Informes

14 Julio 2020

Brasil: así resiste la prensa las presiones del “sistema Bolsonaro”

Reporteros sin Fronteras (RSF) presenta la segunda entrega de una serie de publicaciones sobre la situación de la libertad de prensa en Brasil en 2020, en las que desvela la estrategia del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y de su entorno, para que persista la desconfianza en el trabajo de los periodistas.

Los primeros meses de 2020 han sido dramáticos para Brasil, país inmerso en una grave crisis política e institucional y gravemente afectado por la pandemia del coronavirus. Desde que Jair Bolsonaro fuera elegido presidente en octubre de 2018, la prensa brasileña ha tenido que enfrentar un ambiente cada vez más hostil. En el segundo trimestre de 2020, los periodistas han sido objetivos de nuevos ataques del presidente, pero sobre todo de su familia, sus ministros más cercanos y sus fieles seguidores, muy activos en las redes sociales.

 

RSF hace un recuento de los episodios que han marcado este segundo trimestre de 2020 y da cuenta de las reacciones de la prensa, pero también de la manera en que la sociedad brasileña hace frente al autoritarismo del gobierno y al discurso de odio contra los medios de comunicación, alimentado por las más altas esferas del Estado.

 

Un sistema familiar y tentacular

 

En el segundo trimestre de 2020 han seguido registrándose agresiones constantes del sistema Bolsonaro. RSF ha contabilizado al menos 21 casos de agresiones del presidente brasileño contra los periodistas y la prensa en general, lo que representa una ligera disminución respecto al primer trimestre de 2020, cuando se registraron 32 casos. Pero esta pequeña mejora debe relativizarse, sobre todo cuando se considera la intensa actividad de los hijos del presidente en las redes sociales: Carlos Bolsonaro, concejal de la ciudad de Río de Janeiro, lanzó 43 ataques; Flavio Bolsonaro, senador, 47 ataques; y Eduardo Bolsonaro, diputado federal, 63 ataques. En este segundo trimestre, el trío se ha convertido en un verdadero brazo armado del sistema, multiplicando las agresiones contra los periodistas que resultan molestos para la familia y el gobierno. Muchos de los ministros más cercanos al presidente, como Abraham Weintraub –ahora ex ministro de Educación (responsable de 18 ataques)– o Damares Alves, ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos humanos (4 ataques), participaron en gran medida en los intentos de acabar con la credibilidad de los principales medios de comunicación del país, reforzando un imaginario en el que la prensa es un enemigo común.


  Los ataques del ‘sistema Bolsonaro’ durante el segundo trimestre de 2020

 

El 8 de julio de 2020 Facebook anunció la supresión de 35 perfiles, de 14 páginas, de un grupo y de 38 cuentas de Instagram que formaban parte de una red que actuaba con "comportamientos no auténticos" en Brasil. Se sospechaba que dicha red llevaba a cabo acciones coordinadas de desinformación y que recientemente publicó mensajes sobre la pandemia de Covid-19. Aunque los autores intentaron ocultar su identidad y que actuaban de forma coordinada, la oficina de Facebook responsable de la política de seguridad confirmó que miembros del Partido Social Liberal (PSL, el de Bolsonaro), y los hijos del presidente Eduardo y Flavio, estaban vinculados a estas cuentas.

 

Evidentemente, esta hostilidad promovida desde las entrañas del sistema Bolsonaro ha tenido graves consecuencias: ha envalentonado a los seguidores del gobierno, que han intensificado un poco más sus amenazas contra la prensa. Esto se ilustra perfectamente en lo que sucede en el Palacio de la Alvorada, sede del Ejecutivo federal en Brasilia, que se ha convertido en escenario de humillaciones públicas a periodistas.

 

El 26 de mayo de 2020, tras el enésimo episodio de violencia y agresiones verbales a reporteros por parte de seguidores de Bolsonaro, el grupo Globo (conformado por TV Globo, los diarios O Globo, Valor Econômico y el portal de noticias G1), el grupo Bandeirantes, el periódico Folha de São Paulo (principal diario del país) y el diario digital Metropoles decidieron que dejarían de cubrir temporalmente las conferencias de prensa que el mandatario ofrece frente al Palacio de la Alvorada. De esta forma, se unían a los diarios O Estado de S. PauloCorreio Braziliense, que habían tomado la misma decisión un poco antes porque no se garantizaba la seguridad de sus reporteros. Estas agresiones llevaron a que RSF, junto con organizaciones de la sociedad civil brasileñas, requiriera una acción legal para solicitar un refuerzo de las medidas de seguridad para los reporteros que cubren estas comparecencias del presidente.

 

También se ha vuelto muy peligrosa la cobertura periodística de las manifestaciones de apoyo al gobierno realizadas en las principales ciudades del país. El 3 de junio pasado, partidarios de Bolsonaro agredieron violentamente a reporteros del diario Estadão en Brasilia, la capital del país. Se han observado otros episodios puntuales en el país, como los grafitis que incitaban a “matar a un periodista al día” y la agresión que sufrió un equipo del canal TV Integraçao, registrados el 14 y el 20 de mayo, respectivamente, en el estado de Minas Gerais.

 

Covid-19: la guerra de cifras

 

El 5 de junio, un Bolsonaro molesto por las alarmantes cifras sobre la propagación del virus en el país y, sobre todo, por el número de muertos –que desearía descendiera de nuevo por debajo de los 1.000 fallecidos al día–,ordenó que los boletines de prensa que difunde a diario el Ministerio de Salud se enviasen a los medios de comunicación a las 22:00 horas en vez de a las 19:00 horas, para evitar que la información se difundiese en los noticieros televisivos de la noche, que cuentan con una gran audiencia. A los noticieros televisivos “se les acabó el material” (“Acabou matéria no Jornal Nacional”),afirmó dirigiéndose directamente al canal Globo, uno de los principales blancos de la familia Bolsonaro, que lo califica de “TV funeraria”.

 

Al siguiente día, el ministro interino de Salud, Eduardo Pazuello (desde el 15 de mayo de 2020 Brasil no tiene oficialmente ministro de Salud), mencionó un exceso de notificación del número de casos más que una falta de notificación, además de comprometerse a realizar cambios importantes en los métodos para contabilizar la víctimas de la Covid-19 y difundir datos oficiales sobre la pandemia.

 

Como respuesta a estas decisiones, se creó una alianza sin precedentes en el sector mediático. El 8 de junio, los principales medios de comunicación del país -UOL, O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, O Globo, G1 y Extra-, decidieron trabajar en estrecha colaboración para recabar información directamente de las autoridades locales de los 26 estados del país y del Distrito Federal de Brasilia, para así difundir sus propios boletines informativos.

 

Transparencia y acceso a la información

 

A la guerra de cifras cotidianas se suma el hecho de que es muy difícil obtener información general sobre la gestión de las autoridades -tanto sobre la situación sanitaria como de otros temas-, y de que la información está en el centro de una batalla institucional. Diversos actores –científicos, médicos, investigadores, ONG– han levantado la voz para señalar estas dificultades.

 

Una medida provisional, firmada por Bolsonaro el 23 de marzo de 2020, impuso una modificación a la ley de acceso a la información con el objetivo de suspender el plazo de respuesta de las autoridades e imponer el requisito de renovar las solicitudes de información durante la crisis del coronavirus. El 30 de abril, del Tribunal Federal Supremo (STF) de Brasil suspendió esta medida por unanimidad de votos de los magistrados. En un informe publicado en mayo pasado por el Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas -integrado por diversas organizaciones de la sociedad civil brasileñas-, se describen detalladamente las consecuencias de esta medida provisional, y se señala que al menos 24 solicitudes de información hechas al ejecutivo entre el 27 de marzo y el 27 de abril de 2020 fueron rechazadas con el pretexto de la pandemia.

 

El 30 de mayo de 2020, cuando se cumplían ocho años de de la aprobación de la ley de acceso a la información, la organización Artículo 19 Brasil publicó un estudio titulado “Transparencia para vencer la crisis” en el que habla de la cultura del secreto y de los obstáculos para obtener información sobre los protocolos de las pruebas de Covid-19, el número de pruebas realizadas y la capacidad de los hospitales.

 

El 8 de junio, la Contraloría General de la Unión (CGU), que se encarga de la defensa del patrimonio público y de la lucha contra la corrupción, decidió restringir el número de documentos oficiales que podían solicitarse en virtud de la ley de acceso a la información. Algunos documentos son ahora confidenciales, como los dictámenes jurídicos de los ministerios destinados a orientar a la presidencia respecto a la aprobación o el veto de proyectos de ley que se debatirán en el Congreso.

 

Un estudio del diario digital Poder360 publicado el 16 de junio pasado señaló que el número de entrevistas sobre la crisis sanitaria concedidas por los miembros del gobierno y los representantes del Ministerio de Salud se había reducido considerablemente a medida que la pandemia se propagaba por el país.

 

Más respuestas de las instituciones y de la sociedad civil

 

En medio de esta adversa situación, han surgido diversas iniciativas desde poder legislativo y  la sociedad civil. El 28 de mayo de 2020, el Congreso de Brasil anunció la creación del Frente Parlamentario de Defensa de la Libertad de Prensa, destinado a “garantizar la libre manifestación de pensamiento, el libre ejercicio del periodismo y el libre acceso a la información” y, en particular, a organizar –en colaboración con la sociedad civil– debates  públicos sobre la libertad de prensa e intercambios de ideas con parlamentarios de otros países sobre este asunto.

 

Asimismo, se enviaron más de 40 solicitudes oficiales de destitución de Bolsonaro (listadas aquí por Agencia Pública) al presidente de la Cámara de Diputados, que es el encargado de analizarlas. Estas solicitudes provienen de políticos, de organizaciones de la sociedad civil y de iniciativas ciudadanas. La mayoría de ellas hace referencia a los ataques del gobierno contra la prensa.

 

El lado irónico es que en este caótico periodo, en el que las instituciones democráticas de Brasil están siendo puestas a prueba por la tendencia autoritaria del gobierno, el asunto de la libertad de expresión y de la libertad de prensa se debate y discute como nunca antes en el país.


Brasil se encuentra en la posición 107, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020 de Reporteros sin Fronteras.