La polarización entre los medios de comunicación públicos y los privados en muy fuerte en Argentina. La Ley de Medios adoptada en 2009 constituía un avance en el pluralismo, pues garantizaba una mejor distribución de las frecuencias entre los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios. Sin embargo, ésta fue modificada cuando Mauricio Macri llegó al poder, en diciembre de 2015. La nueva legislación favorece la concentración de los medios de comunicación y beneficia a los grandes grupos de prensa. Los medios de comunicación argentinos más críticos a menudo son acusados de calumnia y deben comparecer ante tribunales civiles, que suelen sancionarlos con multas que los asfixian económicamente. En 2017, durante las multitudinarias manifestaciones, se registraron numerosos casos de periodistas (freelance y empleados) agredidos, víctimas de la violencia policíaca en las grandes ciudades del país. Los medios de comunicación públicos, que han sufrido grandes recortes presupuestarios desde que Macri llegó al poder, se han debilitado de forma considerable.