En la joven democracia de Timor Oriental, ningún periodista ha sido encarcelado nunca por su trabajo. Pero, la ley sobre los medios adoptada en 2014 pende como una espada de Damocles sobre los reporteros y los lleva a la autocensura.
Panorama mediático
Esta antigua colonia portuguesa, invadida por Indonesia en 1975, obtuvo su independencia después de un referéndum de autodeterminación, en 1999. Actualmente, los medios de Timor Oriental, publicados en lengua tetun, en portugués o incluso en inglés, figuran entre los más libres del sureste asiático. Entre ellos, destacan los semanales de referencia Timor Post y Dili Post o los diarios Suara Timor Lorosae o Independente. El principal grupo audiovisual es Radio Televisaun Timor Leste. Se han creado numerosos medios de comunicación digitales, como la agencia de noticias, que compite con los medios tradicionales y convencionales. El Consejo de la Prensa y la asociación de periodistas del país organizan formaciones y disponen de su propio organismo de verificación, enmarcado en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Contexto político
El poder ejecutivo se divide entre las figuras del presidente y el primer ministro, una diarquía que, en la corta historia del Timor independiente, ha permitido limitar los ataques a la libertad de prensa. Sin embargo, ésta suscita cierto recelo entre los políticos, como lo demuestran varios proyectos de ley hostiles a la libertad de los medios, entre los que destaca el presentado en 2020 con el objetivo de transformar la difamación contra representantes del Estado o contra la Iglesia Católica en un delito punible con tres años de cárcel. Las asociaciones de periodistas y el Consejo de la Prensa condenan con frecuencia la politización de la radiotelevisión y la agencia de noticias públicas del país, en particular los nombramientos por parte del gobierno de personas próximas al partido en el poder para ocupar puestos clave en estos medios públicos.
Marco legal
La libertad de prensa y de expresión están protegidas por los artículos 40 y 41 de la Constitución. Si bien el código penal de 2009 despenalizó la difamación, el uso torticero del artículo 285 sobre la “denuncia calumniosa” sigue amenazando a los periodistas en los casos de contenciosos que implican a medios. La instauración, en 2015, de un Consejo de la Prensa tiene como objetivo la resolución amistosa de los litigios relativos al periodismo, a pesar de que el proceso de elección de sus miembros falte de transparencia.
Contexto económico
Por ley, los medios de Timor están obligados a ser transparentes en cuanto a su propiedad y no pueden estar participados en más del 30% por fondos extranjeros. Más allá de Dili, la capital, las tiradas en papel son muy reducidas, especialmente por el alto precio de los periódicos en relación al escaso poder adquisitivo, al analfabetismo y a la falta de distribución en la totalidad del país. Los obstáculos técnicos y el limitado acceso a Internet dificultan el alcance de la televisión y los medios en línea en las zonas rurales, lo que convierte a la radio en una fuente esencial de información. La falta de una industria fuerte en el país representa un reto importante para los medios, que en su mayoría dependen de la publicidad gubernamental.
Contexto sociocultural
Una cultura de la deferencia y del respeto a la jerarquía impregna al periodismo, hasta el punto de que algunos redactores se limitan a reproducir el contenido de las conferencias de prensa. Se dan, incluso, casos en los que los periodistas son remunerados por asistir a estas comparecencias. El peso de la iglesia católica, cuya fe profesa el 95% de la población, puede disuadir a los periodistas de cubrir algunos temas sensibles, como la emancipación de las mujeres, el derecho al aborto o los abusos a menores en el clero.
Seguridad
En general, los periodistas pueden cubrir la actualidad libremente y rara vez son víctimas de acosos o agresiones. Sin embargo, no están exentos de sufrir un amplio abanico de presiones que les impiden ejercer con libertad su labor, como las demandas judiciales y las intimidaciones, la violencia policial o la denigración pública de los medios por parte de líderes políticos.