La caída del régimen de Moussa Traoré, en 1991, conllevó una auténtica explosión del número de medios. El país cuenta hoy con cerca de 200 diarios, más de 500 emisoras de radio y varias decenas de cadenas de televisión, incluyendo las regionales. Estos nuevos medios compiten con los públicos ORTM, en el sector audiovisual, y L’Essor, en el sector de prensa escrita. Los programas y la cobertura mediática reflejaban una verdadera diversidad de voces en el país hasta la suspensión definitiva de los medios franceses RFI y France 24, en abril de 2022. En octubre del mismo año, una cadena de televisión fue también suspendida tras unos comentarios críticos contra la junta militar de gobierno. La emisora de radio Mikado FM, creada en junio de 2015 por las Naciones Unidas y conducida  por periodistas locales, echó definitivamente el cierre a finales de noviembre de 2023.

En principio, los periodistas y los medios tienen libertad para cubrir temas relacionados con la administración y los medios privados son relativamente independientes. No obstante, los periodistas se han vuelto especialmente vulnerables por la situación política y el endurecimiento impuesto por la junta militar en el poder. Las presiones que reciben para un “tratamiento patriótico” de la información se multiplican y, en noviembre de 2022, un periodista recibió graves amenazas por informar sobre la presencia de las milicias rusas del Grupo Wagner en el país. El proceso de acreditación para la prensa extranjera es intrusivo y atenta contra el secreto de las fuentes. A principios de 2022, un periodista francés fue expulsado en menos de 24 horas tras su llegada al país. Los medios  públicos están completamente supeditados a la tutela de la Alta Autoridad de la Comunicación (HAC), órgano regulador de los medios, y las autoridades públicas pueden despedir a sus directivos.

La actividad mediática en Malí está regulada por la Ley de Prensa, que determina las condiciones para el ejercicio de la profesión, aunque esta norma es ambigua y no define los delitos de prensa, ni contiene disposiciones sobre los medios de comunicación en Internet. En los últimos años, se ha emprendido un proceso cuyo objetivo es revisar el marco legal obsoleto en el que se mueven los periodistas. Los profesionales del sector esperan reformas que pongan fin a las penas privativas de libertad por delitos de prensa, institucionalicen las ayudas públicas, y mejoren el acceso a la información, así como la identificación de los periodistas y medios profesionales. Los medios públicos siguen accediendo a las informaciónes estatales con mayor facilidad que los medios privados. 

Los periodistas y medios de Malí viven de forma muy precaria, lo que los hace vulnerables al tráfico de influencias y la corrupción. Estas dificultades se han acrecentado por el descenso de ingresos publicitarios a causa de la crisis sanitaria y la suspensión total, en los últimos cuatro años, de ayudas públicas a la prensa.  

Los conflictos entre comunidades, el extremismo y la presencia de grupos armados  impiden el libre ejercicio del periodismo, especialmente en el norte y el centro de Malí. Se producen ataques contra la prensa en base a criterios de género, clase o etnia. Estas presiones socioculturales generan autocensura. 

Debido a la presencia de grupos armados y a la inseguridad reinante, trabajar fuera de la capital, Bamako, es muy arriesgado para los periodistas, como demuestra el secuestro, durante casi dos años, del periodista francés Olivier Dubois en Gao, el 8 de abril de 2021, por parte del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM), afiliado a Al Qaeda. El asesinato del periodista Abdoul Aziz Djibrilla y el secuestro de dos de sus compañeros, en noviembre de 2023, son una prueba de los riesgos a los que se enfrentan los periodistas en el norte del país. La desaparición desde hace 7 años y probable muerte –tras ser torturado en las prisiones secretas de la Seguridad del Estado– del periodista Birama Touré, es un recordatorio de que el uso de métodos extremos para silenciar a los periodistas sigue presente. La creciente influencia del poder ruso y la llegada de mercenarios de la empresa paramilitar Wagner a Malí presagian un auge de la desinformación y días oscuros para los periodistas, como ya sucedió tras su despliegue en la República Centroafricana en 2018.