Los diarios Al-Qabas, Al-Jarida y Al-Siyasa, tradicionales y poco críticos con el gobierno, dominan el panorama mediático. Pese a los notables progresos hacia una mayor democratización de la prensa, a través de podcasts como Bidun Waraq y diarios online como Manshoor, el resto de medios sigue bajo el dominio de la información controlada por el Estado.

El gobierno realiza una supervisión activa de la información, y la libertad de expresión sigue siendo limitada. A pesar de que una gran parte de la oposición en el exilio haya sido indultada recientemente, las autoridades han cerrado medios considerados como “antigubernamentales”; es el caso de la cadena Al-Watan, en 2015. 

Desde 2020, la ley sobre el derecho de acceso a la información debe, supuestamente,  garantizar el trabajo de los periodistas kuwaitíes. Pero en la práctica, dicha ley se ve obstaculizada por las normas de censura que prohíben la crítica al gobierno, al émir, su familia, sus aliados o la religión, por parte de periodistas, blogueros y activistas online. Lo mismo sucede con la ley de delitos informáticos, que entró en vigor en enero de 2016.  

La mayoría de empresas de prensa kuwaitíes pertenecen a ricas familias de la élite. Para crear un medio es necesario solicitar una licencia del gobierno, un trámite costoso y farragoso. Los grandes medios actúan como herramienta de comunicación para el sector privado a cambio de grandes sumas de dinero por la publicación de un artículo. 

Ciertos temas son tabú en Kuwait y resulta difícil que los periodistas puedan abordarlos, principalmente, los derechos de los trabajadores migrantes, los derechos de las mujeres o la corrupción.  

A pesar de que Kuwait no sea conocido por asesinar o encarcelar a sus periodistas, algunos de ellos se han visto obligados a exiliarse recientemente para evitar penas de prisión. Las citaciones judiciales y las detenciones de corta duración tienen un efecto disuasorio en la libertad de información.