Aunque la Constitución de Guyana garantiza la libertad de expresión y el derecho a la información, las autoridades usan a menudo ciertas leyes para hacer callar a los periodistas de oposición, como la relativa a la difamación, que contempla multas y penas de hasta dos años de cárcel. Por otra parte, el presidente nombra directamente a los miembros del órgano que regula los medios de comunicación, lo que restringe la libertad de ciertas redacciones, pues el organismo puede negarles la licencia de difusión. Se hicieron algunas consultas para hacer mejoras en la industria de la radiodifusión, pero no se invitó a los profesionales de este sector a participar en ellas. Los periodistas aún se enfrentan al hostigamiento a través de procesos penales, suspensiones e intimidaciones.