Sula, interpuso una denuncia por amenazas de muerte contra ella y su familia. Recientemente la periodista había abordado el tema de la renuncia del Director de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, Óscar Manuel Arita Aguilar.

En Choloma, encontraron asesinada a la estudiante de periodismo Fabiola Almendárez Borjas, de 22 años, junto con otros dos individuos de la misma edad. La joven era colaboradora de los programas deportivos del Canal 30 y de Radio Cadena Voces (RCV). Ochenta jóvenes han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Honduras desde enero pasado.

Foto: Fernando Romero