El pluralismo de la prensa marroquí no es más que una fachada, pues los medios no reflejan la diversidad de opiniones políticas que hay en el país. Los medios y los periodistas independientes se enfrentan a graves presiones y el derecho a la información es arrollado por una maquinaria de propaganda y desinformación al servicio de la agenda política del poder y su entorno. Frente a estas presiones, el último medio independiente de Marruecos, el diario Akhbar Al Yawm ha tirado la toalla y se publicó, por última vez, en abril de 2021. La principal fuente de información de la población es Internet, tanto a través de las redes sociales como de las webs informativas.

El islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), formación en el poder desde 2011, sufrió un varapalo en las elecciones legislativas de 2021, en beneficio de la Reagrupación Nacional de Independientes (RNI), liderada por el actual primer ministro, Aziz Akhannouch. Este poderoso empresario ha multiplicado las presiones y acciones judiciales contra los periodistas que le critican a él o a su gestión. Desde hace años, el trabajo de los periodistas se ve torpedeado por las líneas rojas implícitas impuestas por el reino: el Sáhara Occidental, la monarquía, la corrupción y el islam. A esta lista se suman las acciones de los servicios de seguridad, la gestión de la pandemia de la Covid-19 y la represión de las manifestaciones.

La Constitución marroquí ampara la libertad de expresión y el derecho a la información, prohíbe toda censura previa y garantiza que una “Alta Autoridad de la Comunicación Audiovisual vele por el respeto de la pluralidad”. A pesar de que el nuevo código de la prensa, adoptado en 2016, despenaliza los delitos de prensa, cualquier publicación considerada crítica puede ser objeto de demandas judiciales basadas en el código penal. Esta falta de garantías legales para la libertad de expresión y para la prensa, la escasa independencia de la justicia y la multiplicación de procesos contra los periodistas llevan a los profesionales de la información a autocensurarse.

Los periodistas trabajan en un contexto económico exangüe. En general, los medios no logran atraer a los anunciantes y los independientes, cada vez más escasos, sufren para tener una estabilidad financiera que les permita desarrollarse. Los afines al poder se benefician de mayor estabilidad, pues acceden a recursos financieros con mayor facilidad.

La sociedad marroquí consume prensa independiente, sin por ello estar comprometida en su defensa. La desinformación reinante se ve acentuada por un periodismo sensacionalista y de rumorología, que no respeta la vida privada y degrada en general la imagen de la mujer.

Las detenciones sin orden judicial y de forma prolongada están a la orden del día en Marruecos. Durante los últimos cinco años, asuntos relacionados con la moral, como acusaciones de violación, trata de personas, adulterio o la práctica ilegal del aborto se han imputado a periodistas independientes. Los procesos que siguen a estas acusaciones se acompañan de campañas de calumnias organizadas en su contra por los medios afines a las autoridades. En 2020, 110 periodistas han acudido al Consejo Nacional de la Prensa (CNP), la autoridad de regulación con poder sancionador contra los organismos que vulneran el código de la prensa, para que adopte sanciones disciplinarias contra estos “medios de difamación”.