La polarización entre los medios de comunicación públicos y los privados es muy fuerte en Argentina. La Ley de Medios adoptada en 2009 constituía un avance en pluralismo, pues garantizaba una mejor distribución de las frecuencias entre los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios. Sin embargo, ésta fue modificada durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019). La nueva legislación ha favorecido la concentración y beneficiado a los grandes grupos de prensa. Por otra parte, los grandes recortes de presupuesto del Estado han debilitado considerablemente a los medios de comunicación públicos. Los medios de comunicación argentinos más críticos a menudo son acusados de calumnia y deben comparecer ante tribunales civiles, que suelen sancionarlos con multas que los asfixian económicamente. Desde 2017, en las grandes ciudades del país, muchos reporteros y periodistas independientes han padecido agresiones y sido víctimas de la violencia policíaca durante las manifestaciones. Cuando Alberto Fernández asumió la presidencia, en diciembre de 2019, anunció que realizaría cambios importantes, en particular en los criterios de atribución de publicidad oficial.