Los grandes grupos europeos (Ringier, PPT Group o Dogan Media International) se codean en el mercado rumano con pequeños actores locales (Intact Media Group, RCS&RDS, Hotnews, G4Media, Recorder, Rise Project o PressOne). El mercado está diversificado, pero también fragmentado, con un gran número de canales cuya sostenibilidad es endeble. La elección de los contenidos editoriales se supedita, a menudo, a los intereses de los propietarios, lo que transforma a la prensa en un instrumento de propaganda.

Los medios en Rumanía carecen de independencia y son víctimas de intentos de injerencia, especialmente cuando toca designar a los responsables de la radio y la televisión públicas, pero también del Consejo Nacional del Audiovisual. Los partidos políticos pueden obtener una cobertura mediática favorable gracias a la financiación opaca de los medios. Se ha retomado la retórica política agresiva contra los periodistas por parte de los políticos populistas. 

La legislación en materia de protección de la libertad de expresión y de prensa se aplica de forma insuficiente, aunque se ajusta a los estándares europeos, también a nivel constitucional. La injerencia de los fiscales en el trabajo periodístico adquiere tintes de acoso y genera serias preocupaciones, mientras que la justicia intenta presionar cada vez más a los medios para que revelen sus fuentes. Las demandas abusivas (SLAPPs) proliferan, y las decisiones judiciales no siempre respetan las normas de la libertad de prensa.

Los mecanismos de financiación de los medios suelen ser opacos e incluso corruptos. Aunque las grandes empresas mediáticas logran ser viables económicamente, la mayoría de ellas dependen de fuentes externas de financiación, incluidas las subvenciones. La práctica generalizada del desvío de fondos a los medios sin transparencia alguna  distorsiona el mercado y la función de contrapoder de la prensa. Por otra parte, la nueva estrategia empresarial del grupo Ringier en Rumanía planteó dudas sobre la independencia editorial en 2023, al forzar la salida de varios directores de sus medios de comunicación.

El periodismo de interés público tiene que hacer frente a la competencia de noticias engañosas y fake news de algunos medios y políticos, sobre todo en el contexto de la pandemia del virus Covid-19 y, más recientemente, de la guerra en Ucrania. Algunos sectores de población tienden a confiar en esa información falsa, que a veces confluye con la propaganda rusa y alimenta su desconfianza hacia los medios de comunicación.

La seguridad de los periodistas sigue siendo motivo de preocupación: a menudo son objeto de ataques, amenazas e intimidaciones. En el emblemático caso de la campaña de acoso y difamación contra la periodista Emilia Sercan, las autoridades no sólo no han hecho justicia, sino que, además, son sospechosas de complicidad. La vigilancia también sigue siendo problemática, con unos servicios de inteligencia que tratan de ganar más poder e influencia en el contexto de la guerra en Ucrania y otros conflictos internacionales.