La Constitución de Guyana garantiza la protección de la libertad de expresión y del derecho a la información, pero las autoridades han presentado propuestas legislativas -entre ellas una ley contra la difamación-, que contemplan multas y penas de hasta dos años de cárcel destinadas a amordazar a los periodistas que no están de acuerdo con su partido político.

Por otra parte, el presidente nombra directamente a los miembros del órgano que regula los medios de comunicación, lo que restringe la libertad de ciertas redacciones, pues el organismo puede negarles la licencia de difusión. Se hicieron algunas consultas para hacer mejoras en la industria de la radiodifusión, pero no se invitó a los profesionales de este sector a participar en ellas. Los periodistas también han sido víctimas de acoso mediante procesos penales, suspensiones e intimidaciones.