Aunque la Constitución de Guyana garantiza la libertad de expresión y el derecho a la información, la legislación del país en materia de libertad de prensa requiere mejoras. Las autoridades usan con frecuencia leyes como la relativa a la difamación para sancionar con multas y penas de hasta dos años de prisión a los periodistas de oposición que quieren hacer callar. Se enmendaron algunas cláusulas del proyecto de ley contra el crimen en internet, aprobado en julio de 2018, después de que RSF señalara que existían medidas potencialmente peligrosas para la libertad de prensa. Éstas habrían podido justificar juicios contra periodistas que publicaran información crítica de la gestión del gobierno o proveniente de fuentes informativas confidenciales. A pesar de estos cambios, la ley sigue siendo perfectible. Por otra parte, el presidente nombra directamente a los integrantes del organismo que regula los medios de comunicación, lo que puede limitar la libertad de ciertas redacciones, pues el organismo puede negarles la licencia de trabajo. Se hicieron algunas consultas para producir mejoras en la industria de la radiodifusión, pero no se invitó a los profesionales de este sector a participar en ellas. Los periodistas se enfrentan al acoso judicial, que se traduce en procesos penales, intimidaciones y suspensión de medios de comunicación.