La polarización entre los medios de comunicación públicos y los privados sigue siendo muy fuerte en Argentina. La judicialización de la censura es una de las principales amenazas para la prensa. Cuando denuncian casos comprometedores, y en particular la corrupción de la clase política, los periodistas y medios argentinos tienen muchas posibilidades de que los denuncien ante los tribunales civiles por calumnias o por difamación. La mayoría de las veces estas causas derivan en sanciones económicas cuyo objetivo es la asfixia económica. En 2020 también se registraron denuncias penales, igualmente destinadas a intimidar y censurar a los medios de comunicación que revelan información de interés público que afecta a la clase política. Desde 2017, en las grandes ciudades del país, muchos reporteros y periodistas independientes han padecido agresiones y sido víctimas de la violencia policíaca durante las manifestaciones.