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Clasificación mundial de la libertad de prensa 2014


Las grandes evoluciones en la edición 2014 de la clasificación mundial de la libertad de prensa

La edición 2014 de la "Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa” revela el impacto negativo de los conflictos armados en la libertad de información y en sus actores. La posición de algunos países también se vio afectada porque estos han hecho una interpretación demasiado amplia y abusiva del concepto de “protección de la seguridad nacional”, a costa del derecho de informar y de ser informado. Esta tendencia constituye una amenaza creciente a escala global, peligrosa para la libertad de información hasta el corazón mismo del “Estado de Derecho”.


Finlandia conserva su lugar como el mejor de la clase, ocupa por cuarto año consecutivo el primer sitio de la clasificación. Al igual que en la última edición, le pisan los talones los Países Bajos y Noruega. En el extremo opuesto, al final de la clasificación, se encuentra el “trío infernal”, que de nuevo reúne a Turkmenistán, Corea del Norte y Eritrea, países donde la libertad de prensa simplemente no existe. A pesar de que en 2013 se vieron atravesados por algunas turbulencias, estos países siguen siendo hoyos negros de la información y verdaderos infiernos para los periodistas.


Este año la clasificación incluye a 180 países, la edición precedente estaba conformada por 179. Nuevo integrante: Belice, que se ubica de entrada en un lugar envidiable (29°). Los casos de violencia contra periodistas son raros en este país. No obstante, existen algunos bemoles: procesos judiciales por “difamación” en los que se piden altas indemnizaciones por daños y prejuicios; en nombre de la seguridad nacional se hacen algunas excepciones que afectan la buena aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública (Freedom of Information Act); en ocasiones el gobierno no gestiona las frecuencias audiovisuales de forma equitativa.


Conflictos armados, factores de caídas

La clasificación 2014 subraya la lógica correlación negativa que existe entre un conflicto –abierto o no declarado– y la libertad de información. En un contexto de inestabilidad los medios de comunicación son objetivos y blancos estratégicos para los grupos o los individuos que intentan controlar la información, en violación de las garantías que ofrecen los acuerdos internacionales, en particular el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales I y II de 1977.


Desde marzo de 2011 Siria (177°, 0) encarna este tipo de casos en extremo, al punto de que ahora es uno de los países donde la libertad de información y sus actores corren más peligro, a las puertas del “trío infernal”. Asimismo, la crisis siria tiene repercusiones dramáticas en toda la región. Consolidando la línea de fractura entre los medios de comunicación en Líbano (106°, -4), de por sí ya polarizados, incita a las autoridades jordanas a apretar aún más y acelera la espiral de violencia que mina Irak (153°, -2), donde las tensiones religiosas entre chiitas y sunitas se exacerban. En Irán (173°, +2), actor clave de la región, las promesas del nuevo presidente, Hasan Rohaní, de mejorar la libertad de información, no se han cumplido por el momento. Las autoridades, que reprimen toda crítica a su política extranjera, vigilan muy de cerca la cobertura de la tragedia siria, tanto de la prensa oficial como de la blogósfera.


La caída de Malí (122°, -22) y de la República Centroafricana (109°, -34) en la clasificación también ilustra dicha correlación negativa. Las guerras abiertas o intestinas que desestabilizan a la República Democrática del Congo (151°, -8), así como las operaciones de guerrillas y de grupos terroristas en Somalia (176°, 0) y en Nigeria (112°, +4), no contribuyen a mejorar su lugar en la clasificación.


En Egipto (159°, 0), la llegada al poder de los Hermanos Musulmanes en el verano de 2012 estuvo acompañada de un recrudecimiento de las exacciones a periodistas y de una apropiación de los medios de comunicación por parte de la hermandad, frenada un año más tarde. Desde que el ejército regresó al poder, la “caza a los Hermanos” afecta a los periodistas egipcios, así como a sus colegas turcos, palestinos y sirios. En los países del Golfo Pérsico –en particular en los Emiratos Árabes Unidos (118°, -3)–, actores de la información son detenidos y juzgados, acusados de tener nexos con la hermandad.


Frente al recrudecimiento de la violencia, la comunidad internacional al fin reacciona –al menos en los textos–. El 26 de noviembre de 2013 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por consenso la primera resolución sobre la seguridad de los periodistas, así como la creación del Día Mundial contra la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se celebrará el 2 de noviembre. Esta resolución es sin duda un paso más en la buena dirección y complementa la Resolución 1738, que condena los ataques a periodistas en zonas de conflictos armados, iniciada por Reporteros sin Fronteras y adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en diciembre de 2006, así como el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad, adoptado en abril de 2012. Reporteros sin Fronteras pide en particular que la ONU designe un grupo de expertos encargados de evaluar que los Estados miembros cumplan sus obligaciones, en particular la de proteger a los periodistas, investigar todos los actos de violencia y que los responsables de estos rindan cuentas ante la justicia.


La información, ¿sacrificada en aras de la vigilancia y la seguridad nacional?

Los países que se jactan de ser un "Estado de Derecho" no dan el ejemplo, están lejos de hacerlo. La libertad de información cede con gran frecuencia ante una concepción de la seguridad nacional demasiado amplia y un uso abusivo de este concepto, lo que marca un retroceso preocupante en las prácticas democráticas. El periodismo de investigación lo padece, en ocasiones gravemente, como sucede en Estados Unidos (46°), que pierde 13 posiciones. Uno de los retrocesos más notables, en medio de una situación en la que el rastreo de fuentes y la caza a informantes van en ascenso. La condena del soldado Bradley Manning o la persecución del analista de la Agencia de Seguridad Nacional (National Security Agency, NSA), Edward Snowden, son algunas de las advertencias dirigidas a aquellos que se atrevan a filtrar información considerada delicada –pero de interés público comprobado– para que se le dé una divulgación más amplia. El gremio fue sacudido por el escándalo de la obtención, por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de los historiales de llamadas telefónicas de la agencia The Associated Press (AP), para identificar quién le reveló información sobre una operación de la CIA. Este caso recordó la urgencia de una “ley escudo” federal que garantice la protección de las fuentes de los periodistas. El proceso legislativo reactivado en ese sentido no tranquiliza mucho a James Risen, periodista de The New York Times, forzado por el Departamento de Justicia a testimoniar en el proceso de un exagente de la CIA en otro caso de filtración de información clasificada. Tampoco permite olvidar los 105 años de prisión a los que podría ser condenado el joven periodista independiente Barrett Brown por haber compartido en línea correos electrónicos de la compañía privada de inteligencia y espionaje Stratfor, contratada por el gobierno.


Por su parte, el Reino Unido (33°, -3) destacó por las escandalosas presiones que ejerció sobre el diario The Guardian y por la detención durante nueve horas de David Miranda, compañero y colaborador del periodista Glenn Greenwald, llevadas a cabo en nombre de la lucha contra el terrorismo. Las autoridades de los dos países parecen esforzarse más en perseguir a los informantes que en regular prácticas de vigilancia abusivas que constituyen negaciones al principio de privacy, tan preciado para su cultura democrática.


La ley sobre “los secretos de Estado” adoptada por la Dieta nipona (Parlamento de Japón) a finales de 2013, hace más opaca la gestión del gobierno japonés de temas de interés general, como los relativos a lo nuclear o a la relación con Estados Unidos, convertidos en tantos de los “grandes tabús”. Las nociones de “periodismo de investigación”, “interés público” y “secreto de fuentes” pasaron como pérdidas y ganancias de los diputados, muy preocupados por evitar que la imagen del país (59º, -5) se vea afectada por información comprometedora.


La “lucha contra el terrorismo” es instrumentalizada por gobiernos prontos a calificar a los periodistas de “amenazas a la seguridad nacional”. Decenas de periodistas fueron encarcelados con ese pretexto en Turquía (154°, +1), en especial cuando cubrían la cuestión kurda. Marruecos, donde las autoridades confunden de buena gana “periodismo” y “terrorismo” desde el caso Ali Anouzla, se estanca en el lugar 136. En Israel (96°, +17) la libertad de información es una noción vulnerable frente al argumento de la seguridad nacional. En el Cachemira indio los servicios de Internet móvil y las comunicaciones se suspenden en cuanto existen amenazas de disturbios. En el norte de Sri Lanka (165°, -2) reina el ejército, que no tolera ningún esguince en la visión oficial del proceso de “pacificación” de los antiguos bastiones separatistas tamiles. Amedrentados por los sobresaltos de las “primaveras árabes”, los países de la Península Arábiga, así como los regímenes autoritarios de Asia Central, refuerzan la censura y la vigilancia de los medios de comunicación, pendientes de todo “intento de desestabilización del poder”.


Privatización de la violencia

Los grupos infraestatales constituyen en algunos países la principal causa de inseguridad para los periodistas. Las milicias que mantienen el caos en la nueva Libia (137e, -5) o los grupos armados yemenitas ligados a Al Qaeda en la Península Arábiga son los rostros de esta privatización de la violencia. Las milicias Al Shabab en Somalia (176°, 0) o el movimiento M23 en la República Democrática del Congo (151°, -8) tienen en común que consideran a los periodistas como enemigos. Los grupos yihadistas como Jabhat Al Nusra y el Estado Islámico de Irak y Levante (ISIS), deseosos de controlar las zonas que “liberan”, agreden violentamente a los actores de la información.


Por otro parte y de manera más global, el crimen organizado sigue siendo una temible fuerza predadora. Es el caso de Honduras (129°, -1), Guatemala (125°, -29), Brasil (111°, -2) y Paraguay (105 °, -13), pero también de Paquistán, China, Kirguistán y los Balcanes. A la sombra de esta mano criminal es difícil, por no decir imposible, evitar la autocensura en torno a temas tan delicados como la corrupción, el narcotráfico o la infiltración de las mafias en los engranajes del Estado. La pasividad, incluso la complicidad o la complacencia, de ciertas autoridades –en ocasiones implicadas directa o indirectamente en crímenes contra medios de comunicación– acentúa la impunidad de la que gozan estos cárteles criminales y nutre el ciclo de violencia que golpea a los actores de la información.


El índice anual de la libertad de prensa, establecido por primera vez en la Clasificación de 2013, confirma que existe una degradación a escala mundial de la situación del derecho de informar y de ser informado. El índice pasa de 3 395 a 3 456 (+61), es decir, experimenta un aumento de 1,8%, lo que revela una ligera degradación global de la libertad de información entre la edición 2013 y la 2014 de la Clasificación Mundial.


Si bien el año 2013 fue menos mortífero para los periodistas que el precedente, marcado por una hecatombe para el gremio, las agresiones y las amenazas fueron más numerosas. El alza del índice se explica por la evolución no sólo de las exacciones, sino también del conjunto de indicadores empleados para establecer la clasificación:


— el pluralismo, es decir, la representación de las diferentes opiniones en los medios de comunicación; — la independencia de los medios de comunicación respecto a los diferentes poderes: político, económico, religioso y militar; — la calidad del marco legal que regula las actividades informativas; — la transparencia de las instituciones que rigen estas actividades; — el desempeño de la infraestructura que las sostiene; — el clima general en que se ejerce la libertad de informar.


Este índice es una herramienta analítica del desempeño global de los países estudiados. Es un hecho irrefutable: en su enfoque regional, el índice muestra que la situación se degrada en todos los continentes, con excepción de Asia, donde el índice es estable. La zona de la Unión Europea y los Balcanes obtiene la mejor calificación (17,6), le siguen, como el año pasado, las zonas: América (30,3), África (35,6), Asia-Pacífico (42,2) y Europa del Este y Asia Central (45,5). La zona África del Norte y Oriente Medio es la última de la lista con un índice de 48,7.


Índice anual de la libertad de prensa: 3 456 en 2014 (3 395 en 2013)

  • Unión Europea y los Balcanes:17,6 (17,5)
  • América: 30,3 (30,0)
  • África: 35,6 (34,3)
  • Asia-Pacífico: 42,2 (42,2)
  • Europa del Este y Asia Central: 45,5 (45,3)
  • África del Norte y Oriente Medio: 48,7 (48,5)


Grandes caídas

En el continente americano, además del descenso de trece lugares experimentado por Estados Unidos (46°, -13), Guatemala (125°, -29) también vivió una caída vertiginosa debido a la agravación de la inseguridad de los periodistas: se duplicó el número de agresiones respecto al año pasado y hubo cuatro asesinatos. Una tendencia similar se registró en Paraguay (105°, -13), donde los periodistas, de por sí obligados a la autocensura, no dejan de sufrir presiones. Además, un profesional de los medios de comunicación fue asesinado en 2013. El país ya había sufrido una fuerte caída tras el golpe parlamentario que derrocó al presidente Fernando Lugo en junio de 2012, el cual ocurrió tres años después del golpe de Estado que hizo literalmente hundirse a Honduras (129°, -1), ahora atascado en el caos poselectoral.


En el continente africano las dos caídas más notables, la de Malí y la República Centroafricana, se debieron a los conflictos armados, como se mencionaba anteriormente. En Burundi, mientras que la campaña presidencial se perfila, el Senado votó una ley que restringe las libertades de los periodistas. En Kenia (90°, -18), la respuesta autoritaria de las autoridades a la cobertura mediática del atentado de Westgate, que fue muy criticada, se suma a iniciativas parlamentarias peligrosas –en primer lugar, la ley adoptada a finales de 2013 que crea un tribunal especial para juzgar los contenidos audiovisuales.


En Guinea (102°, -15), en un contexto poselectoral marcado por numerosas protestas, los periodistas se vieron atrapados entre la represión gubernamental y las manifestaciones exacerbadas, lo que volvió peligrosas y difíciles sus condiciones de trabajo. Varios periodistas fueron heridos y agredidos durante las manifestaciones.


Las medidas de censura y bloqueo contra sitios informativos en Zambia (93°, -20) perjudicaron la evaluación del país, que había progresado en años precedentes.


Finalmente, en países donde los dirigentes que están en el poder desde hace mucho tiempo temen los cambios de régimen, presenciamos el tradicional endurecimiento de las políticas contra los actores de la libertad de información: procesos judiciales abusivos en Chad (139°, -17), múltiples suspensiones de medios de comunicación en Camerún (131°, -10).


Kuwait (91°) sufrió una caída de 13 lugares que refleja un cierto endurecimiento y se explica en parte por la adopción de una Ley de Medios de Comunicación que permite a las autoridades condenar a los periodistas a pagar multas que pueden llegar hasta los 300.000 dinares (cerca de un millón de dólares) por “criticar al emir o al príncipe heredero” o por “deformación de su discurso”. El texto también prevé penas que pueden llegar hasta los diez años de prisión para los periodistas que ofendan a Dios, a los profetas del Islam o a los compañeros y las esposas del profeta Mahoma.


Estas espectaculares evoluciones no deben hacer olvidar el trágico estancamiento observado en la parte inferior de la clasificación: año tras año Vietnam (173°, -1), Uzbekistán (166°, -1) y Arabia Saudita (164°, 0), por citar sólo algunos ejemplos, no dejan de intensificar su control de la información y saben adaptar sus métodos de censura radical a la era digital. A aquellos que tienen el valor de resistirlos les tienen destinados los castigos más crueles. En Kazajistán (161°, 0) y en Azerbaiyán (160°, -3) el pluralismo de los medios de comunicación está a punto de sucumbir ante la línea represiva de dirigentes inamovibles.


Mejoras notables en la edición 2014 de la clasificación

Los casos de violencia, censura directa y abusos en el uso de procesos legales tendieron a disminuir en Panamá (87°, +25), República Dominicana (68°, +13), Bolivia (94°, +16) y Ecuador (94°, +25). No obstante, en este país el grado de polarización no ha disminuido mucho y sigue perjudicando el debate público.


El año 2013 estuvo marcado por algunos avances legislativos dignos de alabanza. Por ejemplo, en África del Sur (42°, +11) el presidente se negó a firmar una ley considerada liberticida por los medios de comunicación.


En Georgia (84°, +17), la elección presidencial de 2013 se desarrolló en medio de un clima menos tenso respecto al de las elecciones legislativas del año precedente, marcadas por numerosas agresiones y campañas de odio contra periodistas. A favor de la cohabitación política y, después, de la alternancia, el país recupera parte del terreno perdido en estos últimos años, mientras que el impulso reformador del gobierno de Mikheil Saakachvili se debilita. Sin embargo, la fuerte polarización del paisaje mediático representa aún un gran desafío para el futuro.


Israel gana 17 lugares. Las consecuencias de la Operación Pilar Defensivo, efectuada en noviembre de 2012, por la que dos periodistas perdieron la vida, fueron tomadas en cuenta en la clasificación de 2013, así como las numerosas redadas emprendidas contra medios de comunicación palestinos, que entonces le hicieron perder 20 lugares en la clasificación. Así que esta mejora es relativa. La libertad de información sigue supeditada al argumento de la seguridad nacional. Si bien la prensa israelí goza de libertad para expresarse, los medios de comunicación ubicados en “territorio israelí” (según la concepción israelita) deben sortear la censura militar previa y las “gag orders” (órdenes de censura). No son bienvenidas las investigaciones sobre temas delicados, relacionadas con la seguridad nacional. Las exacciones del ejército israelí contra los profesionales de la información palestinos y extranjeros siguen siendo muy frecuentes, en especial durante las manifestaciones semanales frente al muro de separación. En noviembre de 2013 numerosos fotoperiodistas fueron tomados como blanco deliberadamente cuando se retiraban del lugar donde se realizaba la manifestación. La Suprema Corte de Justicia aprobó el 4 de diciembre pasado la orden de confiscar el equipo de Wattan TV; el decomiso se había llevado a cabo en febrero de 2012, durante una redada del ejército.


Timor Leste (77°) gana 14 lugares después de un congreso histórico de periodistas que tuvo lugar en Dili del 25 al 27 de octubre, durante el cual fue aprobado el primer código deontológico y un Consejo de Prensa, conformado por siete miembros. La vigilancia permanece. La Ley de Prensa que actualmente se estudia en el Parlamento constituye el próximo gran reto para la libertad de los medios de comunicación en el país.


¿Modelos regionales a la deriva?

La evolución de algunos países en la clasificación, sintomática de su enfoque de la libertad de información, no sólo impacta a su población, también a los países vecinos, debido a su proyección regional o a su influencia en otros Estados que los miran –con o sin razón– como modelos, ejemplos a observar o a seguir.


La mejora constatada en Sudáfrica (42°, +11) va a contracorriente respecto a otros países que se muestran como modelos regionales, por fuerza estancados o en regresión.


Acelerada por los efectos de la crisis económica y los accesos de fiebre populistas, la dispersión de los países de la Unión Europea en la clasificación continúa. Es particularmente el caso de Grecia (99°, -14) y de Hungría (64°, -7). En Grecia, los periodistas a menudo son agredidos por miembros de Amanecer Dorado, partido neonazi que entró al Parlamento en junio de 2012. El Estado griego también tiene una gran parte de responsabilidad: cerrando el grupo audiovisual público griego bajo la presión de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional), el gobierno de Antonis Samaras parece haberse ahorrado también democracia. En Hungría, el gobierno de Viktor Orbán da la impresión de haber perdido los valores democráticos de la Unión Europea y encadena reformas liberticidas. Consecuencia directa de la erosión del modelo europeo, la Unión tiene cada vez más dificultad para jalar hacia arriba a los países candidatos: las negociaciones de adhesión no siempre se traducen en los esfuerzos esperados en el plano de las libertades públicas. Por ejemplo, Macedonia, país que se encuentra en el lugar 123, nunca había estado tan mal clasificado.


Los gigantes del Nuevo Mundo, Estados Unidos (46°, -13) y Brasil (111°, -2), tampoco ponen el ejemplo. El primero se desgarra desde el 11 de septiembre de 2001 por el dilema de los imperativos de la seguridad nacional y el respeto de los principios de la primera enmienda. El segundo, es uno de los países más mortíferos del continente para la prensa; la inseguridad se mantiene por las mafias y el crimen organizado. El “país de los treinta Berlusconi” está discapacitado por un modelo mediático que obstaculiza el pluralismo.


Si bien Rusia (148°, +1) no se hunde más en la clasificación, sólo se lo debe a la resistencia y la perseverancia de su sociedad civil. En realidad, las autoridades intensifican cada día su política represiva, emprendida desde que Vladimir Putin regresó al Kremlin, en 2012. Asimismo, exportan este modelo a través de toda la ex Unión Soviética. De Azerbaiyán (160°, -3) a Asia Central, pasando por Ucrania (127°, 0), las legislaciones liberticidas y los sistemas de vigilancia de las comunicaciones rusas se multiplican alegremente. Moscú también utiliza las instancias de la ONU y las alianzas regionales, como la Organización de Cooperación de Shanghai, para socavar los estándares internacionales en materia de libertad de información.


En el lugar 154, lejos de sus aspiraciones regionales, Turquía no registra ninguna mejora y sigue siendo una de las mayores prisiones del mundo para los periodistas. La revuelta de Gezi sacó a la luz las prácticas represivas de las fuerzas del orden, el avance de la autocensura y los peligros del discurso populista del Primer Ministro. Los plazos electorales y los desconocidos del proceso de paz con la rebelión kurda anuncian desde ahora un año 2014 determinante para el futuro de las libertades públicas.


En China (175°, -1) existe una blogósfera de una vitalidad sorprendente y que cada vez se moviliza más. Este país sigue censurando y encarcelando a las voces disidentes, por lo que retrocede aún un lugar. La nueva potencia utiliza su peso económico para ampliar su influencia en los medios de comunicación de Hong Kong, Macao y Taiwán y volver a cuestionar su independencia.


India (140°, +1) fue golpeada por una ola de violencia contra los actores de información sin precedentes. Ocho profesionales de los medios de comunicación fueron asesinados en 2013. Los periodistas con frecuencia son el blanco de diversos actores, del Estado y ajenos a él. Ninguna región –o casi– se encuentra exenta, incluso si Cachemira y Chhattisgarh siguen siendo los únicos dos estados donde la violencia y la censura son endémicas. Los grupos mafiosos, los manifestantes y los militantes políticos, así como la policía y las fuerzas de seguridad locales, son responsables de amenazas y de actos de violencia física contra periodistas, quienes muy a menudo se ven abandonados por la justicia y obligados a la autocensura.


La excepcional apertura de Birmania, que podría erigirse como un modelo de transición democrática en la región, se tradujo en un fuerte progreso del país en la clasificación de 2013. Mientras que el proceso de reformas se agota, el “modelo birmano” aún debe superar algunas pruebas.


América

Información a prueba de una violencia múltiple

Han pasado más de veinte años desde que América Latina y el Caribe dejaron de vivir –o casi– bajo el yugo de las dictaduras militares o bajo el fuego de las guerras civiles. Colombia es una excepción, el conflicto armado ha durado medio siglo. Cubatambién se diferencia por su régimen, heredado de la guerra fría, que no tolera ningún contrapoder independiente, pero que a su vez ve la emergencia de una sociedad civil que lo obliga a replantear su “modelo”. Formalmente ha ganado un ambiente de paz y de instituciones democráticas. Formalmente, pues queda camino por recorrer para salvar la distancia que resta entre la garantía constitucional de las libertades públicas y un verdadero Estado de Derecho. Numerosos periodistas y defensores de los derechos humanos enfrentan todos los días una situación de violencia elevada y múltiple, generada por el crimen organizado, los paramilitares y, a veces, la represión del Estado.


Ejemplo de esta sangrienta confluencia, Honduras posee una tasa de homicidios similar a la de países en guerra: se registran en promedio al año 80 asesinatos por cada 100.000 habitantes (el país cuenta en total con sólo siete millones). En Honduras han sido asesinados treinta periodistas en una década; 27 de ellos perdieron la vida después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, que derrocó al presidente electo, Manuel Zelaya. En nueve de estos casos se ha comprobado que el crimen estuvo relacionado con su actividad profesional. En este Estado fallido, la impunidad casi absoluta constituye la regla. Los atentados, las amenazas, las agresiones y hasta las “canonizaciones” de ciertos medios de comunicación, son obra tanto de las milicias privadas a sueldo de los terratenientes, del ejército y la policía (de estatus militar), como de los cárteles, muy presentes en la región.


Esto también sucede en América Central y en los Andes. En Perú y en Colombia la cobertura del narcotráfico, de la corrupción y de los conflictos territoriales o mineros incrementa en gran medida el riesgo de que los periodistas padezcan represalias. La esperanza –pequeña, pero real– de que pronto el gobierno de Bogotá y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) logren establecer un acuerdo de paz, no puede borrar la existencia del narco-paramilitarismo, también heredado de los años de guerra. ¿Cuántos periodistas –y junto con ellos sindicalistas, abogados y representantes de asociaciones– padecen la presión, a menudo fatal, de unidades paramilitares reconstituidas como los Urabeños o los Rastrojos?


En México estos predadores se llaman Zetas, aunque existen otras organizaciones criminales que actúan con la complicidad de las autoridades locales –y a veces federales– corruptas. El país arrastra un terrible balance: 88 periodistas asesinados y 18 desaparecidos entre 2000 y 2013; situación agravada por la llamada “ofensiva federal contra el narcotráfico”, emprendida bajo la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), que dejó como saldo más de 60 mil muertos.


Más al sur, en países como Brasil y Paraguay, el crimen organizado y su infiltración también obstaculizan la investigación y la información. En estos países, como sucede en los otros, la frágil condición de periodista se debe con frecuencia a su falta de estatus y a la poca solidaridad entre el gremio, pero también a la trágica sumisión de los medios de comunicación, sobre todo regionales, a los centros de poder. Verdadero esguince en el pluralismo y la independencia de la prensa, el “colonialismo” brasileño hace que el periodismo se convierta en instrumento de los barones locales, a la merced de los ajustes de cuentas políticos, en ocasiones mortales.


El periodista, junto con su medio de comunicación, también es un juguete político en los países que viven una fuerte polarización, en los que la oposición entre el sector privado y el público –o más bien el Estado– tiende al enfrentamiento. Venezuela lo ilustra de manera extrema. Los numerosos periodos electorales multiplicaron las ocasiones de invectivas y agresiones en el país. Este clima también se vive en Ecuador, Bolivia y, en menor medida, Argentina.


Estados unidos, brasil: los gigantes del nuevo mundo no ponen el ejemplo

Uno es una superpotencia; el otro, una potencia emergente. Uno encarnó durante mucho tiempo la democracia consolidada, donde las libertades públicas reinan. El otro, con el apoyo de una Constitución democrática adoptada solamente tres años después del final de su dictadura (1964-1985), creó durante la presidencia de Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) las condiciones de desarrollo de una sociedad civil poderosa. Ricos en sus diversidades, Estados Unidos y Brasil deberían poner en lo más alto la libertad de información, como norma jurídica y como valor. Por desgracia, la realidad está muy lejos de ser así.


En Estados Unidos, el 11 de septiembre de 2001 generó un profundo dilema entre: los imperativos de la seguridad nacional y los principios de la primera enmienda de la Constitución, que consagra el derecho de todo individuo a informar y a ser informado. La base constitucional de 1787 se estremeció con fuerza desde sus cimientos durante el doble mandato de George W. Bush, debido a las presiones, incluso el encarcelamiento, de ciertos periodistas que se negaban a revelar la identidad de sus fuentes o sus archivos a la justicia federal.


Desde que Barack Obama asumió sus funciones, la situación no ha mejorado sobre el fondo. ¿Ya no se persigue al periodista? Se caza a su fuente, usándolo a veces como ojeador. Al menos ocho personas han sido objeto de procesos legales con base en la ley de espionaje (Espionage Act) desde que Barack Obama llegó al poder; bajo el gobierno de Bush fueron tres. El año 2012 fue en parte el de Julian Assange, fundador de WikiLeaks. Con el año 2013 se recordará el nombre de Edward Snowden, informático subcontratado de la Agencia de Seguridad Nacional (National Security Agency, NSA), quien dio a conocer los programas de vigilancia masiva desarrollados por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. El “informante”, he allí el enemigo. De allí la pena de 35 años de prisión infligida al soldado Manning, acusado de ser el “topo” de WikiLeaks.


Una pena muy pequeña comparada con la que enfrenta el periodista independiente Barrett Brown, acusado de ser un hacker: 105 años de prisión. En un ambiente generalizado de rastreo de fuentes y de datos, el año 2013 quedará marcado por el escándalo de The Associated Press, provocado por la obtención, por parte del Departamento de Justicia, de los historiales de llamadas telefónicas de la agencia informativa.


En el norte, el periodismo de investigación vacila. En el sur, el periodismo diario aún es sinónimo de riesgos y peligros. Brasil, donde fueron asesinados cinco periodistas en el año 2013, se sitúa como el país más mortífero del continente para el gremio, un lugar que ocupaba hasta ahora un México mucho más sangriento.


Brasil le debe estas tragedias a su inseguridad, aún elevada. El crimen organizado se impone en algunas regiones, lo que vuelve peligroso abordar temas como la corrupción, la droga o el tráfico de materias primas. Las mafias vigilan. Las autoridades también; reprimiendo a veces con las armas, castigan muy duramente con procesos legales. Lúcio Flávio Pinto, periodista y bloguero que denunciaba el tráfico de maderas preciosas, enfrenta al menos 33 procesos judiciales. Paradoja de la revocación –en 2009– de la Ley de Prensa de 1967 heredada del régimen militar: las órdenes de censura a medios de comunicación y periodistas atiborran actualmente los tribunales, a petición de políticos que se sirven de una justicia complaciente.


Estos políticos son a menudo los llamados “coroneles”, gobernadores o parlamentarios dueños de su Estado, quienes localmente colonizan publicaciones y frecuencias audiovisuales. Mientras tanto, a escala nacional diez grandes grupos familiares se reparten el espacio de difusión. La “primavera brasileña”, duramente reprimida, también incluía la protesta contra un modelo mediático que se ha convertido en un obstáculo para el pluralismo. En perjuicio de numerosos medios de comunicación comunitarios y alternativos, el gigante tarda en reformarse en este sentido.



Brasil: una “primavera” emplomada

La fuerte represión policíaca que padeció Brasil en 2013 también afectó a los actores de la información. En el mes de junio estallaron importantes protestas por el anuncio de un aumento del precio del transporte público en São Paulo. La agitación se extendió por todo el país. La población tampoco aceptaba los gastos faraónicos hechos por el gobierno con miras a la Copa Mundial de Fútbol que se llevará a cabo en 2014 y los Juegos Olímpicos, que realizarán en 2016. Esta “primavera brasileña” también dio lugar a un fuerte cuestionamiento del modelo mediático dominante. Finalmente, puso de manifiesto las siniestras costumbres que conservan las policías militares de los Estados desde la época de la dictadura. Una centena de periodistas padeció la violencia durante las manifestaciones; más de dos tercios de estas agresiones se atribuyen a las fuerzas del orden.


La regulación del paisaje mediático, nueva bastilla de las izquierdas del continente

¿Las frecuencias audiovisuales se redistribuyen más fácilmente que las porciones de tierra? Sabemos cuánto la reforma agraria constituye, desde hace mucho, una marca de identidad para América Latina, que durante largo tiempo ha sido la campeona de las desigualdades sociales. Esta cuestión se encuentra presente de cierta forma en los retos actuales de los gobiernos progresistas del sur de la región: la democratización de las plataformas informativas y de difusión.


Al igual que el terreno cultivable, el campo mediático latinoamericano se distingue porque se concentra en pocas manos; los medios son escaparates de las oligarquías locales y nacionales. Este statu quo prevaleció gracias a mecanismos de radiodifusión consolidados bajo las dictaduras militares de los años 1960 y 1970, cuando los medios de comunicación constituían un coto privado bajo control. Por desgracia, el fin de la censura sistemática no acabó con la excesiva concentración de los medios, que aún obstaculiza un verdadero pluralismo. Brasil, Chile y Colombia ilustran esta situación. Más grave aún, las relaciones incestuosas entre los medios de comunicación dominantes y los centros de poder todavía dictan la agenda política en algunos países. Estos mismos medios de comunicación dominantes jugaron un rol clave en el golpe de Estado de Honduras, en 2009, y el golpe parlamentario de Paraguay, en 2012.


Por otra parte, el modelo mediático experimenta un profundo cuestionamiento, impulsado por los gobiernos progresistas que llegaron al poder con la ola electoral de los años 2000. Pero, ¿se trata de regular el espacio de difusión o a los medios de comunicación y sus actores? Las respuestas que pueden dar los países a esta pregunta contrastan mucho, en un ambiente de polarización.


Tanto en Argentina como en Uruguay se realiza una estricta reforma del marco audiovisual, a favor de legislaciones llamadas –por ambas partes del Río de la Plata– Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). La LSCA argentina, aprobada en 2009, fue pionera en su género porque reserva un tercio de las frecuencias audiovisuales a organismos sin fines de lucro. Esta disposición ofrece una verdadera oportunidad a medios de comunicación comunitarios, que abundan en el continente, pero que carecen de medios de transmisión e incluso son criminalizados. Debido a sus cláusulas que buscan evitar la concentración de medios y frecuencias en pocas manos, la LSCA lógicamente contraría los intereses del grupo Clarín, en conflicto abierto con la presidenta Cristina Kirchner desde 2008. Tras cuatro años de lucha judicial, el 29 de octubre de 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucionales los dos artículos por los cuales el grupo había interpuesto un recurso legal. Esto le impone ceder una parte de sus frecuencias audiovisuales y le impide que pueda ser a la vez, en la misma localidad, concesionario de un canal abierto y propietario de una empresa de producción y distribución televisual por cable.


Las disposiciones generales de la LSCA tuvieron una influencia directa en otras legislaciones de la región encaminadas a una distribución equitativa de las frecuencias audiovisuales entre los diferentes tipos de medios de comunicación (públicos, privados y comunitarios). La reforma de la Ley de Telecomunicaciones de Bolivia (2011) contempló este principio, al igual que la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador, adoptada el 14 de junio de 2013. Sin embargo, esta última sigue siendo criticada, pues establece que la información “de relevancia pública” de los medios de comunicación sea “verificada, contrastada, contextualizada y oportuna”.


Frente a los medios de comunicación privados –que con frecuencia son agresivos y desprestigian entre ellos mismos– el gobierno ecuatoriano cuenta ahora con el arma legal. También con un conjunto de medios de comunicación públicos o bajo su tutela (incautados), que ahora predominan entre las frecuencias nacionales. Finalmente puede valerse del gran maná que representa la publicidad oficial, indispensable para la supervivencia de numerosos medios de comunicación regionales. En Venezuela, la lógica de “guerra mediática” –que nació con el golpe de Estado de 2002– ha llevado al gobierno a buscar toda forma de regulación. El espacio audiovisual nacional está sometido casi por completo al Poder Ejecutivo y a sus cadenas (mensajes oficiales que se transmiten en cadena nacional y cuya difusión es obligatoria).


Uruguay: un modelo de legislación

Votada en la Cámara de Diputados el 10 de diciembre de 2013, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) podría convertirse en una referencia en materia de regulación de los medios de comunicación. El país fue pionero en la región con una ley ad hoc de radios comunitarias, adoptada en 2007. La LSCA contempla redistribuir las frecuencias audiovisuales en tres partes iguales entre los diferentes medios de comunicación: privados, públicos y comunitarios. Asimismo, la LSCA ofrece una garantía importante al prohibir que se otorguen licencias de difusión de forma discrecional, según la línea editorial de las estaciones y los canales. El que exista poca polarización entre los medios de comunicación de este país –en comparación con sus vecinos– favorece a la nueva ley, al igual que el amplio debate que precedió su elaboración y que reunió a los diferentes actores de la sociedad civil.


África del Norte y Oriente Medio

Una crisis siria con grandes consecuencias para la libertad de información en oriente medio

Siria es el país más peligroso del mundo para los periodistas. El año 2013 estuvo marcado porque: el conflicto se volvió aún más complejo y la situación de seguridad sufrió un fuerte deterioro. Desde marzo de 2011 han sido asesinados más de 110 actores de información. Estos se encuentran entre la espada y la pared: por un lado, el ejército de Bachar el Asad, que continúa deteniendo y asesinando a los testigos incómodos que dan cuenta del conflicto; por otro, grupos islamistas armados en las zonas llamadas “liberadas” del norte del país, principalmente el Estado Islámico de Irak y el Levante (Islamic State of Iraq and Sham, ISIS). Desde la primavera de 2013 estos grupos han multiplicado los secuestros y creado comités jurídicos (hay’at shar’iya) caracterizados por la arbitrariedad. En las zonas kurdas, las fuerzas de seguridad del Partido de la Unión Democrática (PYD), la principal fuerza política, constituyen un obstáculo para el ejercicio de la libertad de información. Amenazados por todas partes, los actores de la información sirios huyen masivamente del país.


En Líbano, donde los medios de comunicación son herramientas de propaganda al servicio de empresarios y políticos, el conflicto sirio consolida la línea de fractura ya existente entre los medios de comunicación de la coalición “8 de marzo” (principal movimiento chiita, apoyado por Irán y el régimen de Damasco) y los de la alianza “14 de marzo” (principal movimiento sunita, apoyado por Arabia Saudita, contra el régimen de Damasco). Esta extrema polarización entre medios de comunicación “pro gobierno de Damasco” y “pro oposición” refuerza la polarización sociopolítica de la sociedad libanesa.


Las “primaveras árabes” y los acontecimientos en Siria han llevado a las autoridades de Jordania a reforzar su control de los medios de comunicación, en especial en Internet, a riesgo de suscitar una protesta entre la sociedad civil jordana. En junio de 2013 cerca de 300 sitios web informativos fueron bloqueados en territorio jordano, en aplicación de una nueva ley de prensa que restringe drásticamente la libertad de información en línea.


Desde 2012 Irak se sumerge en un nuevo ciclo de violencia, sobresaltos de la guerra civil engendrada por la intervención estadounidense de 2003 y el caos en el que ésta hundió al país. Las tensiones religiosas entre sunitas y chiitas se exacerban por el conflicto sirio e impactan negativamente la seguridad de los periodistas y la independencia de los medios de comunicación, quienes también se ven afectados por los bloqueos cotidianos efectuados por las autoridades y las fuerzas de seguridad.


Irán, actor regional indudable, juega un papel crucial en el conflicto sirio. Las autoridades continúan controlando estrictamente la información, en especial cuando ésta tiene que ver con Damasco (su aliado), con la presencia de los Guardianes de la Revolución o con las ayudas financieras; tantos temas que se considera “ponen en peligro la seguridad nacional”. También se censura la cuestión nuclear, la situación de los derechos humanos y de los presos políticos. A finales de 2013 Irán seguía siendo una de las mayores prisiones del mundo para los profesionales de los medios de comunicación con 50 periodistas y netciudadanos encarcelados. Pese a que algunos presos de opinión fueron puestos en libertad, las promesas del candidato Hassan Rohani de “liberar a todos los presos políticos” y de un cambio “a favor de la libertad de expresión y de prensa” son letra muerta desde que llegó al poder.


Siria

Según Reporteros sin Fronteras, entre marzo de 2011 y diciembre de 2013:

— cerca de 130 actores de la información fueron asesinados mientras realizaban su labor; 25 de ellos eran periodistas profesionales, de los cuales siete eran extranjeros; — más de 120 actores sirios de la información han huido del país. A finales de 2013:

— cerca de veinte actores de la información sirios se encuentran detenidos por el régimen de Bachar el Asad; — 19 periodistas extranjeros están detenidos, retenidos como rehenes o se encuentran desaparecidos; — más de 20 actores de la información sirios están retenidos como rehenes por grupos armados islamistas.


Cuando grupos infraestatales sin legitimidad hacen que reine el miedo

En algunos países los grupos infraestatales constituyen la amenaza principal para los actores de la información y son fuente inseguridad. En Siria, los nuevos predadores de la libertad de información son los grupos islamistas armados, que multiplican los secuestros y las amenazas desde la primavera de 2013. En Irak las milicias armadas, con frecuencia ligadas a organizaciones político-religiosas, no dudan en agredir a periodistas.


En Libia, la libertad de información se encuentra amenazada por la inseguridad rampante que continúa sacudiendo al país. La revolución del 17 de febrero de 2011 condujo al derrocamiento de Muamar el Gadafi, tras más de cuarenta años de un poder absoluto que se apoyaba en un estricto control de la información. Tres años más tarde, ser periodista en Libia sigue siendo una tarea particularmente ardua. El impulso generado por la “primavera de los medios de comunicación” se debilita. La Libia “libre” dirigida por un gobierno de transición se caracteriza hoy por un estado cercano a la anarquía donde el reino de las milicias armadas prevalece sobre el Estado de Derecho. Los profesionales de los medios de comunicación se encuentran muy afectados por ello: autocensura persistente, repetidas amenazas, intimidaciones, detenciones arbitrarias, incluso tortura. Ya sean grupos armados sumariamente, estructuras ad hoc legitimadas por el gobierno –como algunos de los doce “Escudos de Libia”, milicia bajo la autoridad del Ministerio de Defensa libio–, o famosas milicias como Al-Qa’qa’a, todos fueron responsables de exacciones a periodistas.


Los ciudadanos yemenitas gozan de una mayor libertad de expresión desde que Abd Rabbuh Mansur al Hadi sucedió a Ali Abdullah Saleh en la presidencia, en febrero de 2012. Sin embargo, diversos grupos armados son responsables de un recrudecimiento de la violencia y de las amenazas contra medios de comunicación. Estén ligados a Al Qaeda en la Península Arábiga, a la rebelión houthi en el norte, al movimiento secesionista en el sur o a conservadores religiosos, todos agreden a los actores de la información. Los partidos políticos también tienen un rol: la mayoría de los medios de comunicación yemenitas forman parte de organizaciones políticas de las que son portavoces. Por si esto fuera poco, además de ser el blanco de actores que no pertenecen al Estado, numerosos periodistas enfrentan la desconfianza, incluso la hostilidad, de las fuerzas de seguridad. La ONG yemenita Freedom Foundation –que vigila la situación de los medios de comunicación en el país– registró en el primer semestre de 2013, 144 ataques que afectaron a 205 personas. En el momento álgido de la revuelta en 2011, el Sindicato de Periodistas Yemenitas registró 333 ataques a periodistas y medios de comunicación. Existe impunidad: la justicia fracasó ampliamente en abrir investigaciones por estos casos de exacciones y sancionar a los responsables. Pese a la apertura de un “diálogo nacional”, la Ley de Prensa y Publicaciones aún no ha sido modificada: siguen a la orden del día los tribunales de excepción y las penas de privación de la libertad para los periodistas.


Doble pena para los periodistas iraquíes

En Irak los grupos armados no dudan en agredir a los periodistas. A finales de 2013, en espacio de dos meses, cuatro reporteros fueron asesinados en Mosul. En noviembre de 2013 dos camarógrafos, ‘Alaa Edward Boutros, del canal local de TV Nineveh Al-Ghad, y Bachar Abdulqader Najm Al-Nouaïmi, de la cadena Al-Mosuliya, fueron asesinados. Semanas antes, el corresponsal de la cadena Al-Sharqiya TV, Mohamed Karim Al-Badrani, y su camarógrafo, Mohamed Al-Ghanem, sucumbieron bajo las balas de desconocidos. La impunidad reina. Ninguno de los asesinos ha sido detenido. En lugar de tomar las medidas necesarias para garantizar la protección de los actores de información iraquíes, las autoridades contribuyen al clima de inseguridad que afecta a los periodistas culpándolos por los textos que escriben.


Los hermanos musulmanes y la libertad de información

Egipto bajo el poder de Morsi o la “hermanización” de los medios de comunicación

En Egipto, la caída de Hosni Mubarak en febrero de 2011 alimentó las esperanzas de que la situación de las libertades fundamentales mejoraría. La llegada al poder de los Hermanos Musulmanes en el verano de 2012 acabó rápidamente con estas esperanzas. En noviembre de 2012 el presidente Morsi hizo que se adoptara un decreto constitucional que ampliaba sus poderes y luego dio marcha atrás debido a una oposición generalizada. La Constitución adoptada a finales de 2012 por referéndum no ofrece suficientes garantías en materia de libertad de expresión. De hecho, la independencia de los medios de comunicación públicos no está garantizada. La ley fundamental abre en realidad la vía a una islamización del marco legal. Una vez en el poder, les Hermanos Musulmanes se esforzaron por controlar los medios de comunicación públicos. En agosto de 2012 Mohamed Morsi hizo que la Cámara Alta del Parlamento nombrara a personas cercanas a la hermandad como responsables de las publicaciones de prensa gubernamentales. Estas designaciones influyeron ampliamente en la línea editorial de estos medios de comunicación. Las denuncias contra los periodistas y las agresiones estallaron.


Una “sisización” de los medios de comunicación egipcios, desde julio de 2013

Después de que el ejército tomó el poder, las nuevas autoridades egipcias, comandadas por el general Al Sisi, agredieron sistemáticamente a los medios de comunicación extranjeros, así como a los medios de comunicación de los Hermanos Musulmanes, o considerados cercanos a ellos, que de nuevo padecieron la censura. En el segundo semestre de 2013 cinco reporteros fueron asesinados y al menos 80 periodistas fueron interpelados arbitrariamente por la policía o por los manifestantes, a favor de Morsi o del ejército. Las detenciones arbitrarias y la tortura se generalizaron. La “caza a los Hermanos” toma como blanco a los periodistas egipcios, pero también a sus colegas turcos, palestinos y sirios, lo que no concuerda con ciertas decisiones tomadas por el comité encargado de la redacción de la nueva Constitución egipcia, que votó un artículo que prohibía la detención de los profesionales de la información.


La coartada marroquí de la lucha contra el terrorismo

Las autoridades marroquíes, bajo la batuta de los islamistas desde las elecciones de 2011, tardan en concretar las promesas de reformas anunciadas desde el referéndum constitucional de 2011. El año 2013 estuvo marcado por el “caso Ali Anouzla”. El director del portal informativo Lakome en lengua árabe fue detenido en septiembre por haber publicado un enlace que dirigía a una nota del diario español El País, que a su vez contenía un enlace a un video atribuido a Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). Tras cinco semanas en detención, fue puesto en libertad. El periodista estaba acusado de “apoyo material e incitación directa a cometer actos terroristas”, por lo que corría el riesgo de enfrentar una pena de entre diez y treinta años de prisión. Este caso ilustra la preocupante amalgama que hacen las autoridades marroquíes entre trabajo periodístico e incitación a la ejecución de actos terroristas.


Túnez: nombramientos que condenan la independencia de los medios de comunicación públicos

El ascenso al poder del partido Ennahda tras las primeras elecciones libres de Túnez no permitió romper con el –tradicional– control que ejercen las autoridades sobre los medios de comunicación públicos. Además, retomando las costumbres del sistema de Ben Ali, el partido islamista emprendió el juego de las sillas, haciendo y deshaciendo las carreras profesionales, con las personas a la cabeza de las radios y televisiones públicas. El 3 de mayo de 2013 el n ombramiento de los miembros de la Alta Autoridad Independiente para la Comunicación Audiovisual (HAICA) hizo renacer las esperanzas de los defensores de la libertad de prensa. Esperanzas que rápidamente se perdieron con una inesperada ola de nombramientos en los puestos clave del sector audiovisual público, en agosto del mismo año. Tres años después de la caída de Zine el Abidine Ben Ali, la mano de hierro del político sigue haciendo corto circuito con los intentos de reforma, haciendo imposible la independencia de los medios de comunicación públicos.


Péninsula arábiga: el control de la información, una prioridad

Los países de la península arábiga, escaldados por los riesgos de contagio de las “primaveras árabes”, refuerzan su vigilancia y control de los medios de comunicación, comenzando por Internet, que se ha convertido en el lugar de expresión de una libertad que no logra hacerse sitio en los medios de comunicación tradicionales. Los ciberpolicías de las monarquías del Golfo Pérsico también están a la caza de todo texto, boletín o tweet crítico que cuestione la gestión política actual.


En los Emiratos Árabes Unidos se reprime toda cercanía a los Hermanos Musulmanes. Dos netciudadanos que difundieron en Twitter información sobre el proceso de 94 emiratíes acusados de ser parte del partido Al-Islah fueron condenados a largas penas de prisión. Las autoridades habían decidido prohibir el acceso al tribunal a los observadores y a la prensa internacional, dejando sólo a periodistas locales, cuidadosamente seleccionados, cubrir las audiencias. Un escenario similar se perfila para el proceso de los veinte egipcios y diez emiratíes acusados de mantener nexos con los Hermanos Musulmanes y haber intentado derrocar al régimen, un proceso abierto en noviembre de 2013. Podríamos apostar que Twitter será examinado con lupa y que las autoridades no dudarán en sancionar severamente a quienes se atrevan a romper la ley del silencio.


Arabia Saudita, que se encuentra en la lista de países “Enemigos de Internet” de Reporteros sin Fronteras, no se queda atrás. El reino aplica una censura implacable a sus propios medios de comunicación y a Internet, multiplicando las condenas a netciudadanos. En 2013 los censores siguieron muy de cerca las reivindicaciones a favor del derecho de conducir de las mujeres, un tema muy popular en la Web y que tuvo cierto eco en los medios de comunicación tradicionales. Así, a finales de octubre de 2013, Tariq al Mubarak, articulista de Asharq al-Awsat, fue detenido por haber publicado –entre otros– un artículo en el que criticaba la prohibición de conducir impuesta a las mujeres saudíes. Cuando se trata de religión, las autoridades de Riyad bromean aún menos. A fines de julio de 2013 se condenó en primera instancia al fundador del sitio web Liberales saudíes (censurado desde entonces) a siete años de prisión y a recibir 600 latigazos. Raef Badawi publicó un artículo sobre el día de San Valentín que denigraba a la policía religiosa. Cuando se abrió su proceso, en junio de 2012, fue juzgado inicialmente por “apostasía” (abandono o negación de las creencias de la religión), cargo que finalmente fue retirado.


En Kuwait las autoridades dan una vuelta de tuerca en lo que se refiere a los dos principales temas delicados: la persona del emir y la religión. Dos periodistas ciudadanos, Badr al Rashidi y Ourance al Rashidi, fueron condenados por “insulto al emir”. El perdón sigue dependiendo del príncipe; en julio de 2013 fueron agraciados por él. Si la ley no se reforma, aún se puede caer en ese tipo de condenas. En abril de ese mismo año se abandonó un proyecto de ley liberticida, que contemplaba multas que podían llegar hasta unos 800.000 euros por “crítica al emir o al príncipe heredero” y penas de hasta diez años de prisión por “ofensa a Dios, a los profetas del Islam o a los compañeros y las esposas del profeta Mahoma”.


Finalmente, en Omán, la persona del sultán sigue siendo uno de los principales tabús. Quien lo critique se expone a la ira del poder. Algunos lo han pagado caro antes de ser indultados.


Bbahréin, reino de la desinformación

Desde el inicio de la revuelta popular, en febrero de 2011, las autoridades de Bahréin se volvieron maestras en el arte de manipular la información sobre las manifestaciones y su represión. Preocupadas por su imagen, supieron manejar hábilmente a las potencias occidentales, reticentes a condenar las exacciones cometidas en el país, que se contentaron con los efectos de anuncio de los dirigentes bahreiníes y con reformas superficiales. Así, Manama fue elegida como capital de la cultura árabe en 2012 y capital del turismo árabe en 2013. Último golpe maestro de estos ases de la comunicación: Bahréin acogerá el Tribunal Árabe de los Derechos Humanos de la Liga Árabe… a pesar de que ciertas prisiones del reino rebosan de presos de conciencia.