Devastado por una serie de reformas represivas desde 1997, el panorama mediático está al servicio de la propaganda del régimen kazajo. Sólo subsisten un puñado de medios independientes, como Vlast.kz, Ouralskaïa Nedelia, Respublika.kz o la agencia de prensa KazTAG. Sin embargo, varios proyectos alternativos creados por periodistas profesionales se están desarrollando en YouTube, Telegram o Instagram, como Protenge, Za nami uzhe vyekhali o Guiperboreï, que contradicen el relato de los medios pro gubernamentales.

Las autoridades utilizan todos los medios posibles – detenciones, violencia, bloqueo de las telecomunicaciones o cortes de Internet – para impedir la cobertura de acontecimientos importantes, como las manifestaciones sin precedentes contra el poder, que sacudieron al país en enero de 2022. El acceso a la información está restringido, y las preguntas de los periodistas en las ruedas de prensa gubernamentales  están censuradas. El Estado paga a los medios privados para difundir su propaganda, y el nombramiento de los jefes de redacción de los medios estatales y pro gubernamentales depende del poder político. El propio Ministerio de la Información ejerce como regulador de los medios. 

Aunque la Constitución prohíbe la censura, su práctica es habitual. La difamación está despenalizada, pero no la “difusión deliberada de noticias falsas”. El derecho al secreto de las fuentes puede ser suprimido a través de una simple decisión judicial. La actual reforma de la ley de medios de comunicación puede reforzar aún más el control del gobierno sobre la prensa: el Ministerio de Asuntos Exteriores podrá rechazar arbitrariamente la acreditación de cualquier medio o periodista por razones de “seguridad nacional”, definidas de manera muy amplia.

El apoyo del Estado a los medios de comunicación depende directamente de la promoción que hagan sobre la planificación y la propaganda de las autoridades. Desprovistos de subvenciones públicas, los medios independientes dependen básicamente de la publicidad y compiten con los afines al gobierno, pudiendo bajar así los precios de sus espacios publicitarios.  

La profesión suscita una desconfianza generalizada, en una sociedad que es más propensa a creer a los blogueros o a los usuarios anónimos de las redes sociales. La acusación de corrupción contra los periodistas está muy extendida cuando el tratamiento de un tema genera rechazo. Las trabas al trabajo de los periodistas suelen fundarse en la presunta vulneración de la ley, y los agentes de seguridad de las instituciones estatales o de empresas privadas no dudan en recurrir a la fuerza contra los profesionales de los medios.   

Algunos periodistas son objeto de amenazas y ataques selectivos relacionados con su actividad profesional, especialmente en las redes sociales. A nivel regional, suelen ser amenazados directamente por las personas citadas en sus publicaciones. Los periodistas insumisos con el poder se arriesgan a ser detenidos. Algunos de ellos son espiados, como reveló el Proyecto Pegasus.